Sin haber adoptado medidas de fondo para superar el virtual quebranto que afecta a las empresas del sector, el Gobierno salió a presionar a las distribuidoras eléctricas para que se pongan al día con los pagos a Cammesa –la administradora del mercado mayorista– y amenazó con aplicar fuertes penalidades económicas a aquellas que se atrasen en la cancelación de las facturas emitidas por la energía que reciben del sistema, según publicó el diario Clarín.

Por medio de la resolución 2016, la Secretaría de Energía que comanda Daniel Cameron estableció que las distribuidoras que no abonen la totalidad de los montos facturados dejarán de recibir la energía a precios subsidiados y pasarán a pagar los valores reales del mercado que, en promedio, son cuatro veces más caros .

A partir de ahora, cuando una distribuidora incumpla con los pagos, Cammesa deberá informar el caso de inmediato a la Secretaría de Energía para que ésta adopte las sanciones que prevén la aplicación de los denominados “precios estacionales no subsidiados”, que oscilan entre los $ 300 y $ 393 por MWh en lugar de los actuales “valores subsidiados”, que van de los $ 60 a los $ 120 por MWh.

A contramano de lo que sostiene públicamente, en la nueva normativa el Gobierno reconoce la crítica situación que afronta el sector y los problemas que genera la ruptura de la cadena de pagos. Entre otros justificativos de la medida destaca que los incumplimientos de las distribuidoras ponen “en serio peligro la cadena de cubrimiento de los costos eléctricos, haciendo que los recursos provenientes de los subsidios se tornen infructuosos”. Además, advierte que la interrupción de los cobros “implicará no poder hacer frente a los costos de operación y mantenimiento de la generación y el transporte y al repago del financiamiento de las inversiones presentes y futuras”.

Desde mediados de año, las principales distribuidoras privadas y estatales entraron en default al no poder pagar la totalidad de las facturas emitidas por Cammesa. La administradora del mercado eléctrico que controla el Estado sólo está cobrando, en promedio, el 40% de las sumas que factura a las operadoras eléctricas. Sobre un movimiento mensual de $ 870 millones, arrastra un nivel de morosidad que roza los $ 620 millones.

Los incumplimientos más significativos se registran con Edenor, Edesur y Edelap, que concentran casi el 40% de las transacciones comerciales del mercado eléctrico y que, en lo que va del año, ya acumulan una pérdida conjunta que supera los $ 1.200 millones .

Desde el mes pasado, Edenor –del grupo Mindlin– cancela sólo la mitad de la energía que toma del sistema. Edesur (de Enel-Endesa), por su parte, si bien ahora está pagando la totalidad de la factura, pidió financiar una deuda de $ 214 millones. Y Edelap (de un fondo liderado por Alejandro Macfarlane), que ya incumplió dos planes de pago, tiene solicitada una nueva financiación para cancelar $ 100 millones a 5 años. A ellas se suman otras 30 distribuidoras provinciales y cooperativas del interior que también arrastran atrasos.