La última medición del Indec arrojó una tasa de pobreza urbana del 32% de la población en el segundo semestre del 2018. En el mismo período del año anterior se ubicaba en el entorno del 26%. Este deterioro en la situación social se asoció directamente con la mala situación económica que atraviesa el país, donde persiste la alta inflación y la caída de los ingresos reales. Mientras que a finales del 2017 una familia tipo necesitaba ingresos superiores a los $16.000 mensuales de la Canasta Básica Total para no ser pobre,  a finales del 2018 este monto ascendía a $25.000, es decir un 55% más. Como los ingresos de la población crecieron menos, muchas familias cuyos ingresos estaban cerca de este valor cayeron en la pobreza.

Si bien este análisis es acertado, se dejan de lado las raíces estructurales que hacen que la pobreza en Argentina se mantenga en niveles superiores al 20% desde hace décadas. Los hogares afectados por la pobreza son aquellos que no tienen ingresos suficientes para alcanzar la Canasta Básica Total. La incapacidad para generar ingresos suficientes y sostenidos, se explica porque los adultos pertenecientes a estos hogares, por lo general, tienen bajo nivel educativo (secundaria incompleta o inferior), muy poca formación y experiencia para el empleo. Esto resulta en que los hombres tengan trabajos muy precarios y las mujeres estén en la inactividad laboral, muchas veces abandonadas por el varón con lo cual asumen la jefatura del hogar sin medios de vida, en numerosos casos, con muchos niños. Esta insuficiencia de ingresos genera restricciones de otro tipo, como viviendas precarias, la falta de acceso a servicios sanitarios, habitar en villas de emergencia, hacinamiento y violencia.

El enorme fracaso social argentino se explica porque la gestión del Estado está plagada de irresponsabilidad, oportunismo y mediocridad. Por un lado, la sistemática tendencia a gastar por encima de los ingresos, generando inflación y estancamiento productivo. Por el otro, porque se persevera con un sistema tributario injusto (el reciente fallo de la Corte en favor de que una jubilada de privilegio no pague el impuesto a las ganancias es un testimonio muy ilustrativo) y se dilapidan fondos públicos en intervenciones de baja eficacia y eficiencia.

Un ejemplo concreto es el gasto asistencial que no resuelve el problema de la pobreza pero sirve para justificar el agigantamiento de la burocracia y da pie al oportunismo político. No hay conciencia de que sumando lo que gastan Nación, provincias y municipios a través de los más de 100 programas asistenciales alcanza para eliminar la pobreza y mucho más la indigencia.

No hay conciencia de que sumando lo que gastan Nación, provincias y municipios a través de los más de 100 programas asistenciales alcanza para eliminar la pobreza y mucho más la indigencia.

El fracaso social en esta materia adquiere una dimensión adicional al comparar el desempeño de Argentina con sus países vecinos: mientras que en el año 2006 Argentina, Chile y Uruguay partieron de una situación similar, con una tasa de pobreza del 30% aproximadamente, Chile y Uruguay bajaron la pobreza al 8% de la población en poco más de una década, mientras que en Argentina, con vaivenes, la pobreza permanece cercana al 30%.

Erradicar la pobreza demanda crecimiento económico, estabilidad de precios y mejor calidad de las intervenciones públicas. El desafío es enorme porque no solo es necesario romper con más de medio siglo de déficit fiscal, sino ordenar, en simultáneo, el sector público tanto por el lado de las erogaciones como del sistema tributario. Frente a estos desafíos un punto de partida clave es que cada nivel de gobierno cumpla con profesionalismo el rol específico asignado por la Constitución y se eliminen superposiciones de acciones que potencian el derroche de recursos.

Esto significa que el Gobierno Nacional debe velar por generar las condiciones para recuperar el crecimiento económico, la estabilidad de precios y la generación de empleos modernizando la legislación laboral. Mientras que las provincias son las que deben combatir la pobreza estructural abocando todo su esfuerzo por mejorar sustancialmente el desarrollo urbano, la seguridad pública y la calidad en la gestión de los sistemas públicos de salud y educación.