Desde que estatizaron las AFJP, uno de los debates centrales fue el uso discrecional de esos fondos por parte del gobierno para políticas de lo más variadas.

El dinero de la Anses y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) permitieron implementar la Asignación Universal por Hijo, la distribución de netbooks para alumnos de escuelas públicas y el flamante plan de viviendas ProCreAr. Además, pasó a formar parte de los “recursos extraordinarios” que permiten cubrir las cuentas fiscales. Sin ir más lejos, de ahí salieron la semana pasada 600 millones para que que el gobernador Daniel Scioli pueda pagar el aguinaldo a los estatales de la Provincia de Buenos Aires.

El gobierno caracteriza estas medidas como “contracíclicas” porque se lanzan en momentos de crisis con el objetivo de ayudar a repuntar a la economía.

Mientras tanto, las demandas de los jubilados por la actualización de sus haberes se siguen acumulando y actualmente ya son más de 460 mil. A junio de 2011 el gobierno venía pagando unas 20 mil sentencias por año y según estimaciones publicadas en el diario Clarín tardaría 17 años en pagarlas todas. Una cifra descomunal si se tiene en cuenta que cada sentencia suelen estar por arriba de los 100 mil pesos.

"El sistema es solidario... Es mezquino decir que los fondos deben ser para una sola persona. Más cuando ese sistema privado (de las AFJP) no funcionó... No hay autoridad moral y además es mentira", vociferó con su tono habitual el viceministro de Economía Axel Kicillof la semana pasada, cuando fue el primer sorteo de viviendas para el plan oficial. “Es privatista, noventista y reaccionario", agregó.

Los economistas consultados por LPO no dudaron en cruzar al funcionario. Santiago Urbiztondo de Fiel señaló que “no es lo correcto usar esos fondos para dar préstamos, porque no es el uso original”. “Más allá de que sirva pueda servir para reactivar la economía, no puede ser ese el criterio para decidir usarlo en jubilaciones o planes de vivienda”, aseguró.

El criterio es compartido por el economista Jorge Todesca, de Finsoport. “El uso de esos fondos no puede pensarse arbitrariamente”, comentó a este portal. “No se si reactiva o no la economía, ese no puede ser el motivo para decidir su destino”, subrayó.

Por su parte Ernestro Kritz, director de SEL consultores, coincide en el criterio remarcado por Kicillof. “Concuerdo en que no debe gastarse solamente en los jubilados, porque efectivamente pueden usarse para otros fines”, concede al viceministro de Economía. Pero el problema está en cómo se implementa. “En este caso se termina desfinanciando, porque la tasa máxima a la que se darán los préstamos está por debajo de la inflación”, indicó. Además, descarta que el flamante plan "tenga un efecto significativo".

Las críticas de Todesca van en el mismo sentido. Para el economista de la UBA el impacto en la construcción será mucho menor como para compensar los efectos negativos que ya se sienten por el cepo al dólar. Es que con las restricciones para comprar divisas "la caída es mucho mayor y más rápida", acota.

Y luego advierte que “para que esos fondos deben invertirse en proyectos que combinen la mejor rentabilidad, liquidez y seguridad, y este no es el caso”.

“La reactivación económica no se conecta con este fondo, el primer uso debe ser el pago de las deudas pendientes de las sentencias”, recalcó. “Tienen que usarse para lo que están, no para que lo decida el funcionario de turno según le parezca”, reforzó.

De todas formas, Kritz no cree el gobierno pueda hacer mucho más con los fondos de la Anses y el FGS. “Al gobierno le encantaría aumentar las jubilaciones, pero no tiene plata con la que hacerlo”, explicó. Por eso lanza medidas como esta, cuyo costo está en torno a los 20 mil millones de pesos, y no un aumento en jubilaciones, que para que sea significativo se llevaría unos 100 mil millones. Una suma con la que el sistema previsional no cuenta.

“La mayor parte está puesta en títulos públicos que no son atractivos para los inversores, el gobierno no tiene margen para dónde sacar el dinero”, puntualizó.

Urbiztondo también coincide en que un aumento en las jubilaciones parece inviable, principalmente porque el gobierno nunca presentó un plan actuarial de largo plazo, con lo cual la sustentabilidad a futuro del sistema previsional aparece más que dudosa.