La situación de descontrol en la cárcel de Tacumbú y la falta de garantías para los vecinos de las inmediaciones obligaron al intendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez, a insistir con la mudanza de los centros penitenciarios de la capital al interior del país.
El principal argumento de Nenecho, que se reunió el miércoles con el ministro Enrique Riera para apurar la gestión, es que las penitenciarías de Tacumbú (para varones) y Buen Pastor (para mujeres) no cuentan con las habilitaciones tributarias ni de salubridad del municipio para funcionar.
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"Uno de esos temas es qué hacer con la cárcel de Tacumbú, que hoy día está en el corazón de Asunción. Se debe ver cómo se soluciona este tema en los próximos años. Para eso se conformó una mesa de trabajo, la cual se reunirá de manera constante", explicó el jefe de gabinete del gobierno municipal, Nelson Mora.
La toma de Tacumbú por parte del Clan Rotela en los primeros días de octubre levantó las alertas de los vecinos, que presentaron reclamos ante el Ejecutivo capitalino. Las autoridades acordaron integrar redes informáticas con el Sistema 911 de la Policía Nacional para el monitoreo diario en las "zonas rojas" y reforzar la cantidad de efectivos del Grupo Lince (Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas).
Esta medida placebo diseñada para calmar el reclamo de los vecinos pone nuevamente en el centro de las críticas a la gestión del ministro del Interior y, sobre todo, del titular de Justicia, Ángel Barchini, en cuyas manos recae la gestión carcelaria. El comité de crisis que convocó el presidente Santiago Peña no arrojó de momento ninguna hoja de ruta para desactivar el conflicto en Tacumbú, donde los guardiacárceles se niegan a ingresar.
Barchini accedió al pedido del Clan Rotela de reabrir Tacumbú a nuevos reos tras el cierre temporal de la penitenciaría regional de Emboscada por el grave problema de hacinamiento. Sin embargo, el ministro chocó con la oposición de los jueces de garantías especializados en crimen organizado.
Los magistraron aseguraron que no trasladarán a personas privadas de su libertad a Tacumbú a menos que se ofrecieran las garantías necesarias para la seguridad de los agentes. De hecho, los líderes del grupo criminal decidían si las audiencias preliminares a sus miembros se realizaban o no, demostrando la capacidad de control dentro del recinto.
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La incapacidad del Estado para retomar el mando de Tacumbú deja en evidencia la magnitud de la crisis carcelaria y las dificultades de Barchini para manejar la situación. Pero este revés judicial para el ministro es un aval indirecto para los planes de Nenecho de deshacerse de los presidios en la ciudad que gobierna.
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