Las mediciones que hacen el Indec y las consultoras privadas coincidieron en que la inflación se desaceleró en febrero, gracias al acuerdo de precios que logró el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Para el organismo oficial, la suba fue de sólo 0,5%, la más baja en más de 3 años, mientras que para el IPC-Congreso que difunden diputados opositores fue de 1,2%.

En los dos casos la cifra resalta sobre los números de enero, cuando según estadísticas oficiales había sido del 1,1%, y la de los estudios multados por Moreno, del 1,5%. Es decir, a pesar de la diferencia en los valores (el nivel), la tendencia se reflejó en los resultados de ambos indicadores, más allá de los cuestionamientos que puedan realizárseles en su metodología, sobre todo a la del Indec.

Los economistas acuerdan que el control de precios puede servir para bajar la inflación durante los meses que dure el acuerdo, pero que si se prolonga demasiado puede generar desabastecimiento. Y el interrogante que desvela a los especialistas es qué sucederá el día siguiente al que determine el fin del congelamiento.

Moreno ya insinuó que pretende extender los controles hasta octubre, cuando el gobierno debe afrontar el momento decisivo de las elecciones legislativas.
En ese sentido, según un informe del Banco Ciudad, “la cuenta que hace el gobierno es simple: si logra reducir el ritmo de aumento de los alimentos y bebidas al 10% anual, aún cuando el resto de los rubros trepasen al 30% anual (un escenario que no puede descartarse), la inflación rondaría un confortable 24%, en línea con el cierre de las primeras negociaciones salariales”. Con lo cual la suba de precios sería menor a la del año anterior, siempre de acuerdo a mediciones privadas.

Los economistas ponen el ojo en el ritmo de emisión monetaria. Según afirmó a LPO Aldo Pignanelli, ex presidente del Banco Central, el gobierno duplicó la tasa de crecimiento de billetes emitidos de un 20 a un 40 por ciento anual.

Esta visión también la comparte la entidad presidida por Federico Sturzenegger.
“La economía argentina está enfrascada en un círculo vicioso de déficit fiscal, emisión e inflación. Como el perro que corre su propia cola, el gobierno intentó frenar la inflación retrasando el tipo de cambio y las tarifas, lo cual obligó a un aumento de los subsidios que escalaron a casi 4 puntos del producto y explicaron la reaparición del déficit fiscal hasta niveles que no se venían desde los peores años de la Convertibilidad, ahora financiado totalmente con emisión monetaria”, diagnostica la entidad.
 
"Ni el economista más heterodoxo recomendaría seguir emitiendo a este ritmo en combinación con un congelamiento de precios que –aunque eficaz a corto plazo- aumenta las chances de un rebrote inflacionario en el futuro", concluye el estudio.

El ancla salarial

En una columna publicada hoy en Ámbito Financiero, el economista de Fiel Juan Luis Bour coincidió en ese análisis. El analista sostiene que el ancla “más efectiva en el pasado -la cambiaria- se ha desvanecido con la aceleración de la tasa de devaluación al 19% anual frente al 8.6% en la punta de 2011 y menos del 5% en la punta de 2010. Las tarifas de los servicios públicos perdieron su condición de ancla en 2012, dando lugar a un crecimiento del 25% de los precios "regulados" frente al 16% anual en 2010/11. Es poco probable que se insista con alguna de estas variables como instrumento antiinflacionario: profundizar el retraso cambiario generaría expectativas de explosión y atrasar más las tarifas aumentaría el deterioro fiscal llevando a una mayor emisión (e inflación) para financiar el déficit”.

“No quedan muchos precios líderes para servir de ancla nominal, excepto las tasas de interés y los salarios. Las tasas domésticas están reptando desde el 12% al 15%-16% anual mientras que las tasas externas para la Argentina no tienen techo. Con los salarios, las cosas pueden ser diferentes. Hasta hace un tiempo se impulsaba su crecimiento bien arriba de la inflación, pero ahora parece ser el turno de aplicar un freno. La política pública de ingresos se vuelve contractiva, sumándose al frío que llega con la recesión”, advierte Bour.

El director de Fiel da algunos datos ilustrativos: “en el sector privado formal, los salarios nominales crecían al 29% anual a fines de 2010 y al 36% anual a fines de 2011 (IVS, INDEC). El ritmo descendió al 26% en el último trimestre de 2012 y al 24.5% en el primer bimestre de 2013. Todo indica que los aumentos de salarios formales privados tendrán un techo por debajo del 25% en la primera mitad de 2013: cuánto por debajo determinará si los salarios reales caen o permanecen estables”.

En definitiva, el gobierno desembocó en el control de precios para intentar enfriar la inflación y con ello los reclamos salariales, lo cual supone que en su conjunto le permitiría lograr una "acotada" suba de precios para el 2013.

¿Fin del ancla cambiaria?

Por otro lado, también parece haber habido modificaciones en materia cambiaria. La depreciación del tipo de cambio se aceleró la semana pasada hasta alcanzar el 30%, después de que en los primeros dos meses descendiera a un 15% desde el 20% con que había cerrado en diciembre.

El salto en la cotización fue de $5,07 a $5,10 en sólo cinco días, y los inversores ya hablan de un dólar a $6,20 para octubre y $6,80 para fin de año. Eso implicaría acelerar la devaluación a un 40% anual, con la ya sabida incidencia en el proceso inflacionario.

Para Pignanelli, el dólar “estará arriba de los 6 pesos a fin de año”, mientras que el paralelo alcanzará los $10.

Esto es tapar un problema por pocos meses para después tener un problema mucho más grave. Si el gobierno no logra reducir gasto y emisión, no hay
ingresos genuinos. Presión inflacionaria se incremente tengamos a la salida del acuerdo. Un congelamiento sin ajustar la macro terminan muy mal, no ay ninguna experiencia en la que haya terminado bien.

El ex funcionario ni siquiera confía en que una buena cosecha pueda mejorar la situación, que se necesitarán más dólares para importar combustibles, cancelar deuda pública y privada, y habrá menos préstamos por parte de organismos como el Banco Mundial o el BID. Pignanelli cree que si se logra un superávit comercial de 12 mil millones de dólares alcance para cubrir las necesidades, que rondarán los U$S15 mil millones, estimó.