En conferencia de prensa, Julio De Vido y Axel Kicillof anunciaron cambios en los esquemas tarifarios para las compañías de gas y electricidad: las facturas tendrán un recargo -que varía según el consumo- para "conformar dos fondos" que se utilizarán para invertir en obras de infraestructura. Con esas subas se podrán destinar 2 mil millones en inversiones energéticas, la mitad para gas y la otra parte en electricidad.

"En principio, los números que expusieron no terminan de cerrar. Hablan de un fondo de 1.000 millones de pesos para electricidad y otros 1.000 millones para gas, pero si uno hace la cuenta de los aumentos que detallaron, no llegan a esos montos", analizó el ex secretario de Energía, Emilio Apud.

En diálogo con LPO, el especialista dijo: "En electricidad se dijo que cerca del 70% de los usuarios -en un universo de 5 millones de clientes- pagaría aumentos de entre 4 y 10 pesos. Eso implica un total de 24 millones bimestrales, 145 anuales. El otro 30% pagará entre 10 y 150 pesos: 60 millones bimestrales, 360 anuales. Es decir: ese fondo, siendo optimistas, llegará a 500 millones de pesos, la mitad de lo que anunciaron".

Según Apud, el sistema de distribución de energía eléctrica tiene que satisfacer una demanda creciente del orden del 5% anual desde 2003, pero con una infraestructura que desde 2005 carece de financiamiento, producto de las tarifas congeladas. Por estima que la desinversión desde entonces suma unos US$ 800 millones, y calcula que este fondo anual con suerte alcanza los US$ 100 millones anuales.

"Me parece que parte de ese dinero se utilizará en seguir subsidiando -de manera encubierta- a las firmas: el dinero se utilizará para cubrir las deudas con Cammesa. Entonces sólo US$ 70 millones, como mucho, se invertirá. Es muy poco", detalló.

El ex secretario de Energía aseguró a este medio que en el mercado se sabe que las compañías necesitan en la actualidad cerca de 200 millones de dólares anuales para garantizar la operatividad mínima del servicios. O sea, que aún con estas subas continuaríamos desinvirtiento en el orden de US$ 130 millones por año.

"El gran problema fue el congelamiento de las tarifas, que primero terminó con la inversión, luego afectó a la operación y el mantenimiento, y finalmente se comió la rentabilidad. Considero que estos anuncios apuntan a detener al menos en parte la caída vertiginosa del sector, demostrar que están buscando alguna solución. Pero evitarán hacer un aumento de tarifa real hasta las próximas elecciones", arriesgó.

Y concluyó: "La gran incógnita es qué sucedera con las empresas concesionarias, porque estas medidas no resuelven su falta de rentabilidad. Es sólo un parche, si usan esa plata para pagar a Cammesa. Y encima las multan. Por momentos todas las señales parecen apuntar hacia una intervención o una estatización. Hay que ver si la sociedad aguanta otro disparate como el de Aerolíneas Argentinas o YPF".