Hay una fecha que la propaganda oficial preferiría hoy no destacar en su cartel: mil días. Mil días desde que la Argentina fue invitada a creer que la motosierra era cirugía y no amputación, que la libertad era una tasa de interés y que el ajuste, esta vez, sería distinto porque lo hacía "gente que sabe". A los mil días de gestión, el diagnóstico ya no depende de la épica presidencial ni de la épica opositora, depende de los números que el propio establishment económico produce. Y esos números, leídos con el rigor que la ocasión exige, cuentan una historia incómoda para quienes prometieron un shock breve y virtuoso. Cuentan la historia de un país que aprendió a mostrar un PBI que sube poco mientras el empleo, la industria y el comercio se hunden; de una economía que crecería 5% en tres años y, sin embargo, logra que casi dos millones de personas más queden desocupadas o informalizadas. La pregunta que este artículo intenta responder no es si Milei cumplió su promesa de estabilización. Es otra, más incómoda: ¿estabilización para quién, y a costa de qué huésped?

La arquitectura financiera de destrucción -esa configuración en la que preservar derechos financieros exige el deterioro de la economía productiva- encuentra aquí una comprobación casi de manual. Los propios economistas del marco teórico de Milei, cuya lectura del proceso es benevolente con el gobierno, tituló en alguno de sus gráficos de agosto de 2026 sin ironía alguna: "El 20% de la economía anda bien". Ese 20% -agro, energía, minería y bancos- exhibe un índice de actividad de 123 sobre base 100 de 2011. El otro 40%, el que emplea a la Argentina real -industria, comercio y construcción- muestra 87. Estos animadores neoliberales-que siempre impulsaron la idea de encontrar un Milei- lo explican con una frase que vale como confesión involuntaria: "hay un 40% de PBI que son mayoritariamente servicios con ganadores y perdedores que se compensan". Se compensan en el agregado. No se compensan en la mesa de nadie.

CIFRA-CTA cuantifica la asimetría: entre junio de 2023 y 2026, el agro creció 93,8% y la intermediación financiera 20,8%, mientras la Construcción cayó 13,9%, la Industria 11,5% y el Comercio 9,6%; precisamente las ramas "relativamente intensivas en empleo". La consecuencia es aritmética; dentro de la Industria, textiles y maquinaria se desploman (-31%) contra su techo 2022-2023, autos (-18%), siderurgia (-24%). Entre los primeros trimestres de 2023 y 2026 la población ocupada aumentó en 456.800 personas, pero la población económicamente activa creció en 735.800; la diferencia, casi 280.000 argentinos, se sumó a la desocupación, que en el primer trimestre de 2026 llegó a 7,8%, más de 1,8 millones de personas, el registro más alto desde la pandemia.

El dato más revelador es qué clase de trabajo consiguió quien lo consiguió. La informalidad alcanzó 44,2% en 2026, casi cuatro puntos por encima de 2024: 970.000 trabajadores más en dos años, casi 9,5 millones de ocupados. El empleo asalariado registrado se redujo en 579.555 puestos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. La Industria perdió 85.600 puestos registrados (-7,2%) y la Construcción 62.700 (-14,2%), sin señales de recuperación en más de un año. El régimen logró que Industria y Construcción produzcan menos y empleen menos, mientras agro y finanzas -sectores ahorradores de mano de obra- son los únicos ganadores visibles; la valorización financiera se protege y se expande; la economía que emplea es la variable de ajuste.

La inversión, mientras tanto, languidece en 17,4% del PBI, por debajo del 18% que la propia economía "demanda" sólo para cubrir la depreciación del capital existente. El correlato salarial confirma la lógica distributiva. Los salarios registrados están 8,2% por debajo de noviembre de 2023, con el salario público (-16,5%) por debajo y el privado (-3,6%); con el IPC reponderado las pérdidas trepan a (-20,8%) y (-8,5). El salario mínimo acumula un derrumbe superior al (-40%), el valor real más bajo de los últimos 33 años, 20% por debajo incluso de los niveles de la década de 1990. La jubilación mínima con bono cayó (-19,1%) en términos reales entre noviembre de 2023 y julio de 2026; si el bono se hubiera actualizado por inflación, hoy sería $157.800 en lugar de los $70.000 congelados desde marzo de 2024. Cada número es una decisión distributiva disfrazada de necesidad técnica; alguien decidió que el bono no se actualice y que la paritaria tenga techo. Nadie decidió, en cambio, licuar el pago a los tenedores de deuda en pesos, cuyos vencimientos entre agosto y diciembre de 2026 suman $106,5 billones y para 2027 otros $94,2 billones, cada vez más atados a CER; la protección contra la inflación que se les niega a los jubilados se les concede, contractualmente, a los acreedores financieros.

El deterioro del ingreso produjo caída de consumos populares y explosión de endeudamiento; la carne bovina cayó (-10,5%) interanual y (-16,8%) contra 2023; los supermercados retrocedieron (-10,7%). La morosidad bancaria de las familias se quintuplicó en poco más de un año -de 2,6% a 12,8%-, su nivel más alto en dos décadas, y en el crédito no bancario la irregularidad llegó a 28,6%. El propio BCRA reconoce que la carga mensual de capital e intereses de los hogares pasó de menos del 9% de la masa salarial formal a comienzos de 2024 a 24,1% en abril de 2026. 

Caen los ingresos, sube el endeudamiento a tasas que superan el 400% anual en proveedores no bancarios, nueva correa de transmisión de la extracción financiera hacia el bolsillo de quienes menos tienen para perder.

Frente a esto, el relato oficial no discute distribución; ofrece una promesa y una amenaza. La promesa es que 2027 traerá la reactivación que 2025 y 2026 no trajeron admite "el elenco estable de ecolobistas" que junio de 2026 apenas superó en 0,4% el nivel de febrero de 2025, y que la inversión, en 17,4% del PBI, sigue por debajo del piso histórico del 18% necesario para cubrir la depreciación del capital existente-. La amenaza es el fantasma de una corrida como la de 2019 si gana el kirchnerismo. Entre la esperanza que no llega y el miedo que se administra electoralmente, desaparece la pregunta central: ¿qué Argentina construye este programa?

La respuesta es una economía de veinte millones; la que exporta granos, extrae litio y cobra intereses. Los otros veintisiete millones -quienes fabrican, comercian, construyen, alquilan su fuerza de trabajo en pesos- quedan fuera del reparto. No porque el modelo no genere riqueza, sino porque la riqueza que genera no necesita, estructuralmente, de su empleo. Ésa es la definición más precisa de "matar al huésped para salvar al parásito"; no la eliminación de la economía real, sino su reducción a un tamaño compatible con el pago de los compromisos financieros del 20% que sí funciona.

El problema, finalmente, no es sólo social; es fiscal. El margen para seguir bajando gasto discrecional se agota -los ingresos tributarios reales cayeron de 194 a 174 billones de pesos constantes entre 2023 y 2026-, mientras la recaudación depende de una demanda doméstica que la propia motosierra contribuyó a destruir. Si la actividad no repunta, si la informalidad sigue devorando la base imponible y si los vencimientos en pesos exigen una renovación cada vez más cara e improbable en año electoral, la probabilidad de un evento de insolvencia fiscal intertemporal deja de ser una rareza de manual y pasa a ser, lisa y llanamente, un escenario con probabilidad distinta de cero. 

No hace falta un default explícito para que el huésped colapse; alcanza con que la motosierra, agotado el gasto que podía cortarse, empiece a cortar aquello que aún generaba los ingresos con los que se pretendía pagar. A mil días de gestión, la Argentina de Milei, Caputo y Bausili no ha resuelto el problema estructural que decía venir a resolver. Lo ha administrado trasladándolo hacia adelante y hacia abajo; hacia 2027, y hacia los veintisiete millones que todavía esperan noticias de la fiesta.