Exigen al Gobierno controlar el precio de las llamadas de celulares
De Vido manejará el 25% del espacio de telefonía móvil de 3G a través de Arsat pero demora una ley para que los celulares sean serivicios públicos. El mercado está liberalizado y las empresas fijan precios a gusto. Los desafíos para no volver a dilapidar subsidios.
Las asociaciones de consumidores festejaron el anuncio del gobierno por su ingreso en el negocio de la telefonía móvil. Es que al tratarse de un negocio tan concentrado, coincidieron en recibir de brazos abiertos la incorporación de otro jugador de peso en el sector.

Ayer el ministro de Planificación Julio de Vido explicó que se dio de baja la licitación del 22% del registro de 3G, el cual comenzará a ser operado por la compañía estatal de comunicaciones satelitales Arsat.

Es decir que ahora el estado ocupará cerca de un 25% del mercado, aunque el funcionario evitó dar precisiones sobre el nivel de inversiones y el modo en que se llevará a cabo.

Mientras tanto, las asociaciones de consumidores aprovecharon para exigir la declaración de la telefonía móvil como servicio público, de manera tal que el estado pueda regular el servicio, incluido el precio. “Actualmente el precio lo pone el prestador, si se declara servicio público pasarían a ser tarifas, fijadas y controladas por el estado”, aseguró a LPO Fernando Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores de Argentina.

El mercado de telefonía móvil es uno de los que más denuncias tiene de parte de los usuarios, por los abusos de todo tipo que las compañías hacen con las tarifas. Los consumidores deben soportar aumentos sin justificativo alguno y a veces sin previo aviso, cortes en los servicios como fue el caso de Claro y MoviStar

“Es una puerta que se abre”, contó a LPO Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. “Si bien los funcionarios no fueron claros, hubo avances, como las multas por los apagones”, opinó el especialista, a pesar de que los montos fueron considerados casi irrisorios.

Esta demanda ya fue tomada por numerosos diputados, en su mayor parte de la oposición, que presentaron un total de 60 proyectos con este reclamo, según comentó a este portal Claudio Boada. “Los más completos fueron dos proyectos presentados en la Cámara de Senadores en su momento por la actual intendenta de Paraná, Blanca Inés Osuna, y Rubén Giustiniani, del Partido Socialista”, agregó.

Para Muiño, se trata de un buen momento para declarar la actividad como servicio público ya que se ha desarrollado lo suficiente como para ser considerado “maduro”. Con 58 millones de celulares operando en el país, si esta sanción hubiera salido antes “lo hubiera condicionado”.

Y se esperanza con una posible sanción del gobierno. “Hasta ayer nadie hubiera creído que el gobierno se iba a meter en la telefonía móvil”, señala, por lo que no habría que descartar que den impulso a un proyecto que lo declare público.

Sin embargo, otra fue la postura del especialista en comunicaciones Enrique Carrier, quien sostuvo que “si el gobierno quisiera regular el servicio, hubiera sacado un proyecto” en vez de ingresar al mercado como un operador más, que además deberá poner un piso de inversión que estará en unos U$S1.000 millones.

El impacto

Boada destacó el impacto que el desarrollo de Arsat representará para las cooperativas y Pymes del interior que actualmente operan el servicio en base a alguna de las 3 empresas que dominan el sector: MoviStar, Claro y Personal.

“Estos actores (cooperativas y pymes) ya presentes en el mercado no tenían la envergadura técnica y económica por si solas como para participar en el mercado de celulares. De esta forma –en conjunto con la empresa estatal.- podrán ocupar ese espacio y desconcentrar el mercado”, afirmaron desde esta asociación.

A su vez, consideraron que “es de preveer que la intervención de una empresa estatal impedirá en gran medida la actuación cartelizada del resto del mercado”. Y es que en muchas ocasiones las tres empresas actúan de conjunto para fijar el precio, en donde a su vez los usuarios no tienen una vía por la cual influir en el mismo.

Por último, también hay expectativas por las novedades que Arsat podría traer en materia de precios y calidad en el servicio, que hoy en día es muy deficiente. Basta mirar que a pesar de contar con portabilidad numérica, la mayor parte de los usuarios decidieron permanecer en su empresa porque saben que las demás alternativas no son una solución.

Desafíos

Según Carrier, al tratarse de un mercado ya consolidado el precio es una de las variables clave por la que el estado podrá competir. Todo el mercado que pueda obtener, será a costa de lo que pierdan las otras.

Este especialista puntualizó que las alternativas del gobierno son dos: alquilar la infraestructura de las demás compañías y a partir de ahí dar el servicio, algo que finalmente “no incidiría” en el sector, o montar la propia estructura, algo que llevaría un mínimo de 2 años y unos 1.000 millones de dólares de piso como inversión. Una vez concluida, podría brindar un servicio propio o también arrendar a las otras operadoras.

Para colmo, al tratarse de un producto que depende fuertemente de la incorporación de tecnología, el nivel de inversión (una vez que la compañía ya esté operando) tendría que estar entre un 15 y un 20 por ciento de los ingresos brutos, según calculan especialistas.

Por último, deberá instalar alrededor de 6.000 antenas, las cuales deberán ser negociadas en cada municipio en donde se quieran instalar, complicando todavía más el proceso.

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