Tucumán
Hacia una revolución institucional
Por Diego Armesto
Tucumán es el fiel reflejo que en el país persisten la peores prácticas. La anulación de la elección deja claro que hay mecanismos institucionales para frenar la prepotencia del poder político de turno.

El reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, dejo en claro que existen mecanismos institucionales que pueden poner un freno a la prepotencia del poder político de turno.

Tucumán es el fiel reflejo que en los últimos tiempos en nuestro país están aflorando las peores prácticas políticas que existieron en la historia Argentina. Adquiere notable y triste actualidad las palabras del Manifiesto Revolucionario de 1890, en épocas de Juárez Celman, donde se expresaba que: “Mendoza ha cambiado en horas de gobernador como en los tiempos revueltos de la anarquía. 

Tucumán presenció una jornada de sangre, fraguada por la intriga para incorporarla al sistema del monopolio político; no ha habido elección de gobernador que no haya sido otra cosa que un simple acto de comercio”. Estos y otros conceptos de ese histórico documento parecen que hubieran sido redactados en estos días.

Ya en el año 2003 se quemaban urnas en Catamarca de la mano del dirigente Peronista Luis Barrionuevo, quien había expresado en aquel momento que "si no hay boletas del PJ, no hay elecciones", tal advertencia la hizo realidad, y escribió una de las páginas más negras de la historia electoral de Catamarca.

Producto de tal situación el Senado de la Nación solicitó la exclusión del Senador Barrionuevo, y en tal sentido la Senadora Fernández de Kirchner se expresó a favor del proyecto y fundo su postura en la “gravedad institucional” de dicho accionar y que “la regla básica del contrato social --no solamente en la República Argentina, sino en cualquier otra parte-- es que el monopolio de la fuerza, el impedir algo por la fuerza solamente puede estar en manos del Estado. Esto es lo que separa no ya radicales o peronistas, izquierdas o derechas; esto es lo que separa el basamento de cualquier civilización organizada: no hacer justicia por la propia mano”.

Lamentablemente no hubo repudio suficiente ni castigo a ese delito, sólo significó un capítulo más de la “picaresca” política argentina.

Claramente, desde los albores de nuestra formación histórica constitucional tenemos falencias en algunas de nuestras provincias, el sistema republicano parece letra muerta, ya que los Gobernadores de Provincia no buscan “gobernar” sino “mandar”, porque cuando toman posesión del cargo sienten que han asumido el dominio de todos los resortes del Estado.

Así, los Gobernadores de Provincia, transformados en señores feudales lo único que buscan es imponer su propia voluntad, en los aspectos legales, políticos y electorales de la Provincia. Sirve como antecedente las palabras de José Nicolás Matienzo que, ya en 1910 afirmaba que los Gobernadores de Provincia tienen la investidura suficiente como para poder designar los candidatos para diputados y senadores provinciales, diputados y senadores nacionales, gobernador y vicegobernador –que lo sucederán en el cargo-, de esta forma el Gobernador “es el supremo dispensor de todo cargo político cuya elección corresponda a la provincia”.

Hoy frente a la involución institucional, la Justicia de Tucumán nos da un mensaje de aire fresco y de esperanza en las instituciones republicanas. Entonces tal vez sea el momento de iniciar una verdadera “revolución institucional” que abarque a toda la Argentina, en donde se revalorice la república y la democracia, una democracia interpretada como un sistema vivo, dinámico, en donde las circunstancias y los tiempos la perfeccionan y adecuan a cada época, y donde los ciudadanos y los gobiernos modifican sus demandas y necesidades.

El reclamo es más democracia porque la República está herida, y esto nos obliga a todos a redoblar nuestro compromiso para defenderla. 

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