Mientras la curva larga de los CDS grita, el equipo económico administra dos operaciones simultáneas que conviene leer juntas, porque comparten el mismo ADN, usar activos públicos como fichas de una mesa de juego cuyo crupier es, siempre, el Estado.

La primera es silenciosa. La reciente reforma del artículo 33 de la Carta Orgánica del BCRA amplió, de forma drástica, el uso que la autoridad monetaria puede darle a sus activos externos. Donde antes se hablaba de depósitos e instrumentos de reconocida solvencia, ahora se habilita expresamente el uso de oro, divisas y reservas como colateral en operaciones de repo y préstamos con entidades internacionales. La lectura técnica es sencilla y alarmante; el BCRA puede comprometer reservas, incluido el oro, sin autorización previa y explícita del Congreso. No es una hipérbole llamarlo endeudamiento encubierto; es la definición de manual. El default, si finalmente llega, no va a hallar una caja vacía por accidente; la encontrará, con el propio patrimonio del BCRA empeñado como garantía de una timba ya jugada en 2001.

La segunda operación es ruidosa, y viene envuelta en un lenguaje que merece disección antropológica. Caputo anunció un programa de dos billones de pesos, financiado con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, para que los bancos privados otorguen créditos hipotecarios. Lo llamó, con la cara seria que solo da la convicción o el cinismo entrenado, un acto de "justicia social". Conviene destrozar el argumento pieza por pieza, porque cada pieza es falsa.

Wall Street y el fantasma del default

Primer argumento: el FGS depositará fondos a plazo fijo para resolver el descalce de plazos de la banca, ese viejo problema de fondearse corto y prestar largo. Es una cortina de humo. El descalce real de los bancos privados no es de plazos, es de cobrabilidad. Están sentados sobre una cartera activa dudosa de préstamos personales morosos y de empresas textiles, metalúrgicas, autopartistas y de la construcción que no pueden pagar, y que el propio sistema mantiene en "cartera activa" para no reconocer el previsionamiento que el BCRA exigiría si la calificaran como corresponde. Inyectarles plazos fijos de ANSES no cura el balance, lo maquilla.

Segundo argumento: el ministro aclaró que el FGS no asumirá riesgo crediticio alguno, que esa tarea es exclusiva de los bancos. Falso de nuevo. El FGS asume, por la ventana en vez de por la puerta, el riesgo sistémico que hoy cargan los bancos con una cartera de incobrables que solo puede engordar si la economía no repunta. Cuando ese riesgo estalle, no habrá contrato que separe el dinero de los jubilados del quebranto bancario; la solvencia del sistema financiero y la del FGS quedarán atadas por la misma cuerda, aunque el prospecto diga lo contrario.

Tercer argumento, el más impúdico, llamarlo "justicia social". La justicia social, si la palabra conserva algún significado, no consiste en subsidiar el fondeo de un puñado de operaciones hipotecarias que, dicho sea de paso, los bancos difícilmente van a poder colocar con el miedo a ser despedidos que tiene el personal jerárquico de las empresas, que son los que califican. Consiste en prestarle a los jubilados de la mínima, a quienes un sueldo miserable les impide llegar a fin de mes. Con esos mismos dos billones se podrían otorgar dos millones de créditos de un millón de pesos, o cuatro millones de créditos de quinientos mil, descontables de haberes. Ese dinero no se empoza en un banco esperando una escritura que nunca llega; se aplica de inmediato a cancelar deudas caras o a comprar alimentos y remedios para quienes están al borde de la indigencia. El resultado es doble y verificable; desendeudamiento de las familias más vulnerables o una inyección directa de consumo popular, con un impacto de escala inconmensurablemente mayor al de un programa hipotecario que, en el mejor de los casos, alcanzará a un puñado de familias de clase media alta mientras el resto del sistema financiero cobra la comisión de haber "traído depósitos".

Vale detenerse en el lenguaje, porque ahí está la trampa antropológica del asunto. El hombre de finanzas que hoy conduce la política económica no piensa en categorías de bienestar; piensa en spread, duration, funding gap. Cuando ese vocabulario se traviste de justicia social, no hay traducción posible, hay apropiación semántica indocta. Es el mismo gesto retórico que en 2001 bautizó "blindaje" a un préstamo que apuntalaba la salida de los mismos operadores que después, del otro lado del mostrador, cobrarían la comisión de haber diseñado la fuga. Cambia el bono, cambia el logo del banco, pero el operador que entra y sale del Estado con información aventajada sobre su propio colapso es, estructuralmente, el mismo personaje.

Ahí aparece el verdadero negocio, el que no se anuncia en conferencia de prensa; mientras se demora la colocación de los créditos, esos fondos del FGS "se dan vuelta" en títulos que rinden 10% y toman el spread, timbeando en la city mientras la escenografía de la vivienda popular sigue en danza. Cuando finalmente digan que "no se pudieron colocar", ya habrán cobrado el "arbitraje". Traer depósitos, dicen en la jerga de la city, siempre deja pan dulce y sidra a fin de año para los promotores.

Nótese la asimetría de escala; el propio Gobierno admite que el programa hipotecario, en su primera tanda, alcanzaría a apenas dieciocho mil personas. Dos millones de créditos a jubilados no es una alternativa marginal a esa cifra; es otro orden de magnitud, con un multiplicador de consumo inmediato que ningún crédito hipotecario, atado a escrituras y meses de mora administrativa, puede igualar. Si la meta declarada fuera el bienestar de los sectores postergados, la aritmética sobra para elegir. Que se elija la opción que además deja depósitos rindiendo en el sistema financiero no es un detalle, es la explicación completa.

Este es el patrón, y no un incidente; activos públicos -reservas, oro, ahorro previsional- convertidos en colateral de una mesa de trading cuyo verdadero cliente no es el jubilado ni el que busca su primera vivienda, sino el circuito financiero que necesita depósitos frescos para seguir devengando tasa. Caputo no administra el Estado, timbea un garito. Y como todo trader, no mide su éxito en resultados para terceros, sino en la posición que deja abierta cuando se retire de la mesa.

La curva de CDS ya empezó a cotizar esa retirada, alguien esta operando. No apuesta a que el Gobierno incumpla mañana, apuesta a que la arquitectura construida sobre reservas comprometidas y ahorro previsional convertido en funding bancario es, matemáticamente, insostenible. El resto -la retórica de justicia social, los anuncios en cadena, el maquillaje contable- es la parte folclórica de un negocio cuya lógica ya conocemos; no es la primera vez que la Argentina financia, con patrimonio propio, la salida de los mismos jugadores. El endeudador serial no es una anomalía del sistema, es su fundador. Y el Estado que timbea con reservas ajenas y jubilaciones ajenas ya tiene nombre: Estado Trader.