Editorial
Una reforma para mantener privilegios
Por Alejandro Cacace
La reforma de los regímenes jubilatorios especiales presentada por el Presidente es un compromiso más que una solución.

Cuando la Ley de Emergencia suspendió la movilidad jubilatoria, pero excluyó a los regímenes especiales de dicha suspensión, se reflotó el debate sobre la desigualdad entre los regímenes. Esto llevó al Presidente a convocar a sesiones extraordinarias para tratar los regímenes de los funcionarios públicos comprendidos en las Leyes 22.731 (Servicio Exterior) y 24.018 (Régimen del Poder Judicial, del Ministerio Público; Presidente, Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Por ello, un grupo de más de veinte diputados presentamos el 31 de enero un proyecto de Ley de Equidad Jubilatoria, con la idea de que todos los funcionarios públicos tengan el mismo régimen jubilatorio general que el resto de los ciudadanos. Este viernes pasado el Presidente envió al Congreso su proyecto.

El proyecto del Gobierno brinda detalles sobre ambos regímenes para justificar su propuesta de reforma. En el caso de las jubilaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación, que alcanza alrededor de 7.000 beneficiarios, cobran un haber jubilatorio promedio de casi $300.000, excluyendo pensiones. La mayor jubilacion de este régimen, $770.100, es de 55 veces el haber mínimo del régimen general ($14.068). Por otro lado, en el caso del personal del Servicio Exterior, que tiene cerca de 700 beneficiarios, el haber jubilatorio promedio mensual es de casi $400.000 -sin contabilizar pensiones- y el haber jubilatorio más alto que percibe un beneficiario de este régimen es de $617.000, lo cual significa 44 veces más que la jubilación mínima del régimen general.

Si los elevados montos de las jubilaciones de estos regímenes especiales respecto de los del régimen general no son suficiente para ilustrar su inequidad, sí lo es que los aportes y contribuciones del sistema no son suficientes para cubrir la masa de beneficios de estos sistemas, arrojando, entre ambos, un déficit de $14.200 millones proyectado para este año. Esto significa que cada beneficio del régimen del Poder Judicial es subsidiado en $130.000 mensuales por el resto del sistema, y el régimen de diplomáticos en $187.000 por mes.

 La política y la función pública no deben dar privilegios.

Aunque el déficit es uno de los fundamentos del proyecto, la reforma propuesta por el Gobierno no lo soluciona definitivamente. Además, los beneficiarios de los regímenes especiales seguirán cobrando haberes que se calculan por encima del 80% de la remuneración de un trabajador en actividad, sin tope en sus beneficios, mientras los jubilados del régimen general continuarán recibiendo apenas la mitad de lo que cobra un trabajador en actividad, con tope en el monto de sus beneficios.

Si bien el proyecto del Poder Ejecutivo resulta más osado en su propuesta que las versiones previas que circulaban sobre su texto, está claro que no se propone lograr la igualdad en nuestro sistema jubilatorio. Esto, porque la reforma mantiene a los cargos más altos del Poder Judicial -como los miembros de la Corte Suprema (que cobran haberes jubilatorios de casi $800.000), jueces y fiscales- dentro de los regímenes especiales. Solo excluye de manera total a los nuevos ingresantes del Servicio Exterior, lo que indica que los diplomáticos no tuvieron el mismo poder de presión que el ejercido por los miembros del Poder Judicial. Teniendo en cuenta que estos regímenes fueron derogados ya en dos oportunidades y luego restablecidos, no resulta extraño que ciertos sectores sigan siendo protegidos. Más que una solución, parece un compromiso.

Lo más paradójico es que el Presidente exige solidaridad pero también se excluye a sí mismo y a la Vicepresidente de la reforma. Por el tiempo transcurrido ya gozan del mismo beneficio que los jueces de la Corte Suprema.

Mientras se mantienen los regímenes especiales para algunos pocos, quienes cobran haberes del régimen general por encima de la mínima, sufrieron un ajuste en el aumento de los mismos en pos de la "solidaridad" ¿Dónde está la solidaridad, si los que cobran la mínima, un haber medio o los trabajadores del régimen general contribuyen con sus recursos para pagar las jubilaciones especiales de cientos de miles de pesos? Se ve que para el Gobierno la solidaridad es un concepto vacío que admite cualquier contenido.

La política y la función pública no deben dar privilegios.

Es por ello que nuestro proyecto apunta a una verdadera solución, y propone, sin excepciones, que todos aquellos comprendidos en la Ley 24.018 y 22.731 sean incorporados al régimen general de la Ley 24.241, para lograr la equidad en el sistema previsional. 

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