Finalmente, Griesa dio su veredicto sobre el esquema de pago para aquellos bonistas que no entraron en el canje de deuda argentina del 2005 y 2010. El juez neoyorkino dispuso que el gobierno argentino debe abonarles la totalidad del reclamo por 1.330 millones de dólares, antes del 15 de diciembre.

Sin embargo, el oficialismo no va a quedarse de brazos cruzados y todavía le quedan algunas cartas para jugar. “Al Gobierno le queda la apelación \'en banc\', es decir ante el pleno de la Cámara de 13 jueces, que ya inició, y la apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos", explicó a LPO el abogado asesor de tenedores de bonos Eugenio Bruno. Además, puede apelar el levantamiento de la medida de no innovar, una de las novedades de la resolución.

En ese sentido, en el fallo Griesa argumenta que "han ocurrido circunstancias extraordinarias que claramente requiere acción judicial... Los más altos funcionarios han dicho que no se pagarán los bonos de los demandantes... Argentina ha recibido un tratamiento justo durante 10 diez años en los cuales ha prevalecido. La corte urge a Argentina a discontinuar las amenazas enfermizas desafiantes de las sentencias y que dicha postura desafiante no solo sería ilegal sino que representaría el peor tipo de irresponsabilidad en su relación con el poder judicial".

Las consecuencias

Bruno sostuvo que si el fallo se mantiene firme hasta la fecha en cuestión y la Argentina sigue sin pagar, "legalmente se trata de un default técnico".

El fallo determina que el pago a los buitres se hará en el momento en que Argentina gire los fondos al Bank of New York "solo a los tenedores de bonos canjeados, ese dinero se embargará y se usará para pagar a los demandantes (fondos buitres y los otros acreedores que presentaron las demandas)”, puntualizó Bruno.

Esta situación podría dar pie a que los bonistas que sí aceptaron la quita decidan tomar acciones legales para reclamar por el pago del 100% como se hizo con los buitres. “Es un tema muy complejo y de interpretacion, pero pueden tener bases legales para hacer reclamos a Argentina por mayores pagos”, apuntó el autor del libro “El Default y la Reestructuracion de la Deuda”.

"Podría llegarse al extremo de que el canje se termine cayendo, porque recordemos que Argentina se comprometió a que, si había una oferta mejor para los que no habían entrado al canje, se la tenía que extender también a los que entraron", advirtió por su parte el economista de Fiel Daniel Artana.

Empero, indicó que "ahí hay también una discusión: si ésta es una oferta que hace Argentina o sería impuesta por el juez".

Griesa se basó en la violación de la cláusula pari passu. "Por supuesto que lo que se está haciendo aquÍ no es literalmente aplicar la Pari Passu Clause, como sería en una situación comercial normal, sino brindar a los demandantes un remedio ante el incumplimiento de dicha cláusula", sostuvo el juez en su fallo. Esta situación es una consecuencia de la Ley Cerrojo sancionada por el Parlamento argentino, que impide que los bonistas que quedaron afuera del canje vuelvan a ingresar a las negociaciones.

Por otro lado, las cláusulas de acción colectivas, que implican que en una reestruturación la aceptacion de una mayoria del 75 por ciento impone condiciones al restante 25 por ciento, no correrían en este caso ya que corresponden a nueva deuda y no a la que ya está en litigio.

Dureza

Griesa fue muy duro en sus fundamentos con diferentes expresiones políticas, sobre todo con las últimas declaraciones de Cristina.

"Sin duda, una circunstancia extraordinaria más grave surge de las continuas declaraciones de la Presidente de la Argentina y el gabinete, señalando que la Argentina no honrará o llevará adelante las decisiones actuales de la Corte de Distrito y el Tribunal de Apelaciones en el litigio en el que la Argentina es un parte", escribió Griesa en su opinión.

Pero luego fue más fuerte aún: "el gobierno argentino debe alejarse de estas amenazas poco aconsejables para desafiar las resoluciones judiciales. Cualquier desafío a ellas no sólo sería ilegal, sino que representan la peor clase de irresponsabilidad en tratar con la Justicia".

"La Argentina debe esto y lo debe ahora", dijo el juez con una contundencia inusual. "Debería enfatizarse que estas son deudas actualmente contraídas, no deudas espaciadas sobre períodos de tiempo futuros", agregó a la hora de explicar que ordenaba pagar lo vencido.

El dilema de Griesa

A esta altura del conflicto, la actitud de la Argentina se ha convertido en un problema personal para Griesa. Ese es el diagnóstico que comentaron a LPO fuentes del mercado.

Es que el hartazgo del juez federal se debe a que la Argentina desaprovechó la oportunidad de negociar favorablemente con los fondos buitres durante los diez años que tuvo un trato contemplativo por parte de la justicia internacional, durante el cual podría haber propuesto alguna solución o propuesta de pago para terminar con el litigio.

Sin embargo, estas mismas fuentes advirtieron que no es probable que Griesa de su veredicto final en contra de la Argentina, porque “no se puede mandar al default a un país que está pagando su deuda”.

No es una decisión fácil para Griesa. Porque pagarle a los fondos buitres, relegando a los que aceptaron la quita, “es como limpiar un vidrio con un martillo”, contaron estas fuentes. En definitiva, Griesa tiene en sus manos un remedio que es peor que la enfermedad, porque se estaría relegando a más del 90% de los tenedores para favorecer a la minoría que rechazó la quita.

Estas fuentes describieron la jugada de los holdouts: empujar al juez a que quiera ejecutar a un país, pero no sin antes hacerse de los seguros de default a precios bajísimos. Una vez que el conflicto estalló y el riesgo país se disparó, pueden venderlos por varias veces más del precio original. Esta es la movida que estuvo denunciando Cristina en sus últimos discursos.

“Griesa lo hace para tratar de que las partes sean razonables”, opinaron desde la City. “Es una resolución que trasciende lo legal”, concluyeron.