Tras la tensión vivida en las inmediaciones de Tacumbú, el intendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez, volvió a poner sobre la mesa el traslado de las penitenciarías desde la capital hacia el interior del país. El pedido llega en un momento delicado para el Ejecutivo central por los cuestionamientos al ministro Ángel Barchini y la conformación de una mesa de crisis.
Tacumbú (para hombres) y el Buen Pastor (para mujeres), ubicadas en barrios populosos de la ciudad, representan un peligro tanto por la sobrepoblación como por la inseguridad que denuncian los vecinos, atemorizados por episodios como el de esta semana, cuando el Clan Rotela se hizo con el control de la mayor cárcel del Paraguay, con rehenes y heridos incluidos.
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A esto se suma el creciente nivel de delincuencia en los barrios emplazados en las inmediaciones de las cárceles, que usualmente son controlados por las organizaciones criminales detrás de las rejas y que dan nacimiento a nuevos grupos como el clan de los Ríos y otros más chicos.
Ninguna de las penitenciarías cuenta con habilitación sanitaria de la comuna, un dato confirmado a LPO por el director de Defensa al Consumidor, Guillermo Fernández. Incluso desde la Municipalidad se analiza una intervención ante indicios serios sobre las condiciones inhumanas en que sobreviven los reos.
"El penal debe estar en un mejor lugar. No podemos tomar la decisión de clausurar un penal sin instalar una mesa de trabajo con el Gobierno central. Esta posibilidad debe ser analizada ante la inseguridad para los vecinos. Con lo que vivimos estos días, los vecinos del barrio Tacumbú estaban en zozobra y creemos que lo mejor será que las cárceles de mujeres y varones estén alejadas de la capital", indicó Nenecho.
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La cárcel de Tacumbú, por ejemplo, alberga unos 2.700 internos cuando su capacidad es de 1.500, como reconoció Santiago Peña en su comparecencia del miércoles. La situación no es tan grave en la cárcel de mujeres, que registra una población al tope de su estructura, registrando unas 370 personas con una capacidad para 500.
El país cuenta con 18 centros penitenciarios habilitados, ocho son exclusivos para varones privados de su libertad, cuatro son destinados para mujeres y seis son mixtos, con un pabellones exclusivos para mujeres. Unos 15 son reclusorios de régimen cerrado y tres de régimen semiabiertos.
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El penal de Emboscada, en el Departamento de la Cordillera y una capacidad para más de 1200 personas privadas de libertad, aparece como una alternativa para descomprimir la crisis Tacumbú, pero los grupos criminales se resisten a la mudanza. El gobierno insiste en que no negociará con estas organizaciones, pero el apaciguamiento en Tacumbú demuestra que las autoridades no tienen más opción que conversar con ellas.
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