Resignado, Mauricio Macri aceptó que para concretar acuerdos con figuras políticas de peso deberá dejar de lado el nombre PRO, una marca que le resultó exitosa en la construcción que lo llevó a la jefatura de Gobierno porteño pero que ya no le sirve en su intento por construir un estructura que lo habilite a pelear por la presidencia en 2015.

El inconveniente que genera el sello PRO es netamente político. Los posibles aliados del macrismo no quieren quedar pegados a ese nombre porque lo consideran asociado a cierta concepción frívola y marketinera de la política, que podría restarle seriedad a un armado electoral amplio.

Aunque en el PRO seguramente no están de acuerdo con esa mirada, los armadores y el propio Macri llegaron a la conclusión que desde hace tiempo esto les está impidiendo ampliar el espacio con dirigentes del peronismo y el radicalismo, que se muestran cercanos políticamente pero son reacios a incorporarse a la fuerza.

Fuentes del partido reconocieron a LPO que Macri aceptó que hay que dejar de lado este obstáculo y dio el visto bueno para avanzar en el armado de un frente electoral del que el PRO sea parte pero que lleve otro nombre. Una situación similar a la que llevó a Néstor Kirchner a formar la alianza Frente para la Victoria y contener a los sectores que no querían ser parte del PJ.

Por eso, en 2013 el nombre PRO no estará por primera vez en las boletas desde la conformación del partido, en 2005. Dos años antes, el actual jefe de Gobierno había competido por ese cambio con Compromiso para el Cambio.

Varios de los posibles aliados ya habían dejado en claro esa intención. LPO anticipó hace varias semanas que una de las condiciones de Roberto Lavagna para acordar con Macri era competir con el nombre de un frente. Hoy, el ex ministro de Economía dijo que "es seguro que no voy a ser candidato por el PRO". "La cabeza por la que yo podría entrar en esa alianza sería el partido FE del "Momo" Venegas", explicó.

Otro que por lo bajo asegura que de ninguna manera repetirá la fórmula utilizada en 2009 es Francisco De Narváez. “El Colorado” ya avisó que si logran cerrar el acuerdo no se va a llamar Unión-PRO. Del mismo modo, Gustavo Posse lanzó una campaña impulsada por el macrismo pero lejos del característico amarillo y del nombre PRO.

Gerónimo Venegas, el radical José Cano, Alfredo De Ángelis y Martín Redrado también pusieron reparos. El ruralista entrerriano se lanzó junto al alcalde porteño pero avisó que “no voy por el PRO, voy por un frente donde sí está el partido de Macri”. Del mismo modo, el ex presidente del Banco Central adelantó que no lo van a ver “pintado de amarillo”.

En el PRO recuerdan que ya en las elecciones de 2011 se fue quitando poco a poco el amarillo y se agregaron varios colores, que aún persisten en la campaña del economista Carlos Melconián. Si en ese momento consideraban que el amarillo restaba, ahora creen que directamente ya no sirve.

Un problema mayor

El otro problema que surge para la conformación de alianza concierne a todas las fuerzas políticas de la oposición. A partir de la última modificación del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo incluyó un requisito para que los aspirantes deban pertenecer a fuerzas o frentes con personería jurídica en al menos 18 de los 24 distritos del país.

En todos esos distritos deberán tener la misma denominación y conformación, con lo que no sólo se impide la participación de partidos provinciales sino que también se complica los acuerdos que algunos partidos nacionales, como el PRO, tenían en diferentes distritos. Por ejemplo, Macri negocia con el radical Cano en Tucumán y el peronista De Narváez en Buenos Aires, mientras en Mendoza mantiene su alianza con el Partido Demócrata.

El presidente del PRO, Humberto Schiavoni, explicó que el problema para ellos no es la personería jurídica ya que la tienen en 21 distritos, pero sí lo será a la hora de cerrar acuerdos porque el objetivo del oficialismo es que "la oposición se organice", según declaró a NA.

De todos modos, tanto el partido de Macri como en el resto de la oposición confían que la Justicia podría impugnar la ley.