El kirchnerismo ya cuenta con los votos para sancionar la ley de accidentes de trabajo pero no espera un miércoles tranquilo: los diputados sindicales votarán en contra y la CGT de Moyano y la CTA de Michelli la repudiarán en la calle, una postal de las viejas leyes de flexibilización de los noventa.

La norma, justamente, modifica unos artículos de la ley de ART de 1995 pero lo hace para quitarle al trabajador el derecho de acudir a la justicia si ya se benefició con la indemnización de las ART, adquirido a partir de fallos de la Corte Suprema que declararon inconstitucional ese impedimento.

Las centrales obreras lo consideran un regresión, postura que comparten los diputados sindicales Héctor Recalde, Omar Plaini y Facundo Moyano. Y muchos magistrados hicieron saber que no podrán aplicarla porque, justamente, hay un fallo de la Corte que les marcó el camino. 

Recalde no lo evitó un cruce con Hugo Moyano en el último plenario de comisiones, cuando el jefe de la CGT le recriminó haber llamado a una reunión cuando ya estaba el dictamen firmado.

“Fue un show de Moyano. Su hijo le tuvo que haber dicho que ya se había firmado el dictamen”, especulan desde el bloque K, donde esperan superar con lo justo los 129 diputados dispuestos a aprobar el dictamen de mayoría.

Llegan a ese número con los 112 propios de los 116 (además de los tres sindicalistas Jorge Yoma ya es un misterio), 7 santiagueños, 3 neuquinos, 4 de Nuevo Encuentro, 2 del PJ pampeano y aliados individuales como el fueguino Jorge Garramuño, Juan Carlos Forconi, los salteños Walter Wayar (Frente Peronista) y María Fiore Viñuales (Frente Renovador), entre otros.

El margen de error es exiguo pero en el bloque K confían en que varios de los que votarán en contra no retacearán el quórum, como el propio Recalde o Felipe Solá y sus dos aliados: Roberto Mouillerón y Raúl Rivara.

Mouillerón fue ministro de Trabajo bonaerense y vicepresidente de la Comisión que preside Recalde. Y uno de los principales detractores de la ley.

“La doble vía puede ser jodida ahora es la garantía del camino de la justicia laboral. Y nadie puede negarlo”, se indignó, en diálogo con LPO.

Mouillerón asegura que los jueces que consultaron en la comisión coincidieron en que no podrán aplicar la norma, porque la propia Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo 39 de la ley de accidentes de trabajo, que impedía acciones civiles sobre los Pymes.

Fue el 21 de septiembre de 2004, cuando la composición actual del máximo tribunal,en la causa "Aquino, Isacio C. Cargo Servicios Industriales S. A.”, consideró que excluir la justicia civil tal "no resulta en principio censurable", pero "sí lo es en la medida que se invoque y demuestre que el desarraigo del principio general que aquella vía reglamenta, comporta un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada reparación".

Desde ese momento los empleados no conformes con la indemnización de las ART van a la justicia y buscan la culpabilidad de las empresas para un nuevo resarcimiento. Es lo que Cristina quiere evitar con una ley. 

“Tomó la letra cabal de los empresarios. No hay industria de los abogados si los jueces fallan lo que tienen que fallar. El argumento es absurdo”, la acusó Mouillerón.

El proyecto tomó por sorpresa al propio ministro de Justicia, Carlos Tomada, quien lo conoció cuando ya estaba presentado. Por estas horas diseñaría una resolución para ampliar los accidentes laborales que contempla la ley.

Y planea una comisión para estudiar su implementabilidad, según versiones que llegaron a los legisladores. “Tomada tenía hace unos años redactado un proyecto integral de 80 artículos para reemplazar la ley actual. Y ahora se encontró con esto”, confió un diputado que supo frecuentarlo.