El kirchnerismo excluyó a Moyano del debate por las ART pero irá invitado por la UCR
El FpV-PJ emitió dictamen luego de escuchar a Tomada y al metalúrgico Caló. Pero los radicales harán una reunión informal con el camionero, quien volverá a la Cámara alta en su rol opositor. El proyecto impide que un trabajador vaya a la justicia si ya fue resarcido por un accidente de trabajo.
Hugo Moyano estará el martes en el Senado en una reunión informal organizada por el radical Alfredo Martínez, vicepresidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que el martes emitió dictamen sobre el proyecto de ley para cambiar el régimen de ART.

La audiencia contó con la presencia del ministro de Trabajo Carlos Tomada y del metalúrgico Antonio Caló, casi seguro titular de la CGT oficial. Pero no fue invitado Hugo Moyano, aún titular de la central obrera. La puntana Liliana Negre de Alonso preguntó las causas pero el kirchnerismo la ignoró y firmó el dictamen.

El proyecto fue varias veces anunciado por Cristina Kirchner y consiste en evitar la “doble vía”, esto es, que los trabajadores cobren la indemnización y luego concurran a la justicia civil, lo que fue definido por la presidenta como un negocio de los abogados.

Para evitarlo, establece una “opción excluyente” u “opción con renuncia”, para que el trabajador damnificado o sus familiares elijan entre cobrar la indemnización de la ART o reclamar una reparación integral mayor en un juicio civil.

“El proyecto tiene cosas positivas pero en realidad sólo reforma 3 artículos y apunta al tema de la doble vía. Cuando hay que controlar una industria de gente que lucra con el accidente y trabar que cobre el laburante”, simplificó el senador Alfredo Martínez, de la UCR.

Martínez fue quien invitó al camionero y ya recibió su confirmación. “El martes irá a hablar del tema y recién después nuestro bloque hará un despacho en minoría”, anticipó, en nuevo capítulo de la armónica relación entre Moyano y la UCR.

El Frente Amplio Progresista presentó un despacho en minoría en total rechazo a la reforma planteada por la presidenta, porque “sigue siendo en el fondo la garantía de la ganancia empresaria”, explicó Rubén Giustiniani.

El dictamen, en el que trabajó también el ex líder de la CTA Víctor de Gennaro, establece “la vigencia plena de los derechos de los trabajadores, particularmente, la tutela de salud, bajo los principios de prevención y de reparación integral, y el cumplimiento del mandato constitucional contenido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional”.

El titular de la CTA, Pablo Michelli, también fue invitado pero no estará presente por un viaje. Otro invitado será Jorge Rizzo, presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal. Quizá ningún kirchnerista los escuche.
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Este proyecto de ley es algo que los grandes empresarios y banqueros siempre desearon y nunca pudieron conseguir, hasta ahora. Es tan leonino y perjudicial a los derechos de los trabajadores que ni Ménem, De La Rúa o Duhalde se animaron a promulgar. Ni siquiera el mismísimo Martínez de Hoz en plena Dictadura Militar se atrevió a tanto. El exigir a un trabajador en situación de desamparo agravado por encontrarse minus válido a raíz de un accidente laboral, que renuncie a su derecho a recurrir a la Justicia en caso de percibir una mísera indemnización por la ART, es una EXTORSIÓN ejercida sobre aquel que no está en condiciones de optar por su propio estado de necesidad. Y mucho más extorsivo y perverso es si consideramos que la gran mayoría de las veces los accidentes laborales se producen por la falta de implementación de las medidas de higiene y seguridad industriales por parte de las empresas, a las que les resulta mucho más conveniente pagar bajas indemnizaciones que afrontar el costo que esas medidas de seguridad industrial suponen. Y el órgano estatal con poder de policía y encargado del control respectivo, el Ministerio de Trabajo, ya sabemos para qué lado mira. Se pretende “vender” este proyecto anunciándolo como para terminar con la “industria del juicio”, cuando lo cierto es que si esa “industria” existe es gracias al permanente atropello de los derechos de los trabajadores y de los jubilados que llevan a cabo el Gobierno y las patronales, con la necesaria complicidad de las burocracias sindicales. El de los trabajadores al avasallarse su derecho a medidas industriales que protejan su integridad física y, en caso de accidente inevitable, cubran sus necesidades básicas con un monto indemnizatorio suficiente, sin necesidad de tener que afrontar un largo y penoso proceso judicial que, aunque le sea favorable, no le permitirá disponer su dinero cuando mayor necesidad tiene de él. Y en el caso de los jubilados la perversidad llega extremos insospechados: a sabiendas se les priva de sus derechos adquiridos y reconocidos constitucionalmente, y se les obliga a iniciar un juicio que en no pocos casos el demandante fallece antes de su finalización. Y aún con fallo favorable este Gobierno hace oídos sordos y retrasa aún más el pago de una sentencia ya de por sí tardía.
Y para que las burocracias sindicales no protesten se les brinda el “buen negocio” de las ART alternas, junto con las patronales. O sea que el monto de las indemnizaciones las fijarán los mismos patrones en complicidad con los burócratas sindicales (que a la vez serán dueños de esas ARTs que deben pagar las indemnizaciones). ¡Lindo futuro aguarda a los trabajadores!. Esto hace recordar a los “buenos negocios” que otorgó Ménem (y los que le siguieron) a los jerarcas sindicales para que no se opusieran a las privatizaciones. El negocio de las tercerizaciones en los Ferrocarriles, manejadas por la Unión Ferroviaria de Pedraza, o el de las Obras Sociales, son claros ejemplos de esto.
En otros países se aplican montos significativos a las indemnizaciones. La consecuencia es que las empresas se preocupan en mantener una correcta seguridad industrial, ya que les sale más barato su costo que el monto a pagar en caso de accidentes que provoquen algún grado de discapacidad. Pero claro, esos son países “explotadores”. En cambio aquí tenemos un gobierno “nac & pop” que “mira” a los trabajadores…
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La nota ya empieza con un grave error, en vez de decir "El proyecto impide que un trabajador vaya a la justicia si ya fue resarcido por un accidente de trabajo" debería decir "El proyecto del Ejecutivo impide que un trabajador vaya a la justicia laboral y también obliga a la renuncia del derecho a una reparación integral si este percibe un insuficiente resarcimiento por un accidente de trabajo"
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la nueva ley de ART es correcta, elimina en parte la industria del juicio, guarda con este caballo de troya de Moyano que hasta hace poco pedìa participar de las "ganancias" de las empresas.-
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estos de la ucrata hace años que al coso moyano lo criticaron a cuatro voces. Ahora esos eunucos invitan a un pito ajeno para que los acompañe, ...porque ellos nada, ...nada hace rato.