La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, pero decidió mantener el controvertido artículo 24 que abre la posibilidad a que funcionarios públicos se nieguen a entregar información de interés general. 

La normativa, que ahora vuelve a la Cámara de Diputados, encendió alarmas entre organizaciones de la sociedad civil que denuncian un retroceso en materia de transparencia. Con esta redacción, se habilitan escenarios donde las autoridades podrían blindar información como sueldos, nombres o decisiones administrativas, alegando la protección de datos personales. 

"Nuestros honorables parece que están haciendo de las suyas una vez más: pretenden anular, en los hechos, a la ley de acceso a la información pública", cuestionó Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA). Santagada explicó que la ley podría obligar a los ciudadanos a solicitar el consentimiento de los funcionarios públicos para acceder a datos básicos. 

Presentan 10 acciones para implementar las reformas a Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas

"Estarían pisoteando una de las sentencias más relevantes de nuestra Corte, el histórico Acuerdo y Sentencia 1306, que nos dio una breve ‘primavera de la transparencia'", advirtió el especialista. Desde el Senado, el oficialismo defendió la normativa y negó cualquier colisión con la Ley de Acceso a la Información Pública. 

El senador Colym Soroka, disidente pero a favor del proyecto, dijo que no es cierto que se derogue de facto la ley de acceso a la información pública. A su vez, justificó que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) sea el rector del sistema, pese a los cuestionamientos a su desempeño. 

Estarían pisoteando una de las sentencias más relevantes de nuestra Corte, el histórico Acuerdo y Sentencia 1306, que nos dio una breve ‘primavera de la transparencia

"La idea es que esa institución crezca porque existen desafíos que los Estados deberán enfrentar en el ámbito digital", argumentó Soroka, sin profundizar en cómo se garantizará la transparencia. No obstante, otros senadores señalaron su desconfianza hacia el MITIC por su falta de autonomía y escasa trayectoria en materia de apertura de datos. 

El proyecto aprobado incluye la creación de una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, que tendrá la potestad de interpretar qué información puede ser divulgada y cuál no. Este filtro previo genera preocupación, ya que podría dilatar los tiempos de respuesta a pedidos de información e introducir discrecionalidad en los procesos. 

Colym Soroka.

"Una cosa es proteger datos personales, y otra muy distinta es esconder información pública bajo esa excusa", apuntó Miguel Ángel Gaspar, presidente de Paraguay Ciberseguro. Según el experto en ciberseguridad, la versión original del proyecto contemplaba una convivencia armoniosa entre el derecho a la privacidad y el acceso a la información pública. 

"Un funcionario puede proteger sus datos sin esconder los datos públicos", insistió. Gaspar también advirtió sobre la necesidad de una correcta reglamentación. "Yo celebro que tengamos una ley, pero que no ocurra como pasó con otras, donde la reglamentación tardó meses o incluso nunca llegó. No puede repetirse eso", sostuvo. 

Además, el especialista resaltó aspectos positivos, como la protección reforzada de datos de niños y adolescentes. "Se entendió que entre los 13 y 14 años los chicos deben compartir sus datos con sus padres. Es una forma de darles protección real", valoró. 

Filtran datos de más de 7 millones de paraguayos y apuntan al TSJE

Sin embargo, advirtió que ciertas prácticas comerciales deberán ajustarse a las nuevas reglas. "No es cierto que las empresas van a cerrar, pero sí es verdad que muchas sacaron provecho de los datos personales durante años. Hoy la Agencia Nacional está obligada a ponerles un límite", expresó. 

A pesar de las críticas, el Senado preservó la obligatoriedad de la "publicación activa" de información establecida en la Ley 5189 y en los artículos 8 al 11 de la Ley 5282. No obstante, al dejar la interpretación de los límites en manos de un ente regulador aún no conformado, persisten las dudas sobre la implementación efectiva del acceso a la información. Ahora, el proyecto regresa a la Cámara de Diputados, que deberá decidir si acepta la versión modificada por el Senado o insiste en su redacción original.