Ante las denuncias de persecución, el senador Gustavo Leite se defendió y aseguró que con la comisión bicameral antilavado que él maneja no buscan "pegarle" a nadie y mucho menos a Estados Unidos, solo quieren saber en qué se gastaron los fondos de la cooperación.

Esto ante el escandaloso caso de la filtración de la información privada que las organizaciones sin fines de lucro acercaron a la comisión de investigación, y que los senadores del cartismo repartieron entre operadores para que actores sociales y periodistas sean atacados. Sobre todo, los que realizaron servicios profesionales y recibieron un pago por ese trabajo. Los fondos fueron de una cooperación de USAID, la agencia de desarrollo de Estados Unidos.

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El cartismo lleva mucho tiempo en conflicto con Washington por las sanciones contra Horacio Cartes y en ese sentido buscan desacreditar las denuncias en su contra. Pero Leite negó que quieran atacar a EEUU y vendió al oficialismo como su "mejor aliado".

El senador afirmó que si China no logra entrar al país es porque el gobierno cartista lo frenó por su lineamiento con los objetivos de seguridad del gobierno de Biden.

Dionisio Amarilla.

LPOLucas Núñez

"Tengo que descartar absolutamente que la comisión sea para pegarle a nadie, y mucho menos a EEUU. Nosotros somos el mejor aliado de EEUU, o ustedes creen que China Continental no entró acá por qué, porque nosotros hemos defendido que no entre, porque somos aliados EEUU y Taiwán", remarcó Leite a la 970.

Según el legislador, interpretar que la comisión busca pegarle al país norteamericano es un error porque en realidad están "revisando" en qué se gastó la cooperación, para que la gente sepa y para cuidar esos fondos.

"Estamos cuidando cómo ellos gastaron su plata para favorecerle al pueblo paraguayo, entonces me parece que está absolutamente fuera de lugar eso y no deja de ser una autovictimización (sic) de los que desde el primer minuto estaban en contra de la transparencia que nosotros estamos pregonando", manifestó.

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Leite es el principal impulsor de la ley de control a las ONG que fue aprobada en el Senado y que reposa en Diputados en espera de las modificaciones que anunció enviará el Ejecutivo. El proyecto fue denunciado como una herramienta de persecución a sectores disidentes. El senador también impulsó la creación de la comisión bicameral desde la que pidió datos a varias organizaciones, entre ellas un estudio jurídico que se negó a responder el pedido.

El cartista indicó que estos abogados no conocen el artículo 195 de la Constitución que permite a las comisiones bicamerales de investigación pedir documentos, y que pueden amenazar con demandar lo que sea.

Aseguró que la AID (la agencia de los programas de cooperación de EEUU) fue la que informó que los abogados de la empresa Colab tenían que administrar USD 500.000 por un asesoramiento y desde el Congreso quieren saber en qué se gastó y el resultado que tuvo.