La Comisión Candela, una instancia creada en el seno del Senado bonaerense para analizar la investigación por el secuestro y crimen de Candela Rodríguez presentó hoy su dictamen final y recomendó al Gobernador “la inmediata separación de cargo del comisario general Hugo Matzkin", por entonces superintendente de Coordinación Operativa y actual Jefe de la fuerza policial.

Como un reflejo de las diferencias políticas que confluyeron en el trabajo de la comisión, finalmente se elaboraron tres documentos. Al dictamen presentado por el ultrakirchnerismo se adosó el texto del sciolista, Alberto De Fazio, y otro redactado por el senador de Unión-Pro Peronista, Daniel Assef. Otras fuerzas opositoras como la Coalición Cívica y el FAP decidieron a minutos de la sesión de hoy acompañar el informe redactado por el kirchnerismo.

Pero el dictamen firmado por la mayoría no solo carga contra Matzkin. También apunta responsabilidades sobre otros jefes de La Bonaerense y recomienda la exoneración del entonces jefe de la fuerza, Juan Carlos Paggi, y otros cinco jefes policiales como el actual director General de la Policía Científica, el Pablo Vázquez; al entonces superintendente de Seguridad Oeste, Sergio Bianchi; al Director de la DDI La Matanza, Marcelo Cheabriau; el director General de Investigaciones en Función Judicial, Roberto Castronuovo y el oficial principal, Mauricio Rhodas.

El dictamen también cuestiona el rol del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, aunque pide ningún tipo de sanción para el funcionario. El trabajo de la comisión observó que “la policía trabajó sin conducción estratégica y con superposición de mandos”.

Además, observa la “negligencia” del Ministerio “ante las gravísimas faltas cometidas por la cúpula policial y por las irregularidades y faltas graves cometidas por el personal a cargo de la investigación”.

También considera “deficiente la intervención de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio para investigar a policías públicamente sospechados de estar vinculados al narcotráfico, inclusive antes de que sucediera el caso”.

El texto afirma que el crimen de Candela “está vinculado al narcotráfico” y agrega que “existe vinculación entre los grupos de narcotráfico que operan en la zona y sectores la policía bonaerense”.

Pero el dictamen también pide la separación de otros jefes policiales con distintas responsabilidades en el caso. Entre ellos, destacan al jefe de la Delegación Científica de La Plata, Carlos Jaime, y los jefes de la DDI y Departamental de Morón, Aníbal Soria y Miguel Alanís, al jefe de la DDI San Martín, Becerra, y al entonces jefe de la Departamental San Martín, Mario Briceño.

El texto, leído por el presidente de la comisión, Jorge Ruesga, apuntó además contra los fiscales que intervinieron en el caso, a quienes acusan ya sea por “falta de idoneidad para conducir las investigaciones, delegación absoluta de esta responsabilidad en la policía, complicidad con la policía”.

En esa línea resuelve denunciar al fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, en sede del Ministerio Público Fiscal por mal desempeño, aportando la información relevada por la Comisión al jury de enjuiciamiento ya establecido en su contra.

También pide el jury de enjuiciamiento a los fiscales de la Unidad Funcional de Instrucción Judicial Nº 6 del Departamento Judicial de Morón, Marcelo Tavolaro y Leonardo Lisa, y al juez de Garantías de esa misma localidad, Alfredo H. Meade, quienes fueron separados de la causa en abril por orden de la Cámara de Apelaciones de Morón.

Informes disidentes

El senador sciolista Alberto De Fazio mostró sus disidencias con el enfoque de la Comisión y enfocó responsabilidades en el accionar de los fiscales y el juez que inicialmente se hicieron cargo de la causa.

El senador recomienda que se inicie un enjuiciamiento al fiscal General, Nievas Woodgate. Lo mismo solicita para el Juez de Garantías, Alfredo Meade, el fiscal Marcos Tavolaro

También recomendó a los medios de comunicación la elaboración de un protocolo de autorregulación y autolimitación para casos similares al analizado.

En tanto, el texto de Asseff recomienda que “se evalúen los desempeños” el fiscal Tavolaro y el juez Meade. El senador señala que “policías, en su paso por la Comisión, manifestaron su preocupación por la actuación de policías cómplices o tolerantes con el delito en general. Asimismo, es necesario el compromiso interno de la propia fuerza para expulsar de la institución a esos elementos nocivos”.

Pide, cerca del final, “apoyar con todos los resortes institucionales la investigación penal, y facilitar todos los medios materiales y humanos que el Poder Judicial requiera en su tarea de investigación”.

“Las autoridades del gobierno asumiendo el alto rol institucional que cada poder del Estado debe cumplir, precaviéndose de exponerse públicamente en funciones que desnaturalizan su labor y confunden las responsabilidades que la Constitución deslinda con claridad, componiendo el sistema de pesos y contrapesos arquetípico de la forma republicana de gobierno”, concluye el legislador del Unión-Pro Peronista.

En tanto, la senadora de la Coalición Cívica, María Isabel Gainza, de explayó sobre las irregularidades en la escena del crimen y aseguró que “no es nada aventurado preguntarse, si todo lo descripto, forma parte de un escenario cuidadosamente preparado, con la impunidad necesaria y garantizada, para guardar por 48 horas el cadáver de Candela, la ñiña más buscada del país, y arrojarla cerca de todos y delante de Daniel Scioli”.

Además, recordó que, entre las maniobras para enmarañar la investigación, después del 31 de agosto “comenzaron a difundirse deleznables rumores acerca de la vida sexual de la niña, incluso en boca de funcionarios judiciales. La madre luchadora pasó a ser la entregadora por internet”.

Gainza -quien firmó el dictamen del Frente para la Victoria- señaló que durante la visita de Carola Labrador a la Comisión, “expresó que luego de conocida la muerte de su hija se sintió presionada y hasta culpada por el Fiscal Dr. Tavolaro, y por esa razón buscó ayuda, la cual se materializó con los servicios del abogado Fernando Burlando, servicios prestados en forma gratuita por la intercesión del cura Grassi, para seguir ahondando en dudas y curiosidades”.