A través del decreto 1722, firmado por Cristina Fernández y publicado en el Boletín Oficial, se dispone que ese predio "deberá destinarse al desarrollo de un Polo Industrial Audiovisual", y se instruyó a la ANSES y a la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete "para que constituyan una sociedad anónima dentro de los treinta días" a partir de hoy.

En ese sentido, se destacó que "el desarrollo del Polo Industrial Audiovisual se realizará mediante la captación de inversión privada a favor de la sociedad anónima constituida, a cuyos fines la ANSES deberá convocar a un Concurso Abierto de Iniciativas y Proyectos de Inversión dirigido al público en general, en los términos y condiciones que dicha administración disponga".

Además, se facultó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado "a desafectar terrenos del Estado Nacional ubicados en las adyacencias del inmueble", que son "necesarios para el mejor desarrollo del Polo Industrial Audiovisual", cuya licitación pública para el desarrollo de obras fue anunciado ayer por la presidenta Cristina Fernández para el primero de octubre.

Ayer, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Dragado y Balizamiento (SDB) acordaron declararse en "estado de alerta y movilización permanente" para evitar un eventual desalojo de los trabajadores que cumplen tareas en la Isla Demarchi, aunque desde el gobierno salieron a desmentir esa posibilidad.

El decreto publicado en el Boletín Oficial dispone, además, la creación del "Comité de Evaluación de Proyectos, el que tendrá a su cargo analizar las iniciativas y proyectos de inversión presentados y recomendar a la ANSES su desarrollo e implementación".

"El Comité estará integrado por un representante designado por la ANSES, quien ejercerá su Presidencia, uno por el Ministerio de Planificación Federal, uno por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, uno por la Agencia de Administración de Bienes del Estado y uno por la Secretaría de Comunicación Pública", se agregó.
Se destaca en el artículo sexto: "Invítase al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a integrar el Comité de Evaluación de Proyectos".

En sus considerandos, el decreto resalta que "en el marco de las políticas públicas impartidas desde el Poder Ejecutivo Nacional en materia de administración de bienes, se contemplan el uso racional y el buen aprovechamiento de los mismos como elementos constitutivos de la estrategia de crecimiento y desarrollo económico con inclusión social que lleva adelante el Estado Nacional, configurando un importante activo para la ejecución de políticas de carácter redistributivas para la población".

También, que "en términos cuantitativos, existe una importante cantidad de bienes inmuebles dentro del universo en uso, desafectados y concesionados, que al momento se hallan subutilizados en las diferentes jurisdicciones dependientes del Estado Nacional, resultando menester la optimización de su gestión".

"Dicho inmueble, ubicado en las adyacencias del barrio de Puerto Madero, resulta de óptimas condiciones para el desarrollo de un centro que aglutine los distintos bienes y servicios implicados en la industria cinematográfica y de producción audiovisual", se agregó.

Según la norma, "las notables características del inmueble en cuanto a su dimensión, ubicación y potencialidades, lo convierten en un soporte de valor estratégico único en la ciudad para el desarrollo de una variada gama de proyectos de inversión, en los que pueden coexistir el funcionamiento de la industria cinematográfica y la construcción de edificaciones de diverso uso comercial, educativo o recreacional, entre otras, lo que implicaría, a su vez, la generación de empleos y de una nueva fuente de ingresos, transformándolo en un recurso ideal para fomentar la iniciativa e inversión privada y pública conjuntamente".