José Mujica hizo saber que no pagará un centavo por las demandas judiciales que la empresa holandesa Boskalis realice por la decisión del gobierno argentino de excluirla de la licitación por el dragado del canal Martín García, tras las sospechas de que ofreció una coima para quedarse con el trabajo.
A través de una breve carta dirigida Héctor Timerman, el canciller Luis Almagro le manifestó su desagrado por la decisión de Argentina comunicada el viernes de desechar a Boskalis.
La firma de capitales holandeses tiene negocios en todo el mundo y una facturación anual de 2800 millones de euros. Desde 1997 cuenta con la concesión para mantener el canal, por lo que difícilmente no cumpla con los requisitos para presentarse a la licitación.
“Corresponde advertir que los efectos económicos y jurídicos de las medidas unilateralmente tomadas, serán de exclusiva responsabilidad de su parte", le advirtió Almagro a Timerman.
La correspondencia del canciller argentina fue la intempestiva reacción de Cristina Kirchner al escándalo desatado en Uruguay por las presuntas coimas que la empresa habría ofrecido a través del funcionario de la Cancillería argentina Roberto García Moritán.
La versión difundida por la oposición uruguaya indicaba que en 2010 García Moritán y el empresario Sergio Cetera, responsable comercial de Boskalis, habría intentado ofrecerle al ex embajador uruguayo en Buenos Aires Francisco Bustillo US$ 1 millón para aceitar el acuerdo.
Un informe del Tribunal de Cuentas de Uruguay mencionó que había irregularidades en la licitación y recomendó analizar si corresponde una denuncia penal. En la Argentina, el juez Claudio Bonadio investiga el supuesto ofrecimiento de coima.
Por si faltaba algo, Mujica dijo el jueves que se traga “sapos y culebras” para mantener su relación con Argentina, en alusión a la imposibilidad de hacer algo ante las sospechas.
Lo cierto es que la empresa no se quedará quieta ante la decisión argentina de sacarla del medio.
"Negamos enfáticamente que haya existido cualquier intento de soborno. No es política de la empresa tener estas prácticas. Nos atenemos a la información oficial difundida por Uruguay, que negó que hubiera existido tal intento de soborno", dijo al diario La Nación Máximo Fonrouge, representante legal de Boskalis en la Argentina.
El abogado reconoció que los ejecutivos comerciales de la empresa se reunieron con funcionarios uruguayos y argentinos para interesarlos en los servicios de su firma. "La empresa se reunió con el canciller Luis Almagro, con funcionarios de ambos países, pero todos los planteos se hicieron a la luz del sol", aseguró Fonrouge.
Timerman lo lamenta
Ante la respuesta de Almagro la cancillería emitió otro comunciado, en este caso para lamentar "que la República de Uruguay no acompañe a la Argentina en dicha decisión y por el contrario avale la continuidad de Riovía anunciando que su exclusión generará supuestas acciones legales de la empresa señalada".
El gobierno ratificó además su "posición respecto de excluir a Riovía por las razones expuestas públicamente el viernes".
Y, consideró "importante que Uruguay revea su decisión o que haga públicas las razones por las cuales considera que dicha empresa no debe ser apartada de los futuros trabajos en el Canal Martín García de acuerdo a lo solicitado por nuestro país".
"Somos conscientes de la importancia estratégica para ambos países de mantener y profundizar el Canal Martín García y reafirmamos nuestra decisión de avanzar en dichas tareas una vez que la Cancillería uruguaya haya aclarado las \'dudas\' expresadas en el informe de su Tribunal de Cuentas tal como hemos indicado el día jueves", acotó el Ministerio de Relaciones Exteriores del kirchnerismo.
Ayer, la Cancillería dispuso excluir a la cuestionada empresa Boskalis-Riovía de "toda nueva participación" en la continuación de las obras en el canal binacional Martín García.
