El aumento de tarifas necesario para poder eliminar los subsidios a la electricidad debería ser de 4 veces. Así fue calculado por el especialista Fernando Navajas, de la fundación Fiel, quien estimó que el gasto promedio de los consumidores por un megawatt es de $90, mientras que para los productores esa cifra se eleva a $360, según los datos del primer semestre del 2012.

“El ratio es de 1 a 4”, explicó el economista, por lo que para eliminar lo que denominó “subsidio fiscal”, habría que igualar el precio de la demanda con el precio de oferta, es decir, cuadruplicar las tarifas. “Es el déficit de Cammesa”, describió. Y es que la administradora de origen mixto dejó de cobrar gran parte de los montos de las facturas que le envía a las distribuidoras .

“Con el paso de los años el ajuste se hace más difícil porque la brecha se amplía por la inflación”, comentó a LPO Emilio Apud. Fue en el marco de un seminario de Energía organizado por ex Secretarios de esa cartera, realizado hoy en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Durante el panel dedicado a Energía Eléctrica, Navajas planteó que actualmente existen 2 caminos en la encrucijada energética: uno de ellos consiste en la estatización del sector, con monopolio estatal “verticalmente integrado”, con Cammesa e YPF a la cabeza; el otro se enmarca en un esquema mixto similar al que actualmente tiene Brasil, en donde "el estado altera la formación de precios y garantiza la expansión de la oferta", según detalló este docente de la UBA y la Universidad de La Plata.

Preocupado por la reducción de las tarifas eléctricas en términos reales, Navajas recordó que a lo largo de la historia hubo otros 10 ciclos en los que hubo una “fase descendente” en el precio pagado por la energía. Pero aclaró que el que inició a comienzos de siglo “es el más profundo y más largo porque viene durando diez años, e implicó una caída del 70% en el nivel real de tarifas”.

Comparativamente, en Brasil hubo un incremento de tarifas hasta el 2004, año a partir del cual los valores comenzaron a caer y podrían bajar todavía más, según se desprende de algunas declaraciones realizadas por la misma Dilma.

En ese sentido, este docente de la UBA y de la Universidad de La Plata se inclinó por el esquema mixto, porque permite la convergencia de precios entre oferta y demanda. Sin embargo, aclaró que se trata de un proceso gradual que necesariamente durará unos 5 años.

Esta situación, indicó, permite suponer que una salida gradual de esta situación tarifaria -deficitaria para las empresas- debe contemplar "una continuidad del subsidio estatal a la demanda para una base de la población amplia" y sugirió que podría ser un "subsidio de suma fija nominal".

Desafíos y costos

El debate estuvo cruzado por los números que aquejan al gobierno en materia energética. La importación de combustibles se convirtió en un rojo que deteriora en U$S12.000 la balanza comercial año tras año, mientras que el monto en subsidios al sector llega a los U$S9.500.

En un breve diálogo con LPO, Apud remarcó la importancia de no perder de vista al sector eléctrico como una salida al estrangulamiento en materia de hidrocarburos, con quien la Argentina “ha profundizado su dependencia”, según la contadora Ester Fandino, integrante del panel y ex funcionaria de la cartera. “Nunca pensamos en no tener gas” se escuchó decir con preocupación a los panelistas.

Por su parte, el consultor Francisco Mezzadri argumentó que el crecimiento de la generación de energía en el país decreció de un promedio del 6% anual durante el período 92-00 a un 3,4% del 2003 al 2011. Además, advirtió sobre la reducción de la reserva en el sector eléctrico, que fue utilizada para combatir la crisis del 2008-2009 y que por el momento no se ha recompuesto. Mezzadri señaló que hasta ese entonces las reservas representaban entre un 15 y un 20 por ciento.

Mezzadri calculó en 80 mil millones de dólares la inversión que el país debería realizar hasta el año 2030 para adecuar su potencia instalada a la demanda creciente, con un margen de reserva del sistema de 20 por ciento".

Este grupo de especialistas presentó una propuesta concreta que podría levantar al país de su decadencia en el rubro. Por ejemplo, el ingeniero Guillermo Malinow habló de una inversión de U$S15.000 millones para materializar 10 proyectos prioritarios en materia hidroeléctrica, en donde calcula que se utiliza apenas el 10% de la capacidad potencial. Estos valores excluyen los costos de transporte, que en el caso de Brasil, por cada dólar gastado en generar energía se debe sumar unos 50 centavos por el traslado y la distribución, con lo que el costo total ascendería en un 50% más.

Estas obras concluirían en el 2023 y permitirían incrementar la oferta de las represas en 19.300 Gigawatts/hora por año y unos 4.700 Mega Watts de potencia, un 49 y 43 por ciento respectivamente, según detalló Malinow.

El problema es que para este ingeniero “desde la concesión de la gestión de esas empresas en los años 90’ no hubo interés en aumentar las obras”.

Por eso Malinow es partidario una forma de financiamiento pública-privada, en donde las provincias retienen la instalación, el estado nacional puede aportar una parte y hay una fuerte presencia del sector privado.

Energías renovables y deterioro ambiental

Durante el debate también hubo lugar para hablar sobre el desarrollo de energías renovables. “Del 2010 al 2011 la energía solar bajó un 30 por ciento” destacó Mezzadri, quien subrayó que el país “tiene potencia eólica y solar”. Ester Fandino, última oradora del panel, consideró que en los últimos años hubo un “retroceso ambiental” por la combinación de combustibles de peor calidad y la utilización de buques metaneros, lo cual se convirtió en “una situación insoportable” para las zonas de la costa bonaerense en donde operan por los fuertes olores que desprenden.