El impacto que tendrá el vencimiento a fin de año de los beneficios de la ley de promoción industrial no será igual para todas las provincias que se veían beneficiadas por el programa. El mayor nivel de desarrollo relativo que poseen San Juan y San Luis, las pone en una situación mucho más robusta para enfrentar los nocivos efectos que tendrá la abolición de la reducción del pago del IVA, de Ganancias y de los derechos que gravan importaciones.

El régimen de promoción industrial abarcaba no sólo a las dos provincias mencionadas sino también a Catamarca y La Rioja. Según pudo saber LPO, estas últimas serán las más perjudicadas por la finalización de este régimen impositivo diferencial que entró en vigencia hace 35 años, durante la última dictadura militar.

Es que las cuentas fiscales de San Luis están ordenadas y es una provincia en la que el desempleo es casi nulo, por lo que tendrá un mayor margen de maniobra si decide reducir impuestos a la producción y mantener parte del trato diferencial que gozará hasta que concluya diciembre, aunque eso sí, a costa de una reducción en los ingresos fiscales.

En el caso de San Juan, la producción minera le ha permitido gozar de un mayor desarrollo económico, por lo que su estructura productiva no se verá tan perjudicada por la quita en las exenciones impositivas.

“Mendoza y Chaco se beneficiarán porque podrán atraer un mayor volumen de inversiones que antes se desviaban hacia las provincias promocionadas”, explicaron a LPO desde Economía y Regiones. El distrito gobernado por Francisco “Paco” Pérez es uno de los que desde hace larga data intentan dar de baja con esa política.

En el caso de Jorge Capitanich, ahora habrá mayores posibilidades de que las procesadoras de algodón se instalen allí, que es donde se produce esa materia prima. El problema es que por esta vía Chaco relegaba en manos de San Luis los ingresos fiscales y beneficios para la economía surgidos de la actividad.

“Es una decisión que afectará a las próximas empresas que se quieran instalar y no a las que ya están, que seguramente no se trasladen”, apuntaron desde E&R.

Motivos

Desde Economía y Regiones sostienen que la motivación del gobierno para dar de baja este régimen es reducir el excesivo gasto fiscal en puntos “que no sean esenciales”. El monto total que se ahorrará el gobierno con esta jugada es de 8.000 millones de pesos.

Ariel Barraud , del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) coincidió con este diagnóstico, al sostener que la medida se da en medio de un proceso de “ajuste fiscal”. Barraud comentó que el impacto no pegará igual en las cuatro provincias porque se les está sacando de un saque a todas por igual, sin atender a las particularidades de cada una.

Además, manifestó que “existen inconsistencias” por ejemplo en relación a la política energética o el atraso cambiario, que afecta la rentabilidad de las economías regionales.

“Las exenciones otorgaban una competitividad ‘ficticia’ a las empresas, con el objetivo de que la industria pueda desarrollarse y la idea original era quitarlas una vez que estas \'maduren\' ", dijo Barraud.

Los especialistas aclaran que el fin de este régimen no implicará un efecto directo sobre los fiscos provinciales, ya que las exenciones iban por parte del gobierno nacional. Aunque eso sí, la mayor competitividad de la que gozaban por medio de esta política hará menos atractiva la producción local, y eso podría impactar en los montos recaudados por los estados provinciales.

Tanto San Juan como San Luis son las provincias que mayor población tienen de las cuatro: 680 y 431 mil respectivament. Mientras tanto, Catamarca cuenta con 367 mil y La Rioja con 331 mil.

Ni bien se enteraron de esta noticia, los gremios pusieron el grito en el cielo por el riesgo que corren los 100 mil puestos de trabajo generados por las 500 empresas sobre las que recaería el ajuste, según publicó hoy Clarín. El monto salarial desembolsado por esas compañías llegaría a los 4.000 millones de pesos.

La polémica por la promoción fueguina

Lo curioso es que un gobierno que se dice industrialista, termine tomando una medida que perjudica la producción regional. Aunque si se observa las medidas que fue tomando a lo largo del año con los gobernadores que le son hostiles, no caben dudas de que se enmarca en el proceso de tercerización del ajuste hacia las provincias.

Mientras tanto, Cristina sigue manteniendo las exenciones impositivas en Tierra del Fuego, una provincia que a pesar de esas ventajas no ha logrado hacer despegar su industria. Según un informe del Cippec, "el costo del modelo de producción manufacturera en Tierra del Fuego para el erario público no es fácil de estimar debido a la presencia de subsidios cruzados y a que el Ministerio de Economía de la Nación reporta estimaciones del costo fiscal directo en términos de impuestos no percibidos".

"En 2012 se destinarán al régimen fueguino cerca de $5.600 millones del presupuesto nacional, o casi el 50% de los esfuerzos de promoción económica para todo el país. La provincia solo explica un 1% del empleo registrado total y menos del 0,6% del trabajo industrial formal en la Argentina", detallan en ese centro de estudios.

"Además, la producción de Tierra del Fuego requiere muy bajo contenido nacional y se destina casi totalmente al mercado doméstico. Como consecuencia, este modelo produjo un aumento de las importaciones y del déficit comercial de la isla. Las importaciones y el rojo de la balanza comercial casi se duplicaron en los dos últimos años: el déficit pasó de poco más de US$2.000 millones en 2010 a alrededor de US$4.500 millones en 2012. Así, Tierra del Fuego explica este año alrededor del 7% de las importaciones totales de la Argentina", reza el informe elaborado sobre el tema.

En ese sentido, el diputado Jorge Yoma disparó hace unos días contra el gobierno por esta decisión. “En Tierra del Fuego, para once empleados, les dan trescientos millones de mangos para que ensamblen máquinas de fotos. Hay un kiosco enorme ahí. Es mucho más redituable darle la promoción a La Rioja que a Tierra del Fuego”, lanzó en una entrevista publicada por El Cronista el viernes pasado.

Pero una fuente de una provincia a favor del desmantelamiento de los incentivos destacó que “hay elementos de la promoción que como tal no tiene sentido mantenerla tal como está, porque es poco competitivo, y sólo se han beneficiado unos cuantos vivos”. Y afirmó que en la provincia sureña tiene metas de integración porcentual creciente de productos de origen argentino que va cumpliendo paulatinamente. “Hasta se pararon inversiones hasta que las empresas no lo garantizaran”, se defendió.

“Los que sí se volvieron más competitivos apoyan terminar con los beneficios”, agregó dicha fuente, quien rememoró que el régimen actual es un 40% del que había acordado en su momento Perón.

“Hoy en día hay otras herramientas para lograr la promoción industrial como las políticas a nivel federal en cuanto a industrialización de la ruralidad, los créditos blandos del bicentenario y la instalación de parques industriales que evitan la deslocalización”, concluyó.