Mañana domingo, y luego de tres temporadas, desde el descenso de Central, se disputará el primero de los dos clásico. El partido se jugará en Arroyito y la revancha en la cancha leprosa. A pesar que no habrá público visitante, el gobierno previó la presencia de 700 policías, un helicóptero, 120 agentes municipales y cinco cámaras de seguridad.

La magnitud del operativo da cuenta de los hechos de violencia registrados durante la semana previa, que hicieron peligrar el encuentro. Una serie de atentados incendiarios contra inmuebles, cuyos propietarios estaban relacionados con las parcialidades, pusieron en jaque los partidos y mostraron las deficiencias en las políticas de seguridad que trascienden al deporte.

La crisis policial desatada a partir del caso Tognolli; los saqueos, y los crímenes y atentados relacionados con la trama del narcotráfico, sumado a la inseguridad cotidiana y la violencia protagonizada por las barras de Newell’s y Central, dan poco margen al poder político. Si bien, para el secretario de Gobierno municipal, Fernando Asegurado, “jugar el partido es ganarle a los violentos”, es indudable que pesa una profunda preocupación en los dirigentes municipales y provinciales.

“Por un partido renunció un ministro de Seguridad, que no pase lo mismo con Lamberto” advirtió el concejal justicialista, Diego Giuliano, en referencia al ex ministro Corti quien se negó a que se juegue Central-Patronato en Santa Fe por temor a represalias de la policía luego de haber puesto en disponibilidad a varios agentes. Bonfatti desautorizó a su ministro y confirmó el partido por lo cual Corti renunció.

El ambiente que se fue generando durante la semana también alertó al Poder Judicial. La jueza de instrucción Alejandra Rodenas, luego de reunirse con funcionarios del Ministerio de Seguridad y dirigentes de los dos clubes afirmó que “la escalada de violencia que acompaña al clásico nos prende una luz roja”.

“La seguridad del socialismo es tan débil que un partido de fútbol, aún sin público visitante, pone en riesgo a la ciudad” sintetizó el concejal Giuliano.

Vacaciones inoportunas

Tan delicada es la situación en la provincia por la crisis del narcotráfico, que la oposición cuestionó que Bonfatti hayan elegido justo este momento para tomarse sus vacaciones delegando el poder en el vicegobernador y el presidente del Concejo Municipal respectivamente.

La diputada kirchnerista María Eugenia Bielsa, cuestionó las licencias: “Creo que todos tenemos derecho al descanso pero no me parece oportunidad para que ambos, el gobernador y la intendenta de Rosario no estén presentes con todo lo que está pasando en la ciudad”.

La respuesta del socialismo no se hizo esperar. El ministro de gobierno de Santa Fe, Rubén Galassi, le pidió a la diputada que “sea más respetuosa”, y volvió a la carga con las “limitaciones objetivas” que tiene la provincia para luchar contra el narcotráfico: “ya que quiere colaborar, le digo que hable con su hermano Rafael, que está a cargo del Sedronar, a ver si tiene algún plan o idea para aplicar en la ciudad de Rosario”.

El funcionario a cargo del Sedronar también se defendió y recordó que “por decisión de la ex ministra de Educación Élida Rassino, (Santa Fe) no forma parte del lote de 18 provincias que aplican el programa de prevención socio educativo ‘Quiero Ser”. Y agregó que el gobierno nacional capacitó a 120 agentes para la Lucha contra el Tráfico lícito de Drogas y mientras que en la provincia, hay un pedido de fiscalización de 19 empresas que trabajan con precursores químicos, sólo se concretaron en tres.