La Sociedad Rural Argentina (SRA) confirmó esta noche mediante un comunicado el anticipo de LPO. Demandarán al gobierno por la expropiación del predio de Palermo.

"La medida anunciada por el poder ejecutivo constituye un claro ataque a la propiedad privada, un avasallamiento a los derechos plasmados en nuestra Constitución Nacional y es también una fuerte agresión al campo en su conjunto", sostuvo la entidad.

La SRA agregó que la compra del predio "fue realizada respetando estrictamente el marco legal vigente, y los procedimientos de valuación y venta de activos del Estado. La venta directa estuvo encuadrada en las disposiciones aplicables a propiedades históricamente ocupadas y utilizadas por instituciones existentes".

Respondió así las acusaciones del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y agregó que en su momento "la Sociedad Rural Argentina se comprometió legalmente a construir modernas y avanzadas instalaciones para ferias internacionales, las que están hoy a la vista" y subrayó que "ellas requirieron cuantiosas inversiones que superaron los 100 millones de dólares".

"Además, se obligó a conservar y a rehabilitar los pabellones históricos y a ceder una parte de la recaudación al gobierno nacional, que fue siempre cumplida. El precio de venta fue el correcto y se determinó bajo todas estas circunstancias", reiteró la entidad.

"El 80 % del precio ya fue pagado. El saldo remanente por el pago del predio fue informada por el jefe de Gabinete con cifras absolutamente inexactas. La Sociedad Rural Argentina no ha transgredido ninguna Ley y ha sostenido y crecido su actividad en el Predio en cantidad y calidad en beneficio del campo argentino, la ciudad y el país", agregó la Rural, que calificó el decreto que dispone la estización del predio como "una aberración jurídica" que oportunamente "deberá ser dirimida en los tribunales de la Nación".

Para luego denunciar que "la Argentina está viviendo momentos en los que se intenta acallar aquellas voces que piensan diferente. Se utiliza para esto organismos estatales con el objetivo de amedrentar a periodistas, jueces y dirigentes sociales, gremiales y políticos".

"Esta medida se enmarca dentro de un sistemático ataque a nuestra institución que debe interpretarse como un ataque al sector productivo en general y al campo en particular. Esto se enmarca también en acciones como el cierre de las exportaciones de carne, la intervención al Mercado de Hacienda de Liniers, la suba de las retenciones a los granos, y la Resolución 125, para citar sólo algunas de las cuantiosas y agresivas medidas que se tomaron", concluyó la entidad.