El fallo de la Cámara de Apelaciones de New York, que ordenó al país a cumplir con el pago de los 1333 millones de dólares que reclaman los fondos que no ingresaron al canje de deuda, podría obligar a Cristina Kirchner a optar por cancelar esos pagos o ingresar en un nuevo default.

Así lo entendieron consultores y especialistas jurídicos consultados por LPO, que coincidieron en que el juez Thomas Griesa, que ahora debe definir cuando y como Argentina debe cumplir con los fondos buitres, podría instar al país a rever su postura intransigente con los holdouts. 

Es que como el fallo les dio la razón en todo a los denominados fondos buitres a los que puso en paridad con el resto de los bonistas a los que Argentina está pagando, desestimó de alguna manera la estrategia del Gobierno que consistía en aplicar la inmunidad de soberanía y así evitar un embargo sobre el pago que se hace a los bonistas que sí aceptaron el canje.

Esta barrera protegía a Argentina ante las demandas de los fondos NML-Elliott, Drat y Aurelius, que ahora encontraron un nuevo atajo para acceder a esas cuentas, que se pagan a través del Banco de Nueva York o a eventuales movimientos de fondos del Banco Central, la Anses u cualquier otro organismo público.

La dead line de Diciembre

Sin esa protección, Argentina podría perder parte de los 3600 millones de dólares del cupón de PBI que debe pagar el 15 de diciembre. Excepto que opte por aceptar el reclamo de los fondos buitres y negociar previamente, lo que significaría una derrota política de enorme magnitud para Cristina Kirchner.

Un informe de la consultora ACM lo explica con claridad, luego del fallo de la Corte del Segundo Circuito de Nueva York, Griesa debe ahora determinar como compensa la "discriminación" de los denominados fondos buitres realizada hasta ahora por Argentina cada vez que le pagó a los bonistas.

Es que el gobierno nunca reconoció el derecho d elos bonistas que no entraron en los canjes del 2005 y el 2010, como es el caso de estos fondos y hasta logró la sación de una "ley cerrojo" que le impide abrir negociaciones con estos bonistas, estrategia que hoy se le estaría volviendo en contra al impedirle reabrir una negociación que se presume urgente.

En este marco, la Corte de Nueva York le indicó a Griesa dos caminos posibles para cumplir con las pretenciones de los fondos buitres en pagos futuros. Esto es que pague "a prorrata" a los litigantes concurrentemente o por adelnatado con los desembolsos que realiza para los tenedores que si aceptaron los canjes de 2005 y 2010, es decir los que poseen bonos Par, Discount y Global 2017, todos bajo legislacion extranjera lo que obliga a pagarlos en dólares.

"En un caso el monto total de los pagos a efectuarse en diciembre irían íntegramente a los litigantes, que reclaman un piso de capital de u$s 650 millones que sumando punitorios e intereses supera los u$s 1300 millones", señala ACM.

Y en el otro, el desembolso sería menor, pero si Argentina no prevé dinero adicional, podría entrar en default.  Ya que por un eventual embargo d elos fondos buitres el dinero depositado no alcanzaría para completar el pago a los bonistas que si aceptaron el canje. Esto provocaría un verdadero desastre financiero, según la consultora, ya que el default "habilitaría la aceleración del capital adeudado, volviendo así el país a quedar en una situación de imposible cumplimiento".

En este escenario de opciones desagradables a la Argentina sólo le restaría ganar tiempo con apelaciones que podrían llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que interviene únicamente en caso de violación de leyes federales, lo que pone en duda que habilete la instancia.

El país si podría apelar el próximo fallo de Griesa que establezca los mecanismos de pago. Si apelara acaso gane algo de tiempo y esta situación crítica no se dispare el próximo 2 de diciembre cuando se dispara el primer vencimiento de los bonos mencionados.

Otra posibilidad que evalúa ACM para el corto plazo es que el gobierno cambie una vez más el agente de pago, actualmente el Bank of New York, a fin de evitar que este cumpla con lo que le ordene Griesa. Una estrategia que la Argentina ya aplicó para evitar embargos y que acrecentó su mala fama en las finanzas internacionales.

ACM advierte incluso que la ley cerrojo, sancionada por el Congreso para impedir pagar a los fondos que no aceptaron la quita propuesta por el gobierno de Néstor Kirchner, se ha convertido objetivamente en un obstáculo para encarar una solución negociada con los fondos buitres y hasta le dio sustento legal a su reclamo.

La norma fue uno de los argumentos utilizados por los fondos buitres para argumentar ante la justicia que estaban siendo objetos de una discriminación. Sin fuera derogada se diluiría el argumento de trato discriminatorio. Pero entonces la derrota política de Cristina sería total, aunque tal vez no peor a un nuevo default.