Un fallo de la jueza porteña Patricia López Vergara frenó las obras que lleva adelante el gobierno porteño mediante la empresa Teximco para mudar varias dependencias gubernamentales a un nuevo Centro Cívico que estará ubicado en Barracas.

El fallo ordenó al gobierno que frene las obras de la empresa que ganó una licitación para invertir 370 millones de pesos en los predios del Hospital Borda. Según la jueza, el proyecto viola varias leyes de protección y no hubo estudio de impacto ambiental.

López Vergara ya había fallado en contra del gobierno porteño cuando resolvió que los manteros podían seguir vendiendo sus mercancías sobre la calle Perú.

La medida cautelar abre un signo de interrogación sobre el acuerdo global que está tejiendo el PRO con el kirchnerismo en la Legislatura. Como explicó LPO, en el acuerdo entran la autorización para construir viviendas en terrenos ferroviarios que quiere el Gobierno nacional, y la construcción de un barrio de lujo en Costanera Sur y del Centro Cívico en Barracas

En una reunión anticipada por LPO, el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, le pidió al viceministro de Economía, Axel Kicillof y a su compañero de La Cámpora, Juan Cabandié, que incluyan en el acuerdo la venta del Edificio del Plata de Carlos Pellegrini al 200 para financiar la construcción del Centro Cívico.

La intervención de Gallardo

Según anticipó Página 12, el falló de López Vergara respondió a una intervención de la defensoría general porteña tiene una Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico, que dirige el defensor adjunto Andrés Gallardo, enemigo de Macri.

A ella se acercaron el delegado de los Talleres Protegidos del Borda, Marcelo “Nono” Frondizi, y el secretario general de UTE-Ctera, Eduardo López, para pedir asistencia en el caso de la construcción del Centro Cívico. Gallardo recabó información sobre la situación de la zona donde Macri tenía pensado construir el Centro Cívico y se encontró más de una omisión:

- La zona fue declarada Monumento Histórico Nacional por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de abril de 1999 (el 349), que comprende al “Pabellón de Investigaciones en Psicofísica y Neurobiología y al parque aledaño”. La ley 12.665 señala que “los inmuebles históricos no podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o en parte (...) sin aprobación o intervención de la Comisión Nacional de Museos”.

- A raíz de esto, el 4 de octubre la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos envió un comunicado al jefe de Gobierno en el que le plantea que “hasta tanto este organismos no se pronuncie, deberá abstenerse de iniciar tareas inconsultas”.

- La ley porteña 1227 señala que el Patrimonio Histórico de la Ciudad lo constituyen todos los bienes declarados Monumento Histórico. Por este motivo, la zona tiene proyección ambiental –que implica que no se pueden cambiar el “diseño paisajístico” ni retirar los árboles existentes– y los edificios el nivel de protección cautelar.

- Bajo el lugar de construcción hay un “yacimiento arqueológico urbano”, que consiste en túneles, sótanos y pasadizos. Estos túneles –que no fueron relevados previamente– conectan el Borda con el Hospital Braulio Moyano. En el pliego licitatorio que elaboró el macrismo, hay un inciso que deja en manos de las empresas contratistas la responsabilidad de preservar y entregar cualquier material arqueológico que se halle. “Esta cláusula constituye un acto propio de reconocimiento del valor histórico de la zona”, sostiene Gallardo.

- Al proyecto le falta un estudio de impacto ambiental. El informe de la defensoría general señala que el monto multimillonario de la contratación “permite abrigar serias dudas sobre la eventual real efectividad de la protección ambiental”, ya que se iba a hacer en simultáneo con la licitación para que se construyan los 50 mil metros cuadrados del Centro Cívico. Lo lógico es que se haga antes.

El freno

A raíz de la investigación de Gallardo, el defensor general Mario Kestelboim pidió un amparo como patrocinante de Frondizi, de los Talleres del Borda, y López, de UTE-Ctera. Los sindicalistas solicitaron una medida cautelar que frene las obras del Centro Cívico, ya que Macri y sus ministros “carecían de competencia para dictar los actos que emitieron, publicaron y ejecutaron, sin la intervención previa de distintos organismos y áreas que tienen a su cargo aplicar las normas de protección”, entre ellas, la Comisión Nacional de Museos o el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano por la existencia de un yacimiento arqueológico. Tampoco intervino el Consejo del Plan Urbano Ambiental, un órgano del gobierno porteño que incluye cuadros técnicos. Y falta el dictamen de la procuración, que es obligatorio en todas las licitaciones que superen el millón y medio de pesos.

Pidieron, además, la nulidad de la licitación que aprobó Macri con el decreto 121. “La licitación no ha tenido en cuenta aspectos esenciales para la protección del patrimonio histórico de la Ciudad”, indicaron. No se ha “fijado expresamente la forma en la que se realizaría la efectiva tutela de ese patrimonio ni en su finalidad está claramente expresada ni menos aún acreditado debidamente de qué manera la faraónica obra aquí aprobada sirve a los intereses colectivos cuya defensa persigue esta acción” de amparo.

La jueza López Vergara hizo un análisis minucioso de la documentación y de las leyes previstas para la protección patrimonial y ambiental. “De la normativa reseñada y la documental adjunta no surgiría que se hubieran cumplido los requisitos establecidos por la ley para la realización de obras en sitios declarados monumentos históricos, ni para la protección de las reliquias arqueológicas que pudieran encontrarse”, concluyó Su Señoría al conceder la medida cautelar.

Remarcó que, de la forma en que se viene llevando la construcción, “los valores sociales, culturales y de patrimonio histórico que podrían verse afectados son de importancia vital para la comunidad toda involucrada en su hábitat, por lo cual se halla implicado en sus consecuencias la protección del interés público ambiental e histórico cultural por encima de toda consideración económica o administrativa”.

Por lo tanto, López Vergara le ordenó al gobierno porteño que “impida dar inicio a cualquier construcción, emplazamiento preparatorio de obra o afectación del funcionamiento y uso actual de los inmuebles y jardines aledaños del Hospital Borda” hasta que dicte una sentencia definitiva. Las empresas constructoras deberán mantenerse lejos del lugar de la fallida construcción del Centro Cívico hasta nuevo aviso.