A dos días de la polémica foto de Hugo Moyano con Mauricio Macri, que cayó como anillo al dedo para los kirchneristas enfrentados al sindicalista, el Gobierno sancionó la reforma al régimen de ART en Diputados con el único apoyo del PRO.

La ley fue sancionada con 139 votos, 89 en contra y sólo 2 abstenciones, tras una sesión de 10 horas que casi no puede iniciar por falta de quórum. "Estamos de acuerdo con que se actualicen los valores indemnizatorios y con que se favorezca la producción", justificó el jefe del bloque PRO, Federico Pinedo, la extraña alianza del macrismo con el kirchnerismo que tuvo la Cámara Baja. 

El partido de Mauricio Macri evitó ayer adelantar su incómoda simpatía con la propuesta oficial y hasta hizo trascender que votaría un dictamen propio. Pero finalmente se limitó a proponer modificaciones, que, como todas las que hubo, no fueron aceptadas. 

El oficialismo no había empezado bien, ya que no tuvo apoyo del PRO para inicair la sesión y pudo hacerla a 27 minutos de la hora convocada, a tres minutos del límite, y con 129 diputados, lo justo para largar un debate. Lo ayudó el sanjuanino Mauricio Ibarra, hasta hoy, en el bloque del peronismo federal. 

Como insignia de los nervios que otra vez tuvo el bloque para tener la mayoría, como le había ocurrido durante el tratamiento de la cesión de fondos del Banco Ciudad al Nación, Eduardo “Wado” De Pedro y Carlos “Cuto” Moreno fueron los últimos en ingresar, antes de que Julián Domínguez iniciara la sesión con los diputados necesarios, ni uno más ni uno menos.

No fue la única incomodidad del kirchnerismo: afuera del Congreso la CGT y la CTA disidentes se expresaron en contra de la reforma y la emparentaron con las políticas noeoliberales de los 90, postura que tomó la mayoría de la oposición y algunos diputados sindicales del oficialismo.

Uno de ellos fue Héctor Recalde, ahora ex abogado de la CGT, quien ni siquiera se sentó para el quórum y anticipó el voto a su despacho de minoría, que nunca llegó a tratarse. No votó en contra del proyecto del Gobierno: se abstuvo. 

“La actual ley beneficia a la ART, El que no quiere modificarla, quiere mantener las situaciones actuales. Venimos a dar una modificación que favorece a los trabajadores y a las pequeñas y medianas empresas”. 

“Nos da vergüenza que los trabajadores estén recorriendo los tribunales buscando una retribución justa, queremos dársela nosotros carajo”, cerró su discurso Agustín Rossi, jefe del bloque kirchnerista.

“Esto es un retroceso, incluso a la legislación vigente. Sigue el negocio de las ART”, se había indigando, temprano, Miguel Giubergia, de la UCR, primera voz opositora.  

Más duro fue Moyano, desde la calle, como en sus viejas marchas de los 90: “Esto es lo mismo que la ley Banelco. Es una ley que va en contra de la salud de los trabajadores que es nuestro único Capital”, denunció.

El jefe de la CGT disidente llevó en su mayoría miembros de camioneros, judiciales y Supta, el gremio de empleados de peajes coordinado por Facundo Moyano, todavía diputado del Frente para la Victoria. Una vez más, compartió escenario con Pablo Michelli, jefe de la CTA disiente, con quien planea una movilización para fines de noviembre.  

Por este proyecto se cruzó feo con Carlos Tomada en Comisión y luego se trenzó con Agustín Rossi en una reunión de bloque, cuando le recriminó su actitud. Esta mañana se hizo valer con un parva de jóvenes que levantaron la bandera de la juventud sindical y repartían volantes que igualaban a Tomada con Flmarique, el recordado ex ministro de la Alianza acusado de pagar sobornos.

Muestra del desconcierto del kirchnerismo fue la ida y vuelta que hubo para definir el miembro informante. En el plenario fue el economista Roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto, que fue incluida junto a la de Trabajo para aportar número. 

En la sesión el chubutenses Juan Pais, quien en un discurso sumadamente legalista desestimó el aspecto más controversial del proyecto: la imposibilidad que tendrá el trabajador de ir a la justicia una vez recibida la indemnización de las ART. 

País enfatizó en que la ley buscará que el trabajador damnificado cobre una indemnización justa, con pisos mínimos, sin topes máximos y con la obligatoriedad de abonar en un pago y no prorrateado, como ocurra ahora. 

 “Como escribió Verbistky”

"Como escribió Horacio Verbistky este proyecto es un engendro de la UIA", señaló Facundo Moyano, al rechazar el proyecto del oficialismo que sigue integrando. Al momento de la votación, se quedó afuera del recinto hablando con los medios. 

El hijo del jefe de la CGT lideró una manifestación de la juventud sindical, afuera del Congreso y en los cinco minutos que habló no escatimó críticas: "Para la central obrera a la cual pertenezco se trata de un negocio de las ART con la vida y la salud de los trabajadores.

Lo único que hace esta ley es subirle el precio a los brazos y los ojos de los trabajadores".

"No voy a votar este proyecto" al tiempo que informó que igual postura asumirá su compañero de bloque y dirigente del gremio de canillitas, Omar Plaini.

Señaló que esta norma es aplaudida por el "mismo sector sindical" que en su momento acordó con el ex presidente Carlos Menem, como "Rodolfo Daer, Rubén Pereyra de Obras Sanitarias, Armando Cavalieri, Luis Barrionuevo, West Ocampo y el infaltable para entregar intereses y derechos de los trabajadores Oscar Lescano" para aprobar "la ley de flexibilización de Erman González".

“Con el fallo Aquino, la presidenta aumentó los topes máximos”, recordó. Ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 21 de septiembre de 2004, habilitó a un trabajador a ir a la justicia civil no conforme con la indemnización recibida. Antes lo impedía el artículo 39 de la ley 24557, aprobada en 1995 y ratificada en gran medida con esta ley.

País dijo que la ley, tal como la redactó el Gobierno, permite la vía civil si está “adecuadamente certificado”, aunque el artículo 4 claramente restringe esa opción.

El segundo párrafo del texto dice: “Los damnificados podrán optar de modo excluyente entre las indemnizaciones previstas en este régimen de reparación o las que pudiera corresponder con fundamento en otros sistemas de responsabilidad no serán acumulables”.

El mismo artículo determina que cualquier acción judicial debe ir por la vía civil y no por laboral, que según los abogados laboralistas es el fuero más lento en resolver estas cuestiones. 

Rechazos varios

Con mayor o menor énfasis, la oposición se opuso de plano a la ley. Hubo discursos que recordaban las sesiones por las privatizaciones de los 90, como los de Víctor de Gennaro, Margarita Stolbizer y Fernando “Pino” Solanas, actores políticos de esa época.

“Me da vergüenza ajena lo que significa este guiño como si fuera bueno a las mutuas, sindicalistas o sindicatos que quieren arreglar”, señaló De Gennaro, quien recordó sus protestas de los 90 cuando presidía la naciente Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

“Estamos otra vez con un congreso vallado. Hay que perder el miedo a la democracia sindical. El 84% de las empresas privadas no tiene delegados. Hay que ir por la responsabilidad solidaria de las empresas, que si llevan contratistas se hagan cargo”,

“Este proyecto mantiene un sistema que fue injusto e inhumano. Toman con mucha ignorancia las sentencias de la Nación que declararon la inconstitucionalidad del sistema”, apuntó Stolbizer.

“Es una vergüenza escuchar a legisladores que se dicen de procedencia peronista defender la ley de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo propuesta por el Poder Ejecutivo”, se lamentó Solanas.

A diferencia de otras leyes, esta vez la oposición atacó el articulado del proyecto por ser perjudicial a los trabajadores y no por proclamar algo superfluo, como suele suceder.

"Acá no hay bombos, banderas ni militantes. Cuidado con la obediencia debida conocía a muchos que le dio vergüenza pero la consecuencia", afirmó, con extraña efusividad, Alcira Argumedo, de Proyecto Sur. 

“Hablan de litigiosidad. Va a haber más litigiosidad, porque habrá más pedidos de inconstitucionalidad”, anticipó Alicia Terada, de la Coalición Cívica y todavía leal a Carrió. Más tarde, Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical, volvió sobre ese concepto. "Están repitiendo una receta fracasada. ¿No será que queren un ajuste?", se preguntó el radical. 

Marcela Rodríguez, una ex carrioísta, apuntó al corazón del kirchnerismo. “Este proyecto fue apoyado por Clarín y La Nación. El primero por omitir el tema y el segundo por sostenerlo en sus editoriales.

Alfonso Prat Gay, que le dejó el cierre de la Coalición Cívica a Horacio Piemonte, con historia sindical, punutalizó que la actualización del 20% a las indemnizaciones "no es ni siquiera la inflación del Indec de los últimos 3 años". 

“A veces hay que votar en contra de nuestros líderes. Estan votando una ley es claramente inconstitucional es un negocio de la corporación financiera que va por 20 mil millones de pesos”, les dijo Piemonte a los diputados del Frente para la Victoria.