Organizaciones como la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (APPEC) y el Consorcio de Ganaderos para la Experimentación Agropecuaria (CEA), acusaron a las ONG ambientalistas de instalar que los incendios forestales en el Chaco paraguayo son producidos por agroganaderos para hacer el cambio de uso de suelo.

El descargo de los productores se hace en un contexto político en el que el Gobierno desea controlar más a las ONG, mientras la Unión Europea quiere elevar las exigencias ambientales a sus proveedores de alimentos.

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"Ciertas ONGs pretenden convertirse en el policía ambiental de todo el mundo, con criterios que no se basan en la ciencia y apoyados en un plan que vienen desarrollando desde hace muchos años", reza el comunicado de los empresarios del sector a través del cual buscan desmarcarse de los incendios forestales que están acabando con miles de hectáreas en la región occidental. El foco más peligroso hasta el momento se registra en el área de la reserva forestal Chovoreca, con alrededor de 70.000 hectáreas afectadas.

Héctor Cristaldo, titular de UGP. 

Organizaciones como Guyrá Paraguay y otras fundaciones responsabilizaron directamente al modelo de producción ganadera y agrícola por los incendios y la pésima calidad del aire en los últimos días. "Varios productores han comenzado a recibir correos de ciertas ONGs que los acusan de haber descontado X cantidad hectáreas, les piden en plazos ridículamente breves sus descargos y concluyen con la amenaza de publicación", mencionaron los empresarios.

El argumento que históricamente dan los empresarios del rubro agroganadero es que cumplen con todas las normas medioambientales de Paraguay y que las ONG desconocen la autonomía de los países para dictar sus propias normas. Aparte, los productores consideran que en el Acuerdo de París se aclara que la producción no puede ponerse en riesgo por medidas de protección medioambiental y que con las "amenazas" que reciben los empresarios se pone en riesgo miles de puestos de trabajo.

La confrontación entre el rubro agroganadero y las organizaciones que denuncias delitos ambientales se está dando mientras que, a nivel técnico, los países del Mercosur están retomando sus reuniones para avanzar en el acuerdo comercial con la Unión Europea

La confrontación entre el rubro agroganadero y las organizaciones que denuncias delitos ambientales se está dando mientras que, a nivel técnico, los países del Mercosur están retomando sus reuniones para avanzar en el acuerdo comercial con la Unión Europea, bloque que busca ser más estricto con sus proveedores de alimentos, cerrando las puertas a aquellos empresarios que no se adecuen a parámetros ambientales.

Javier Giménez, ministro de Industria y Comercio. 

LPOLucas Núñez

El enojo de los empresarios se incrementó porque al parecer Paraguay finalmente apoyaría cerrar el acuerdo con Bruselas, concediendo algunos puntos que fueron enviados en la adenda de la UE, una ampliación del acuerdo que los productores consideran irregular, debido a que el texto base ya había sido acordado.

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Asimismo, en Diputados está pendiente un proyecto de ley para que el Estado pueda controlar más a las ONG a través de un registro unificado de las organizaciones y de sus directivos. La semana pasada, los cartistas reafirmaron la necesidad de que se apruebe completamente en el Legislativo. No obstante, la propuesta es considerada por sectores de la oposición y las organizaciones civiles -en su gran mayoría- como autoritaria, asimétrica e inconstitucional.