En medio de la incertidumbre por los primeros cambios de gabinete previsto para agosto, Santiago Peña pidió la renuncia del ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, tras una serie de escándalos administrativos, denunciadas por parte de los diferentes sectores políticos y traspiés en el manejo de datos sensibles de la seguridad en las penitenciarias que afectó al ministerio Interior que conduce Enrique Riera.
Con este cuadro es que el Presidente decide esta modificación luego de adelantar su falta de satisfacción con el trabajo de sus ministros en este primer año de gestión.
Cabe recordar que los primeros cambios se aguardaban para agosto y septiembre y la mirada estaba puesta en las ministras de Obras Públicas, Claudia Centurión y de Salud, María Teresa Barán.
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En relación a Barchini, LPO accedió a otra versión que plantea que su salida del gabinete del Ejecutivo se da a pedido de la familia debido a problemas con la diabetes que en los últimos tiempos fue agravándose debido al nivel de estrés que representaba lidiar con las amenazas de grupos narcos instalados en las diversas penitenciarias del país.
Sin embargo, la dirigencia de Honor Colorado viene cuestionando la gestión del ahora ex funcionario a quien han calificado de "acomodado". Esto le valió una pérdida de confianza de las bases coloradas que le impidió ser electo al Congreso Nacional.
En octubre del año pasado, la crisis desatada en la cárcel de Tacumbú que desencadenó la rebelión del Clan Rotela y la toma del centro reclusorio por varios meses fue uno de las razones que lo terminaron eyectaron del cargo.
Durante la primera reunión de ministros, Barchini aseguro públicamente que el suboficial Oliver Daniel Lezcano, procesado por el asesinato del militar Líder Javier Ríos, no se fugó del penal, sino que fue secuestrado y asesinado por miembros del grupo criminal.
Los sectores de oposición en el Congreso Nacional en diversas ocasiones hicieron hincapié en la incapacidad del ahora ex ministro en mantener bajo control las penitenciarías que puso al filo de un juicio político a Peña. Incluso fue sindicado de haber ayudado al capo narco uruguayo Sebastian Marset y haber mantenido conversaciones con Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico" confirmados por la Unidad de Inteligencia Sensible (SIU) de la Secretaría Nacional Antidrogas.
Las críticas subieron de tono al conocerse, en diciembre pasado, el privilegio con que algunos líderes narcos pasaban sus días en la penitenciaría de Alto Paraná y que fuera revelado gracias a un procedimiento fiscal. Esta comitiva descubrió el ingreso de alcohol y drogas a la cárcel con la anuencia del director Rubén Ireneo Lombardo, quien fue reemplazado, por orden de Barchini, por un seccionalero de nombre Benjamín Ozuna, presidente de la seccional colorada número 2 de Ciudad del Este y asesor del Ministerio de Justicia.
De acuerdo a los primeros datos asumiría el cargo el vice ministro Rodrigo Nicora hasta que Peña determine quién comandará la administración de la cárceles.
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