Consejo de Superintendencia de Jubilaciones
Funcionarios y jubilados del IPS piden blindaje de los fondos previsonales
Los aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS) piden a la Corte que el patrimonio no sea utilizado para salvar a la caja fiscal de Hacienda.

 Organizaciones de funcionarios activos y jubilados dependientes del Instituto de Previsión Social (IPS) promovieron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de inconstitucionalidad con el objetivo de evitar que el reciente Consejo de Superintendencia de Seguro Social pase a constituirse en administrador y supervisor de los recursos de los fondos de la entidades de jubilaciones y pensiones.

El recurso fue presentado en febrero y actualmente fue impulsado el cuarto urgimiento ante la Corte Suprema de Justicia de manera a lograr que se expida sobre el asunto. La medida fue patrocinada por la Asociación de Profesionales del Instituto de Previsión Social (IPS) y de Jubilados y Pensionados del Paraguay solicitan el respeto de los artículos de la Constitución Nacional sobre la autonomía de la previsional para administrar los recursos de los fondos jubilatorios. 

De forma paralela, se impulsó un recurso de no innovar de manera a que los inmuebles, patrimonio del IPS, no sean puestos a la venta para poder tapar la crisis de fondos existente en la Caja Fiscal del Estado.

Valdovinos apura a Recalde y amenaza con poner en marcha la Superintendencia de Jubilaciones

Días atrás, Carlos Fernandez Valdovino, cruzó a la ministra del Trabajo y Seguridad Social, Monica Recalde, por la lentitud para la reglamentación de la forma de elección de los futuros miembros del Consejo de Seguridad que será integrada, en su mayoría por representantes del Estado, y en un minoría, por sectores organizados de obreros y de jubilados de todo el país.

Sergio Lovera dijo que "con la vigencia de la Superintendencia, que implica la desaparición del Seguro Social, es a los efectos de dejar impune a los grandes ladrones encabezado por el expresidente del IPS, Benigno López, quien robó 100 millones de dólares , ratificado por la Contraloría". 

Con la vigencia de la Superintendencia, que implica la desaparición del Seguro Social, es a los efectos de dejar impune a los grandes ladrones encabezado por el expresidente del IPS, Benigno López, quien robó 100 millones de dólares , ratificado por la Contraloría

"Ellos buscan derogar el artículo 27 de la carta orgánica del IPS que le prohíbe echar mano a la reserva técnica. Ellos están detrás de los 2200 millones de dólares en bancos y 900 millones dólares en inmuebles para salvar a la Caja Fiscal con dinero del IPS", agregó el titular de la Asociación de Profesionales del IPS.

Mónica Recalde.

En parte del urgimiento se destaca que la verdadera intención de quienes propician esta criminal intención es de hacer desaparecer el IPS como administrador de seguros sociales obligatorio de los trabajadores en relación a su dependencia. Y que la Caja Fiscal, administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, no cuenta con personas idóneas para administrar el dinero de los aportantes para la jubilación.

"La Superintendencia de Seguro va administrar gente que no tiene conocimiento. El Ministerio del Trabajo y de Economía piensa que van a manejar de taquito y no están capacitados. No es que ahora no tenga fondos la Caja Fiscal del Ministerio de Hacienda, toda la vida no lo tuvo. Porque el ministerio utiliza los fondos de los cuatro gremios que están en la caja y cuando paga la jubilación recurre a los impuestos, porque le sobran los recursos. Todos los seguros se tienen que manejar por institución", comentó José Tomas Duarte, responsable de la Asociación de Jubilados y Pensionados.

Peña cruza a los sindicalistas que se oponen a la ley de jubilaciones: "Salen a criticar por no tener un cargo" 

En tanto los jubilados del IPS aguardan que la Corte Suprema de Justicia atienda la acción, el Consejo de Superintendencia se encuentra sin avances mayores. 

Actualmente el Ministerio de Trabajo debe reglamentar la conformación del Tribunal Electoral Independiente de manera a que cada asociación o grupos de obreros presenten sus ternas de representantes para integrar el Consejo de Superintendencia que debe tener el visto bueno y la promulgación vía decreto del presidente Santiago Peña.

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