El sector exportador de soja en Paraguay enfrenta un nuevo escenario con la entrada en vigor del Reglamento 1.115 de la Unión Europea, un mecanismo que busca asegurar que los productos importados no provengan de zonas deforestadas ni contribuyan al deterioro ambiental. Sin embargo, los productores no descarta ahora una flexibilización por parte de Bruselas o, incluso, de cada uno de los paÃses del bloque ante eventuales sobrecostos que pueden generar las exigencias.
La implementación del reglamento genera preocupación entre los paÃses productores, como es el caso de Paraguay, donde el cumplimiento de ciertos requisitos técnicos representa un desafÃo. Uno de los puntos más polémicos es la exigencia de la segregación fÃsica de la soja desde su origen hasta el destino final.
Esto significa que los granos no pueden mezclarse en los silos entre los que cumplen las exigencias y los que no, algo complicado de evitar por la complejidad de toda la cadena y por las dificultades para diferenciarlos. La asesora de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Sonia Tomassone, dijo que no se pueden descartar eventuales flexibilizaciones.
Además, de acuerdo a varios estudios realizados entre productores paraguayos y argentinos, la eventual separación de los granos, llamada "segregación fÃsica" por la UE, podrÃa generar un sobrecosto de USD 16 dólares por tonelada para los compradores, que no quieren pagar este monto, especialmente en España, donde por ley no se puede trasladar ese extra al consumidor.
"Algunos paÃses miembros de la Unión Europea están haciendo flexibilizaciones unilaterales. Vamos a ir viendo qué pasa en los próximos meses, porque si bien estamos preparados en esas condiciones, si no nos pagan ese precio diferencial, es muy difÃcil que podamos venderles", apuntó Tomassone.
Pese a los estudios técnicos, incluso una defensa en Bruselas de los productores sobre las dificultades para cumplir con el pedido de discriminar la soja, hasta el momento no hay una respuesta y, lo más probable, es que cada paÃs opte por suavizar los requisitos por motu proprio.
El Reglamento 1.115 y la regulación de precios en España, uno de los principales compradores de harina y soja, encendió las alarmas tanto en el sector privado como en algunos ámbitos polÃticos: lo que más preocupa es el riesgo de pérdida de competitividad frente a mercados que no están sujetos a las mismas regulaciones.
Mientras tanto, el campo paraguayo explora el desarrollo de sistemas de trazabilidad más avanzados, conscientes de que la transición no será ni rápida ni sencilla. Los productores -y sus gremios- han pasado de la queja a la resignación. Ahora no quieren perder tiempo, sobre todo después de que el Gobierno de Santiago Peña les admitiera que tendrÃan que adaptarse para conservar el mercado europeo.
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Pero las diferencias a uno y otro lado del Atlántico no se agotan en el reglamento ambiental. Austria y HungrÃa se unieron a Francia en su rechazo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, cuya versión actual se terminó de delinear en diciembre en Montevideo.
Este bloque crÃtico, formado por los ministros de Agricultura y Exteriores de los tres paÃses, alertó sobre los supuestos riesgos económicos, sociales y ambientales que implicarÃa la entrada en vigor del tratado para el sector agroalimentario europeo, aunque nunca terminan de explicitar que la postura responde a la presión de sus productores.
Al cierre del primer trimestre de 2025, las exportaciones de soja y sus derivados alcanzaron 2.684,0 mil toneladas, una reducción del 12,9% respecto al mismo trimestre del año pasado, cuando se enviaron 3.080,0 mil toneladas. Los ingresos en divisas generados por estas ventas totalizaron USD 1.031,0 millones, un 16,8% inferior a los USD 1.238,6 millones obtenidos entre enero y marzo de 2024.
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