El juego en Mendoza es un tema que le ha traído dolores de cabezas a las últimas administraciones. No sólo por la polémica sobre potencial aumento de los casos de ludopatía, sino porque es el telón sobre el que se despliega una pelea que envuelve milones que podría perder el Estado.

Uno de los grupos mediáticos más poderosos del país, busca que se cumpla un beneficioso contrato que firmó el ex gobernador Celso Jaque y que Paco, por el momento, no ha puesto en marcha.

Se trata del Grupo Uno, liderado por Daniel Vila y José Luis Manzano, que a través de Mendoza Central Entretenimiento pretende que el 47% de lo recaudado por las máquinas tragamonedas que ha instalado en las salas de juego estatales sea su porcentaje de ganancia.

Las pautas del contrato, que rubricó Jaque en el 2010, elevaba de 26% a 47% la ganancia de los privados, a cambio de mejoras en las salas y máquinas de última tecnología, es decir les “exigía” que invirtieran más en su negocio. Los dos primeros tramos del contrato se pusieron en marcha. Pero el tercero no, básicamente por comprender Paco Pérez que los privados terminarías ganando más que el Estado, cuando los ingresos a la Provincia se utilizan básicamente para programas de salud y educación.

El negociador

Paco Pérez quiere evitar a toda costa que el Estado termine siendo un socio minoritario de los privados en la recaudación d e ganancias del juego. Esta es la tarea que tiene hoy Carlos Bianchinelli, durante 9 años legislador provincial y el hombre que eligió Paco para reconducir el escandaloso contrato de Jaque.

Bianchinelli integra el sector del peronismo mendocino que lidera Juan Carlos Mazzón –ex padrino político de Manzano- y es el flamante presidente del Institutos de Juegos y Casinos de Mendoza.

Recién asumido dijo que analizará el contrato con Mendoza Central Entretenimiento (Vila-Manzano) y determinará cómo se puede poner en marcha el acuerdo sin “perjudicar las arcas estatales”.

Se trata de una complicada negociación, ya que Bianchinelli deberá intentar cambiar algo que ya está firmado y es conocido en la provincia el poder del Grupo Uno –que tiene varios de los medios más fuertes de la provincia-, para lograr sus objetivos.

El contrato debió entrar en vigencia sobre el final del año pasado, pero Paco logró frenarlo aduciendo que estaba esperando un dictamen de la Fiscalía de Estado. Es que el gobernador sabe que podría pagar un alto costo político si convalida un esquema de negocios que termine beneficiando claramente a los privados por sobre el Estado.

Tras los tres recálculos estipulados en el contrato (26%, luego 33% y hoy 40%), Mendoza Central Entretenimiento facturó el año pasado 70% más que en el 2011, pero el Estado prácticamente lo mismo. Si se cumple con la cuarta actualización, la diferencia será aún mayor, desatando, se descuenta, una protesta generalizado de las organizaciones y servicios que se mantienen gracias a los ingresos por las salas de juego del Estado.