Un grupo de diputados de la oposición pidió a Dionisio Amarilla, titular de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) antilavado, que investigue a la Organización Paraguaya de Cooperación Municipal (OPACI) por hechos de lavado contra el patrimonio del Estado, contrabando y delitos conexos. El senador no hizo esperar su respuesta y recordó que "de forma crónica" no se resisten a solicitar informes y convocar a las autoridades involucradas.

"Claro que podemos discutir en el pleno de la CBI la inclusión de OPACI. Al fin nuestros detractores reconocen el nivel objetivo, profesional y constitucional del trabajo que estamos haciendo", ironizó Amarilla, que aprovechó para tirar una bombita a la oposición en Diputados, que la semana pasada había respaldado un proyecto para derogar la CBI.

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El senador adelantó que pondría el pedido a consideración del pleno de la comisión. "Vamos Paraguay, que el trabajo serio solito se encarga de desmoronar los prejuicios y ataques infundados", insistió el exliberal. La solicitud de los diputados responde al comunicado de la Coordinadora de Intendentes Liberales -que reúne a casi 80 jefes comunales-, que había amenazado con salir de la OPACI después de las declaraciones del director ejecutivo.

Dionisio Amarilla. 

El exconcejal de San Lorenzo, Nelson Peralta, actualmente en el cargo, aseguró recientemente que "un colorado siempre va a ser buen y mejor gobernante que 100 liberales juntos". Peralta quería aprovechar el momento para demostrar su lealtad al líder de la ANR, Horacio Cartes, al presidente Santiago Peña y al vicepresidente Pedro Alliana. 

La OPACI siempre fue blanco de críticas de varias asociaciones civiles, y desde que la CBI de Dionisio y Gustavo Leite comenzó a apuntar a las ONG, la pregunta que flotaba en el aire era por qué la organización -un ente privado que no nuclea a todos los jefes comunales del país- no había sido convocada. La OPACI, donde el clan Núñez mantiene una fuerte influencia, fue cuestionada en el pasado por haber promovido la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en las distintas ciudades.

La OPACI siempre fue blanco de críticas de varias asociaciones civiles, y desde que la CBI de Dionisio y Gustavo Leite comenzó a apuntar a las ONG, la pregunta que flotaba en el aire era por qué la organización -un ente privado que no nuclea a todos los jefes comunales del país- no había sido convocada

La última vez que la OPACI quedó en el ojo de la tormenta fue cuando se conformó el Fondo Nacional para la Alimentación Escolar, conocido como Fonaes, dentro del programa Hambre Cero. La ONG, sin ser una institución del Estado, tiene un cupo dentro de ese órgano de gobierno en representación del sector civil. Al fin y al cabo, la organización aglutina a líderes locales.

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La propia Contraloría había solicitado que el Gobierno la excluyera del proyecto de ley, pero la iniciativa fue aprobada en el Congreso y promulgada posteriormente por Peña. Los liberales aprovecharon las declaraciones de Peralta para comprometer a los miembros de la CBI y poner a prueba su imparcialidad.

Hasta el momento, la CBI solamente convocó organizaciones que tienen posturas críticas con el gobierno y también a instituciones del Ejecutivo con la intención de acceder a fuentes oficiales y técnicas.