El 1 de enero, Jair Messias Bolsonaro, 38º presidente de Brasil, y el octavo desde la redemocratización, llega al primer año de su gestión en un escenario de contrastes entre el programa y el clima que consagró, y las posibilidades concretas y restricciones reales que le impuso el sistema político brasileño.

En este sentido, la agenda bolsonarista reconocía en 2018 dos vertientes fundamentales. Una vertiente cultural, vinculada a valores como la familia, la religión y el sometimiento a las dimensiones éticas vinculadas a esos valores de la agenda política y de la dinámica de relacionamiento entre actores políticos. Y por otro lado, otra vertiente, la económica, la que goza de mayor consenso en Brasilia, pero la que es menos originaria en el alfabeto programático del bolsonarismo: la de la apertura comercial, la desregulación financiera y el retraimiento del rol económico del Estado.

Bolsonaro, como bien prueba su historial parlamentario (se opuso a la reforma previsional de Fernando Henrique Cardoso en 1996 y 1999, más moderadas que la que él mismo acaba de hacer aprobar) nunca fue un liberal, pero los intereses que le dieron proyección y elegibilidad, sacándolo de la extravagancia política, sí lo son. Se trata de, por ejemplo, Gabriel Kanner (tiendas Riachuelo), Luciano Hang (Tiendas Havan), Joao Appolinário (Polishop), Edgar Corona (Bio Ritmo), Sebastião Bomfim (Centauro), Marcelo Pessoa (Galápagos Capital) y Washington Cinel (Gocil). Constituyen un grupo abanderado bajo el lema "Conservador en las costumbres, liberal en los negocios", que por sí mismo explica 40.000 millones de reales al interior de la economía brasileña. Es, en gran medida, el soporte que Bolsonaro aún mantiene, pese a la desafección de una parte de su electorado y la disgregación de su base parlamentaria.

Esa conexión es la que amalgamó el respaldo político para las reformas económicas, sobrepasando la agenda cultural: 42 proyectos de los 79 elevados en 2019 al Congreso fueron de agenda económica, contra 11 de agenda social y 8 sobre criminalidad. El tratamiento parlamentario sólo agravó ese desbalance: se aprobaron 15 propuestas de ley, de las cuales 12 emanaron del Ministerio de Hacienda, liderado por Paulo Guedes. 11 de ellas eran medidas provisorias, facultad exclusiva del presidente.

Conforme el tsunami electoral de noviembre de 2018 se alejaba, el encantamiento se apagaba y el Congreso volvía a erigir su fuerza de poder permanente, a la par que Bolsonaro perdía apoyo flotante y se recluía en su núcleo, dejando incluso de orientar a sus propios legisladores hacia su agenda. Bolsonaro es, de los últimos cuatro presidentes, el que más se abstuvo de orientar el voto de su bancada en el primer año: 37% de las votaciones, contra 28% de Dilma, 20% de Lula  y 2% de Temer.

En una bancada con 38 legisladores sin antecedentes, 9 ex concejales y apenas 5 diputados experimentados, la ausencia de orientación derivó en la implosión interna, que en año electoral, se disgrega en múltiples direcciones, con peleas judiciales por el control de la sigla, el Partido Social Liberal, de por medio. Más que una agenda económica propia, el gobierno terminó actuando arrastrado por un consenso de las élites parlamentarias, dirigidas por Rodrigo Maia en Diputados (con vinculaciones con el mundo financiero carioca) y el amapaense Daví Alcolumbre en el Senado (con llegada a la bancada evangélica).

Esta suplantación programática tuvo sus efectos positivos: garantizó el apoyo de un bloque muy importante de partidos en las votaciones clave del gobierno, en agenda de impacto económico muy sensible para los mercados. En alianza con partidos tradicionales como Demócratas (con 3 ministerios) y el Partido Social Demócrata, que contienen junto a otros 49 bancas sobre 81 en el Senado, se pronunciaron en mas del 90% a favor de las proposiciones oficiales. Ese porcentaje baja al entorno del 80% en Diputados.

El sesgo económico lubricó el camino para la aprobación parlamentaria, dejando inerme a la agenda de valores: el Estatuto de la Familia, aprobado en comisión en 2015, espera hace 4 años que sea incluido en la pauta de votación de la Cámara; las restricciones al aborto apenas fueron desarchivadas en el Senado, sin dar curso en la Comisión de Justicia; la propuesta de "Escuela sin partido" tiene a la Comisión correspondiente sin tratarlo, y sin fecha de reunión próxima conocida.

La polifonía de voceros empeoró la interlocución entre Bolsonaro y el Congreso. La implosión del PSL y el lanzamiento -en stand by- de su partido digital "Alianza por el Brasil" (que necesita medio millón de firmas antes de marzo para presentarse a las municipales) tornó anárquica la conducción de las negociaciones políticas, empujando a Bolsonaro a recluirse en el componente militar del gobierno, el cual, si bien descontento, acumula lentamente poder debido a la pérdida constante de aliados.

La última entrega fue la mutilación de Sergio Moro, que paso de Ministro estrella, a perder el control de combate a la criminalidad de su Ministerio; esto combinado con la jibarización del que supuestamente es el coordinador político del gobierno, el jefe de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni, degradado en sus atribuciones mientras vacacionaba en Estados Unidos. Primero transfirió competencias al general Santos Cruz, luego al general Luiz Eduardo Ramos. Así, la base parlamentaria de por lo menos 350 diputados (para una enmienda a la constitución se necesitan 308), que se había construido en virtud de coincidencias programáticas, se deshace en virtud de negligencia política, falta de conducción y afectación por el inicio de la dinámica electoral, donde muchos legisladores serán candidatos municipales: 80 lo fueron en 2016. Y la competitividad es alta: 53 de los 80 fueron derrotados.

Ser candidato asociado a un gobierno con el apoyo inferior al 40% en los sondeos y con problemas de gestión quizás no parezca para sus candidatos la mejor estrategia. Enfrentado con Wilson Witzel (gobernador de Río) por la carrera hacia 2022 ya lanzado, con Romeu Zema en Minas enfangado en una crisis climática en la propia capital del Estado, con Eduardo Leite en Rio Grande do Sul enfrentando desgaste por recortes presupuestarios, y con Joao Doria en Sao Paulo articulando su propia candidatura, los gobernadores no parece cabos confiables a los cuales puede atarse Bolsonaro

El líder republicano en el Senado norteamericano, Mitch McConnell, declaraba en una biografía suya ("The Cynic: The Political Education of Mitch McConnell, del periodista Alec McGillis) que "si hay algún poder en este trabajo, realmente, es el poder programar, decidir qué hacer o no hacer". Es en ese juego de restricciones acumulativas donde Maia y Alcolumbre, ahora en abierta hostilidad al gobierno, liman el margen de acción, acentuando la decepción del tercio que aun apoya a Bolsonaro.

La errática estrategia oficial parece desembocar en un oficialismo sin guía para las municipales, donde los alcaldes gobernantes de las principales ciudades cuentan con buenas perspectivas de reelegir, frente al naufragio de la "nueva política" que proponía el ahora presidente. El mismo que ahora se limita a urdir estrategias defensivas para reducir desgastes, como es reactivar la candidatura de Sergio Moro al máximo Tribunal Federal, evitando su candidatura en 2022. El mismo que ahora teme la construcción de un bolsonarismo contra Bolsonaro, que, como un ejército de desilusión y hartazgo, canalice en un nuevo nombre su rechazo al sistema: el del animador y empresario Luciano Huck.