Los hogares y empresas de Corrientes y Córdoba tendrán que seguir esperando para poder contar con una red de gas que les permita consumir energía a costos razonables. Es que tanto el proyecto que el gobierno de De la Sota iba a financiar con un préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, como el que Ricardo Colombi impulsaba en su provincia mediante un fideicomiso, tienen hoy un destino incierto.
El caso más paradigmático es el de Córdoba. Luego de una gestión de dos años con el Bndes por un préstamo de 257 millones de dólares, el presidente del Banco Nación Juan Carlos Fábrega le señaló al gobernador de esa provincia que el trámite debía reiniciarse en el ministerio de Economía y el Banco Central. El argumento por el que el Nación le negó la autorización final para liberar el primer giro por U$S71 millones fue la modificación de algunas cláusulas del contrato, a pesar de que se mantuvieron los montos "globales" de la operación.
Eso retrasará como mínimo un año más hasta la nueva presentación de papeles.
El periodista corresponsal en San Francisco por el diario La Mañana Miguel Perín contó a LPO que en esa región las obras complementarias “están completamente paralizadas” por igual en los dos caminos posibles por los que iba a hacerse el tendido: el de la ruta 19 y el de Devoto.
“El servicio público de gas es imprescindible para sostener la competitividad de la producción agroalimentaria”, explicó Perín, quien desde hace 9 años trabaja como cronista en esa zona productiva.
La situación generó malestar entre los pobladores y productores de la zona. Por eso el intendente de la localidad de Porteña Carlos Baigorria le envió hace una semana una carta a Cristina en la que le pide su “intervención” para destrabar “el peligro de realización” que corre el gasoducto lechero en el tramo Devoto-Morteros, de unos 90 kilómetros.
Según confió Perín, la presidenta habría derivado el tema al ministro de Planificación Julio De Vido y mañana habría novedades con una respuesta oficial.
Lo cierto es que la caída del contrato con el Bndes puso en duda la concreción de ese proyecto. “No hay plazo”, sostuvo Perín.
El proyecto original hablaba de unos 40 kilómetros de gasoducto que no tardarían más de 6 meses en construirse. El costo no era representativo: rondaba los 160 millones de pesos, una cifra totalmente manejable por el gobierno, si decidiera poner esfuerzos en la zona. E incluso contaba con el apoyo de unas 12 empresas importantes de la zona, que ofrecieron financiar el fideicomiso que iba a lanzar el Banco Nación. Esa operación nunca se concretó.
De cumplirse el proyecto, permitiría dotar de gas a 6 localidades en una zona rural, y no sólo a las compañías que producen allí sino también a las 50 mil personas que actualmente tienen que vivir comprando gas envasado, muchísimo más caro que el gas de red. En total, se calcula que la mitad de los habitantes de la provincia carecen de gas de red.
Los gasoductos troncales son redes maestras para la distribución de gas natural. Son necesarios para abastecer a gran parte de la población que hoy depende de garrafas. La obra prevista abarca cinco nodos en distintos puntos de la provincia (sistemas Centro, Este, Norte, Ruta 2 y Sur) y después, se necesitarán los tendidos de conexión en cada localidad.
Una disputa más que política
La pelea entre De la Sota y Cristina se llevó puesto el crédito del banco brasileño. De otra manera no se explica por qué el gobierno le denegó la firma, porque no le implica costo financiero alguno. Solamente debía poner la firma para que De la Sota consiguiera el 80% de los recursos. El resto del dinero lo iban a cubrir las arcas provinciales.
De esta forma, la presidenta aprovechó políticamente un problema económico: la escasez de fondos a nivel nacional que pueda financiar obras públicas de magnitud, y que podría capitalizar por su cuenta si colaborara en su construcción.
Con sus particularidades, algo similar ocurrió en Corrientes. El diputado radical por esa provincia, Lucio Aspiazu, realizó una denuncia ante la falta de informes sobre el Fondo Fiduciario Gasoducto Noreste Argentino, el cual fue incluido en el presupuesto 2012 y que luego desapareció en la ley de leyes del 2013. Sin embargo, la plata sigue sin aparecer.
En diálogo con LPO, Aspiazu señaló que en ese entonces el gobierno dispuso que el fondo iba a financiarse con cargas que iban a cobrarse a los consumidores a "de toda la república argentina". “Yo pido un informe para saber si esos cargos se cobraron, si se hizo el fondo y si se hizo, qué destino tuvo esa plata”, explicó el legislador.
“Corrientes hace un esfuerzo en su presupuesto para hacer las obras complementarias, a un costo altísimo, que el gobierno nacional podría hacer tranquilamente”, sostuvo.
"El Gasoducto Noreste Argentino (GNEA), fue planteado para asegurar el abastecimiento de gas natural a Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe; a fin de garantizar la provisión en forma sostenida de los caudales necesarios para su uso y para la producción tanto industrial, agroindustrial como residencial. Ya pasaron quince meses de la aprobación del Prepuesto 2012, que creaba el fondo para el Gasoducto, y a la fecha no recibimos ningún informe sobre el avance del mismo por parte del Ministerio de Planificación, ni de cuáles serían los montos totales de la inversión y el plazo de ejecución de la obra", destacó Aspiazu.
El diputado radical advirtió que “como hay crisis energética cortan la provisión a las provincias”. En ese sentido, apuntó que “Corrientes y Misiones no tienen nada” de ese fluido.
La construcción de un gasoducto permitiría aliviar la carga que representa para las familias correntinas gastar entre 26 y 30 pesos por cada kilo de gas. Y para las empresas, reducir los costos que ahora tienen por traer el fueloil desde Zárate.
