En los últimos días, a partir de la expansión del coronavirus (Covid-19), manifestamos en reiteradas oportunidades que el derecho a la salud y a la vida están por encima de los intereses económicos producto del comercio exterior o granario. Remarcamos nuestra oposición a la decisión del Gobierno nacional de exceptuar del aislamiento obligatorio a la actividad en acopios, controles y puertos porque se expone a los trabajadores y a los habitantes de nuestro país a un innecesario riesgo.

Denunciamos públicamente la falta de controles efectivos en las vías de acceso a los puertos y en la propia actividad portuaria. También señalamos el incumplimiento de los protocolos establecidos por el Poder Ejecutivo los que, desde ya, son insuficientes para garantizar el control de la pandemia Covid-19.

Ante el reclamo incesante de los trabajadores y la falta de respuestas, decidimos llevar adelante medidas de acción directa tendientes a ser estuchados antes de que sea tarde. Cumplimos nuestro deber estatutario de defender y velar por la salud de nuestros representados y de sus familias.

Sin embargo, poco tardaron los agroexportadores en recurrir al Ministerio de Trabajo, que decidió, a través de sus autoridades, dictar la conciliación obligatoria escuchando sólo un parcial e intencionado discurso. Sorpresivamente, la resolución ministerial pareciera darnos la razón en nuestro justo reclamo. Pero contradictoriamente, los efectos de esa misma resolución, nos envía nuevamente a trabajar a pesar de no estar garantizados los mecanismos de prevención establecidos en los protocolos.

Lo que está ocurriendo es un verdadero despropósito y un peligro real de lo cual los únicos responsables son las autoridades. Ante la urgencia del planteo y la importancia del tema, aún no se ha fijado fecha de una reunión/audiencia evidenciando la poca importancia que se le da a la situación de riesgo de los recibidores de granos en primera línea de contacto.

Nos cuesta interpretar como servicio esencial al comercio exterior y la actividad agropecuaria establecidos en el artículo 6 (inc. 13 y 15). Este punto se contrapone con el espíritu del DNU, que es preservar y proteger la salud de los ciudadanos limitando al máximo las posibles vías de transmisión y evitando contagios.

El comercio exterior debía ser considerado solo para actividades "impostergables", es decir como una verdadera excepción a la regla, no como una habilitación a abrir la puerta de casa a extranjeros de países considerados de riesgo y por el sólo afán lucrativo de empresas multinacionales y de recaudación estatal. 

Más allá de estas situaciones, estamos consustanciados con las medidas adoptadas por el Presidente Alberto Fernández a nivel general. Entendemos claramente la gravedad de la situación de pandemia nunca vista antes y que puede terminar en una catástrofe sanitaria como pasó en varios países de primer mundo. Hay actividades y servicios públicos que resultan esenciales e impostergables para una situación de crisis como la expuesta, tales como lo son las vinculadas a la salud, seguridad e industrias alimenticias.

Lo que no entendemos es cómo empresas extranjeras agroexportadoras, que lucran con su actividad, puedan estar por sobre la salud, la vida y la seguridad de los trabajadores y de nuestro país. No se está teniendo en cuenta que las consecuencias económicas serán terriblemente peores para todos, incluso para estas empresas, si el virus se expande por todo el país.

Hemos solicitado al Poder Ejecutivo que en forma inmediata modifique los alcances del DNU 297/2020. Es necesario que se excluya a las exportaciones agropecuarias en todas sus formas y el acopio y movimiento interno y externo de los mismos. Tal vez sea hora de poner a la salud y a la seguridad de los trabajadores por encima de los intereses económicos. La patria y las futuras generaciones así lo entenderán y agradecerán.