El hilo es posible que se corte por lo más delgado. Pero lo cierto es que por el momento, el fiscal de Delitos Complejos de Mendoza, Santiago Garay, concentró su investigación del escándalo de presunta sobrefacturación de publicidad oficial en plena campaña de gobernador del 2011, en dos personajes menores de una trama que está complicando a Paco Pérez, por entonces ministro y candidato del peronismo.

El fiscal apunta a las dos personas que autorizaron los pagos al fotógrafo free lance y ahora millonario empresario Gustavo Matar durante los años 2010 y 2011 por servicios englobados en el amplísimo concepto de “pauta oficial” por un monto que supera los 32 millones de pesos y que se sospecha fueron destinados a la campaña del PJ.

Se trata de Ricardo Funez y Pablo Catania, quienes estuvieron a cargo del área de prensa durante la gestión de Celso Jaque como gobernador de Mendoza, en la que Paco Pérez se desempeño como ministro de Obras Públicas. De hecho, su ministerio cursado órdenes de publicidad por al menos un 35 por ciento del monto que recibió Matar.

Pero el fiscal, por ahora se concentró en Funez y Catania quienes autorizaron, como funcionarios responsables, la gran mayoría de los pagos al ex fotógrafo free lance.

La documentación que tiene en su poder Garay, elaborada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, indica que en el 2010, Matar que venía de tener un ingreso promedio de unos 8000 pesos a facturar al Estado provincial a través de dos razones sociales, como “Gustavo Matar” y como Sur Talent SRL, unos 900.000 pesos.

Pero en el 2011, los ingresos de la empresa productora y de publicidad, radicada en el departamento de San Rafael, saltaron a 22 millones, y en el 2012 poco más de 10 millones. El total es de unos 32 millones de pesos. Lo que llamó la atención de los diputados provinciales que impulsaron la denuncia fue el salto exponencial en la facturación de Matar entre el 2010 (900.000 mil pesos) y el 2011 (22 millones).

En la gestión Jaque, el área de Prensa, encargada de autorizar los pagos incluso por servicios solicitados por los distintos ministerios, era manejada por dos personas. Por un lado Funez, periodista de Policiales de diario Los Andes hasta que en mayo del 2010, el actual vicegobernador Carlos Ciurca se hizo cargo del Ministerio de Seguridad por expreso pedido del entonces gobernador.

Ciurca, en ese momento legislador provincial, no tuvo problemas en hacerse cargo del caliente Ministerio de Seguridad, llevando adelante una estrategia comunicación de “poner la cara” en cada hecho conmocionante para que los ciudadanos pudieran descargar su bronca y descomprimir la furia. Esa idea fue de Funez. Al poco tiempo, Ciurca logró que Jaque confiara en su jefe de prensa para que manejara la comunicación y la pauta de todo el Gobierno.

Hoy Funez es jefe de Prensa del titular de Seguridad, Carlos Aranda, hombre de máxima confianza de Ciurca, quien sigue manejando ese ministerio clave repleto de dirigentes que le reportan directamente.

La conexión kirchnerista

El otro investigado por el fiscal Garay es Pablo Catania, quien llegó a la gobernación de la mano de Guillermo Carmona, hoy diputado nacional kirchnerista y en aquello momento secretario de Ambiente de Jaque, cargo que acordó luego de bajarse de una candidatura a gobernador en el 2009 que amenazaba con partir al peronismo mendocino.

Catania dejó el cargo en abril del 2011, cuando su jefe Carmona renunció a la Secretaría de Ambiente, enojado con la oficialización de la fórmula Pérez-Ciurca. Fue ahí cuando Prensa quedó a cargo de Funez, quien siguió en el cargo hasta que asumió Paco Pérez como nuevo gobernador el 11 de diciembre del 2011.

Hoy Carmona es uno de los soldados más fieles a las causas del Gobierno nacional en el Congreso de la Nación y suele tener un alto perfil en cuestiones de política internacional, ya que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja. Su jefe de prensa es Catania, quien lo acompaña desde que asumió en el 2011.

Ambos, Funez y Catania, llegaron al tercer piso de la Casa de Gobierno de Mendoza, donde funciona la comúnmente llamada Coordinación de Prensa, tras la salida de un hombre de Diego Bossio, Lautaro Vicario, quien duró apenas unos meses. Bossio acercó el nombre de Vicario a Jaque en plena campaña del 2007 en su rol de asesor estrella del mendocino y luego partió rumbo a la Anses cuando lo convocó Cristina.

Si bien los apuntados por el fiscal serían, según fuentes de la Fiscalía, los dos asesores de prensa, Garay está intentado dilucidar el “circuito político” del escándalo, es decir quién daba la orden para pagarle millonarias facturas a Matar durante pleno año electoral. Es un secreto a voces que el asesor más importante de Jaque en su relación con los medios fue Raúl “Perruno” Leiva y a él apunta la pesquisa, que incluso un nivel por encima tiene en la mira al ex secretario General, Alejandro Cazabán, hombre fuerte de aquella gestión y con vínculos directos con Matar.

Garay pretende comprobar que había una decisión política de pagarle los millonarios honorarios a Matar para financiar al mismo tiempo que los avisos, producciones y eventos relacionados a la publicidad de los actos oficiales, la campaña del Frente para la Victoria.

El dato tiene color, ya que según la rendición de cuentas obligatoria de los partidos políticos de los gastos de campaña, Matar le realizó también trabajos al Frente para la Victoria, aunque por “apenas” 3,5 millones de pesos.

Pero las conexiones son evidentes: La esposa de Matar, Evangelina Godoy, fue incorporada en la lista de diputados provinciales por Cazabán. Parte del ovillo que intentará desenredar el fiscal.