El gobernador de Mendoza, Paco Pérez, intentó hoy retomar la iniciativa, luego que quedará expuesto por el anuncio intempestiva de la minera Vale de suspender su megaproyecto Potasio Río Colorado de Malargüe, decisión sólo parcialmente desmentida desde Río de Janeiro.

Paco, que viajó de urgencia a la cumbre del Mercosur de Chile para reunirse con las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rouseff por este tema, afirmó hoy que el proyecto continuará, “con o sin Vale”, y reveló que el Estado podría retomar la obra en asociación con capitales chinos.

Dijo que “hay muchos interesados” privados que podrían financiar la monumental inversión de unos 5.000 millones de dólares comprometida por Vale. Asimismo, el gobernador manifestó que el Estado argentino podría intervenir en los trabajos, y no descartó, a su vez, interés de capitales chinos, de la mano del recientemente ingresado Banco Industrial y Comercial de China, a través de la compra de Standard Bank.

Paco Pérez reveló además que el tema de la minera estuvo presente en la bilateral que mantuvieron Cristina y Dilma y agregó que la mandataria brasileña tomó nota de la situación antes de partir rauda a su país por la tragedia en la disco de Santa María.

Paco contó que en la reunión de Santiago, las presidentas instruyeron a sus ministros para buscar mecanismos en paralelo que ofrezca en algún tipo de beneficio tributario o fiscal para Vale en Malargüe. “Así, quizás se podrían bajar en unos 1.000 o 2.000 millones de pesos la inversión”, relató Pérez. No obstante, descartó de plano que Cristina esté analizando diferir para la empresa el pago de IVA hasta la etapa de extracción, cuestión que le fue trasmitida a Rousseff. “Representaría una pérdida de ingresos al Estado nacional de unos 1.000 millones de dólares”, argumentó Pérez.

Un dato no menor es que la presidenta Rouseff tiene una histórica mala relación con esta minera, desde que ocupaba el cargo de ministra de Minería y Energía en el gobierno de Lula. De hecho, cuando asumió la Presidencia, Vale tuvo que cambiar íntegra a toda su cúpula para tratar de mejorar la relación.

Así, convirtiéndose en el vocero de la situación, Pérez intenta remontar los pasos en falsos que dio su administración la semana pasada, cuando dos días antes de que la minera brasileña anunciara oficialmente la decisión de paralizar los trabajos, sus funcionarios insistían con que estaba todo dentro de los plazos provistos según el receso por las fiestas comunicado por Vale.

Ahora, sintiéndose fuerte por se el único gobernador en la reunión bilateral entre Cristina y Dilma –cuestión que recalcó-, salió a tomar la iniciativa, convencido de que Potasio Río Colorado algún día será explotada, más allá de a decisión de Vale.

La movida de Paco también tuvo que ver con las críticas que le dedicó el titular de la UCR mendocina, Alfredo Cornejo, quien lo calificó de “débil” y de tener “muy poco peso” en las grandes decisiones de la región.

Los números en juego

Según confesó Pérez, su gran preocupación es, primero, el empleo de unas 4.200 personas que en forma directa o indirecta están relacionadas con el proyecto. Es por eso que puso énfasis en la protección de la mano de obra y también la necesidad de definir rápidamente el futuro del emprendimiento.

Pero no sólo el trabajo le interesa a Pérez: una vez que la mina produzca, los beneficios para Mendoza podrían ser equiparables a los que recibe del petróleo, en este momento la primera actividad en términos de ingresos (le sigue el turismo y la vitivinicultura).

El trabajo de exploración ya se hizo; la infraestructura para que funcione está al 90% y sólo faltaría definir el trazado ferroviario y la construcción de un puerto que saque la producción por la costa bonaerense. Ambas iniciativas están congeladas y este fin de semana la propia Vale confirmó el anticipo de LPO: se suspendió la construcción d ela ferrovía que iba a ir de Mendoza al mar, pasando por Neuquén.

Frente a este anuncio puntual, Pérez ha propuso que se refuncionalice un viejo trazado que atraviesa el sur de Mendoza. Este podría hacerle “ahorrar” a la minera unos 1.000 millones de pesos, según el gobernador.