Después de 33 años, la promoción industrial, el régimen por el cual el Estado Nacional que subsidia a las industrias para que se instalen en San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca, quedará desactivado a partir del 31 de diciembre. La novedad, largamente negociada es festejada por Mendoza, Chaco y Santiago del Estero, que venían pidiendo la caída del sistema desde hace años con el argumento de la pérdida de competitividad. De todos modos, el Gobierno nacional también sonreirá ya que se ahorrará unos 8 mil millones de pesos anuales.

Uno de los gobernadores más interesados es el mendocino Francisco “Paco” Pérez que negoció personalmente con la Casa Rosada el fin de la promoción ejecutada en tiempos de la Dictadura. La semana pasada, el mandatario reunió a dirigentes y empresarios de su provincia para hacer un análisis del nuevo escenario. Entre los presentes estuvo el diputado nacional y ex intendente de la pujante San Rafael, Omar Felix, que en diálogo con LPO defendió la caída de promoción.

- ¿Qué balance se hizo luego de la reunión con empresarios y funcionarios?

-Fue una reunión en donde el gobernador se informó sobre la situación de la promoción industrial que tiene como fecha de vencimiento el 31 de diciembre. El tema es que somos conscientes que hay provincias que son beneficiadas por la promoción y que tienen urgencias como son Catamarca y La Rioja. Tienen una situación de mayor conflicto como pueden ser San Luis y San Juan y sabemos que existe un fuerte lobby para conformar ese beneficio.

La nuestra no es una posición egoísta, tenemos que reconsiderar la situación de estas provincias pero la promoción como tal, si se quiere que perdure después de 30 años es porque no ha generado sustentabilidad en las empresas que se han instalado. Fue una reunión informativa donde también se vio el apoyo de todo el empresariado.

- ¿Qué significaría para Mendoza la caída de la promoción industrial?

- La promoción industrial, tal como ha sido aplicada, ha producido un impacto en la provincia de Mendoza con distinta intensidad según la zona geográfica. Ha sido mucho mayor en el interior donde no solo hemos perdido la instalación de nuevas empresas sino que tuvimos éxodo de empresas y trabajadores con lo que esto implica en el costo social dado que se trasladaron familias enteras tanto a San Luis como otras provincias promocionadas. El impacto ha sido terrible por ser provincias limítrofes y hemos llegado al sinsentido de que industrias alimenticias se iban de San Rafael a instalarse a San Luis donde no hay producción frutícola. Eso ha sido el mayor impacto y es un tema que hay que corregir, lo cual no significa que no haya que aplicar herramientas que corrijan distorsiones o desigualdades en el territorio.

- ¿Hay alguna salida para que la caída de la promoción no afecte a las provincias que ahora sí cuentan con ella? Por ejemplo, muchos piden regionalizar los incentivos u ordenarlos po áreas productivas.

-He escuchado muchas propuestas. Algunos hablan de trabajar por actividades, por sectores, por regiones. La verdad es que nada de esto va a dar resultado porque la verdad siempre va a haber alguien que pierde. La frazada es corta, cuando un beneficio para va a una región, va en detrimento de otra. La única solución es, más allá de esto, pensar en un plan de industrialización de la nación, teniendo claro el perfil que le queremos dar y una reforma fiscal que reglamente escalas tributarias en función de algunas ventajas o desventajas comparativas.

Se pueden tomar puntos de referencia como los grandes puertos de salida, y por distancia definir alícuotas de impuestos. Pero también habría que tener en cuenta el precio de una de materias primas fundamentales como es la energía. Mendoza es productora de energía limpia pero pagamos más cara que la Ciudad de Buenos Aires, donde hay energía contaminante. Una cosa es si se trata de consumo domiciliario y otra cosa es energía para industrias. Todo esto son distorsiones que hay que corregir para tener un desarrollo equitativo porque si no vamos a tener zonas que no se desarrollen.

- ¿Cuánto afecta esta situación a la relación entre Pérez con los gobernadores que pierden los beneficios?

-Se está hablando entre todos. Seguramente se va a buscar una solución alternativa y la salida para las provincias más complicadas pero la verdad es que no se si hay muchas soluciones.

-Pero Gioja dijo, textual, que a Mendoza “le faltan huevos para desarrollar la minería” y así obtener más recursos…

-Esa es otra discusión. Mendoza tiene un recurso muy valioso como es el petróleo, que representa los mayores ingresos. Pero la verdad es que hablamos de recursos no renovables, no me parece que una provincia deba fundar su economía en recursos no renovables. La minería es un factor que se opera pero no tiene que ver con los beneficios de un desarrollo industrial. Comparando las economías, es una gran ventaja que tengamos estos recursos y Mendoza explota bajo riego entre el 3 y 4 por ciento del territorio. Pero insisto, son recursos no renovables, no son los recursos que tienen las provincias de la pampa húmeda que con racionalidad pueden plantar soja toda la vida.

-Con una mirada macro, ¿se crearán más puestos de trabajo de los que se pierden?

-He leído que en las provincias promocionadas se perderían 100 mil puestos de trabajo. Eso sería una barbaridad porque significaría que todas las empresas promocionadas tendrían que parar y la pregunta es para qué sirvió la promoción si no fue capaz de dar actividades económicas sustentables. Si esto es así, es la mejor prueba de que este régimen no sirvió. ¿Cuántos puestos nosotros porque nuestras empresas no pueden competir?

-Hay una situación especial en la Justicia mendocina porque no está constituida la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y la provincia no podría apelar en su territorio en caso de que el tema se judicialice. ¿Cómo se va a solucionar ese tema?

-Desde luego que se está muy atento, e incluso los sectores privados están muy atentos. La Constitución es muy clara y dice que no se puede privar a nadie de acudir a la Justicia y si no está constituida la Cámara, sin ser abogado, está la instancia superior. Tengo entendido que falta un miembro y la ley tiene previstos mecanismos para suplantarlos.