Las realidades de los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Córdoba, José Manuel De la Sota, tienen varias coincidencias: ambos aspiran a suceder a Cristina Kirchner en 2015, expresan al denominado peronismo "tradicional" y por sus ambiciones presidenciales sufren la embestida de la Casa Rosada.

En los últimos meses, según pudo averiguar La Política Online, hubo varios reuniones encabezadas por Horacio Miró -uno de los principales operadores políticos del "Gallego"- y Alberto Pérez, jefe de Gabinete bonaerense. En los últimos meses se construyó un diálogo fluido entre ambas gestiones, que sufren problemas financieros similares y, sobre todo, el retaceo de fondos del Gobierno Nacional.

En medio de estas conversaciones, avanzaron con la idea de lanzar una cuasimoneda común, que funcionaría en ambas provincias -las dos más grandes de la Argentina-, lo que les permitiría desprenderse, al menos momentáneamente, de su depedencia de la administración de Cristina Kirchner.

Por el momento, el proyecto quedó en carpeta. Es que ambos equipos económicos buscan soluciones por otras vías, que representen un menor costo político que la emisión de cuasimoneda. De hecho, la ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, y el propio Daniel Scioli descartaron en los últimos días esta posibilidad. También De la Sota la rechazó públicamente.

"Cuando no tenés recursos propios -o tranferencia desde Nación- para abonar tus gastos corrientes, primero podés buscar financiamiento externo o interno, luego recortar tu gasto y recién en última instancia emitir cuasimoneda, que es una medida muy poco feliz. A la provincia de Buenos Aires ya se le cerró el financiamiento, y está en la etapa de revisar el gasto. No creo que todavía sea momento de emitir cuasimoneda", opinó el economista Ricardo Delgado, en diálogo con LPO.

Delgado consideró que "en términos técnicos y económicos no sería conveniente emitir una cuasimoneda común de varias provincias, porque así perdés la potestad sobre ese papel, que en algún momento deberá se canjeado por dinero". Según el economista, la única explicación de este proyecto "sería la de dar un mensaje político de autonomía". De hecho, el antencedente del 2001 muestra que cada provincia tenía su propios papeles.

Lo cierto es que en los últimos meses quedó en evidencia el recorte en el envío de fondos desde la Nación a las provincia con dirigentes que no estén alineados con la Casa Rosada. De la Sota reclama desde que asumió los 1.100 millones de pesos que la Nación todavía no le pagó a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, correspondientes a 2011. Pero si se contabiliza el dinero que tampoco se giró para obras que tenían financiamiento del Gobierno Nacional, la suma supera los 2.000 millones.

"Necesitamos que el Gobierno nacional nos devuelva lo que es de los jubilados, buscamos que nos devuelvan lo que es nuestro. Ojalá que por el diálogo lo podamos conseguir. Si no es por el diálogo, mi obligación constitucional es iniciar una acción ante la Corte. No tienen por qué enojarse", amenazó hace algunas semanas el gobernador cordobés.

"El Gallego" ya se reunió con varios funcionarios kirchneristas: escucharon sus reclamos el titular de la ANSES, Diego Bossio; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa; y el ministro de Economía, Hernán Lorenizno. La respuesta fue la misma: la decisión es de Cristina Kirchner. Y los fondos no aparecen.

En este momento, José Manuel De la Sota está en los Estados Unidos, también buscando fondos para su provincia. Ayer, su gestión anunció que colocará en el mercado nacional al menos 50 millones de dólares, aunque esperan llegar a los 250 millones. Lo harán a través de un fideicomiso con Deutsche Bank, con vencimiento a un año.

La situación en la Provincia de Buenos Aires es aún más elocuente: luego de que Scioli blanqueara su aspiración presidencial, Cristina transfirió sólo 1.000 de los 2.800 millones de pesos que solicitó el gobierno provincial para poder abonar en tiempo y forma los aguinaldos de los empleados públicos.