
El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación contra la gestión de Óscar "Nenecho" RodrÃguez por el famoso caso de los "detergentes de oro". La causa se crea tres dÃas después de que el fiscal general, Emiliano Rolón, se mostrara dubitativo sobre los presuntos casos de corrupción en la capital.
Rolón conformó este viernes un equipo fiscal liderado por el agente especializado en delitos económicos y anti corrupción, Silvio Corbeta, y coordinado por la fiscal adjunta Soledad Machuca. También integran el equipo los agentes Jorge Arce y Marlene González.
Nenecho podrÃa enfrentar una investigación y el cartismo condiciona su candidatura
El presunto hecho ilÃcito que ahora indagará la FiscalÃa se disparó en 2020, cuando Nenecho habÃa comprado artÃculos en el marco de la pandemia, pero los productos no aparecieron y el procedimiento de adquisición fue dudoso. En 2021, la ContralorÃa emitió un informe en el que determinó que no hubo transparencia y destacó compras de detergentes de hasta G. 390.000 por litro.
Hace unas semanas el ex jefe de gabinete de Nenecho en aquella época fue imputado por el fiscal Corbeta, quien hace poco fue recusado. La explicación de la imputación consiste en que el funcionario cuenta con un patrimonio muy superior al que su salario de servidor público le permite.
Al librarse la imputación, el abogado de la intendencia, Benito Torres, habÃa dicho que la decisión de la FiscalÃa no afectaba directamente s la administración de Nenecho y que además le habÃan abierto un sumario interno sujeto a las resultas de la investigación penal. Finalmente, la investigación se extienda a toda la esfera de Nenecho.
Esta causa se suma a otro problema que Nenecho debe desactivar, relacionado con la situación financiera de la Municipalidad de Asunción y los G. 500.000 millones que no están siendo identificados aún, a pesar de que respondió al pedido de informe la ContralorÃa.
Tanto Nenecho como Nelson Mora, jefe de gabinete, admitieron que usaron dinero de bonos para cubrir gastos corrientes, lo cual está prohibido en la ley de Administración Pública y la ley orgánica municipal. Igualmente, el fiscal general habÃa dicho que todo era incipiente cuando fue consultado sobre una eventual carpeta de investigación sobre ese caso.
A las declaraciones de ambas autoridades se suma una nueva denuncia de la diputada Johanna Ortega, quién precisó que el bono G8 para obras, probablemente fue utilizado para pagar salarios y el aguinaldo.
En una presentación en el Congreso, Ortega dijo que el bono G8 tenÃa un valor de G. 360.000 millones y el dinero fue depositado en el Banco Basa, sin criterio alguno, y que para diciembre del año pasado solo quedaban G. 48 millones, siendo dos obras las iniciadas de las ocho marcadas como objetivo.
Ortega pidió la intervención de la municipalidad, pero Santiago Peña no quiso opinar sobre los bonos porque, según él mismo, son un tema del municipio, pero, paradójicamente, si se interviene la comuna, es el presidente el que debe eligir al interventor.
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