La justicia norteamericana rechazó ayer el pedido de los bonistas que entraron en el canje de ser parte activa del juicio que perdió el Gobierno en dos instancias y de postergar el fallo que le ordena al país a pagar a los holdouts, en 18 días, unos 1450 millones de dólares.

Thomas Griesa, juez de primera instancia de Nueva York, denegó ambas peticiones, presentadas por un grupo de fondos de inversión liderados por Gramercy. El escrito, luego elevado a la Cámara de Apelaciones para su revisión, dice que "la negación del efecto suspensivo creará un serio riesgo de default que tendrá un efecto negativo a nivel sistémico en países e inversores en todo el mundo, que llevará a serias consecuencias para la economía global".

El Ministerio de Economía argentino también presentó anoche un pedido de revisión ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El objetivo es aplazar la ejecución del fallo y evitar un embargo de los fondos enviados por el país al Bank of New York para pagarles a los bonistas que aceptaron los canjes de la deuda. Fuentes oficiales admitieron ayer a LA NACION que las posibilidades de que se revea el fallo de Griesa son pocas y que lo que se busca ahora es minimizar los daños.

Desconcertados por la poca atención que les prestó el juez a los argumentos de la Reserva Federal de Estados Unidos y de los bonistas que aceptaron el canje, funcionarios del Gobierno tratan de precisar ahora si también es posible que se vean afectados "pagos de la Argentina que están en una zona gris".

Dado que Griesa aclaró que los recursos que distribuirá el Bank of New York (BoNY) no son embargables -ni siquiera los que el país girará el 15 del mes próximo a Nueva York por US$ 3100 millones-, el temor del Gobierno es que los demandantes "ataquen los flujos de pago" del país.

"Como Griesa no tuvo en cuenta el impacto que su escrito puede tener ante terceros, tenemos más esperanza de que la cámara pueda revisar su decisión", dijo una fuente oficial.

Un eje conceptual se impone por encima de todas las quejas a los fallos de la justicia norteamericana: la disrupción al sistema de pagos, tal como lo argumentó también la Fed en su propio escrito en esta causa.

"El gran asunto a develar no es el fondo de la cuestión, sino si la cadena de pagos es atacable o no", indicó la fuente. El funcionario no quiso opinar sobre las especulaciones del mercado en torno de la posibilidad de que el Gobierno deposite una garantía en una "cuenta testigo" antes del 15 de diciembre, a la espera de la resolución definitiva de la causa.

"Ésos son planteos instrumentales para una etapa posterior", indicó la fuente, sin dar más precisiones.

La única decisión trascendente para el Gobierno sería lograr que se reinstale la "suspensión" de la sentencia, tal como lo pidió en la revisión del fallo conocida anoche, de modo de poder hacer los pagos de diciembre sin sobresaltos y eludir un default que la mayoría del mercado ya juzga inevitable. En un comunicado, la Presidencia informó que la "Argentina resalta que la suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros". Además, criticó nuevamente a Griesa.

Pero esta concesión, indicaron abogados que participan del caso, difícilmente pueda lograrse sin ese depósito, más allá de la lectura política que pueda hacerse al respecto.

"Hay que ser un poco audaz y plantear un mecanismo de negociación de la cuenta testigo, al menos con una suma baja, pero que refleje que el país tiene buena fe. Además, el juez ya planteó a las partes que se pongan de acuerdo sobre este tema", indicó una fuente del sector privado con acceso al expediente.

Ayer, la energía del Ministerio de Economía y de los fondos de inversión que participaron de los canjes estuvo colocada en preparar nuevos escritos para que sea reinstalado el efecto suspensivo de la sentencia de segunda instancia.

Al respecto, el abogado Eugenio Bruno, especialista en temas de deuda, dijo que "el mejor camino sería apelar, pero usando argumentos técnico-legales, como cuestionar la aplicación del pari passu tal como ha sido entendida en este caso, defender el fideicomiso constituido mediante el BoNY, reinstalar el no innovar en virtud de la existencia de pagos durante varios años más, cuestionar la fórmula de pago y la cuenta escrow". En cambio, sostuvo: "No creo que sirva utilizar argumentaciones políticas, de justicia o injusticia, de afectación de futuras reestructuraciones", que ya fueron desestimadas por los tribunales.

En cuanto a las posibilidades que tienen los bonistas que ingresaron a los canjes de revertir ante la Cámara de Apelaciones la negativa de ayer de Griesa, Bruno admitió sus dudas. "Usualmente no tiene tiempos fijos para expedirse, pero por la inminencia de la fecha de pago (15 de diciembre) quizá pueda expedirse antes de dicha fecha, pero no puede anticiparse nada en este momento", explicó.

En el plano de las suposiciones, ni Bruno ni otro experto legal consultado por LA NACION dieron demasiada importancia a la versión que da cuenta de la posibilidad de que la Argentina cambie el lugar de pago a los bonistas en diciembre. "Si hacen eso estarían en desobediencia con la orden de Griesa de no cambiar el lugar de pago y de considerar cómplices a los abogados o bancos que ayuden al país a eludir el fallo", indicó el experto.

Un informe del banco Credit Suisse indicó que "mientras la situación de la Argentina y de los bonistas reestructurados parece ser muy difícil, se mantiene la posibilidad de que la Corte de Apelaciones subsane la orden de Griesa respecto de la responsabilidad de las terceras partes intermediarias".

Al respecto, Boris Segura, de Nomura Securities, consideró que "la última esperanza de la Argentina de no incurrir en default técnico es que las instancias judiciales superiores a Griesa le garanticen al país reintroducir el suspenso antes del 15 de diciembre".