La diputada kirchnerista Diana Conti presentó ayer un proyecto de ley para que los depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de la Capital Federal dejen de realizarse en el Banco Ciudad y pasen al Banco Nación. Con esta jugada el oficialismo quiere trasladar bajo su órbita los 7.500 millones de pesos que ya se encuentran en el Ciudad bajo este concepto, aproximadamente el 30% del total de recursos que opera.

La Justicia sería una de las primeras afectadas por la propuesta. Es que durante el menemismo y después de reclamar durante años, finalmente el Estado resolvió abonarle un porcentaje como retribución a esos depósitos, algo que el Banco Nación nunca cumplió pero que sí hizo el Banco Ciudad con el gobierno de Macri, saldando diez años de deudas. Actualmente los 120 millones de pesos que la entidad le gira al Judicial todos los años representan una importante fuente de oxígeno para el Poder. Que se suman a los $300 millones anuales en impuestos que el Ciudad le gira a la AFIP.

La pelea por estos fondos está generando malestar en la Justicia. Sobre todo porque era una transferencia que iba directamente del Banco la Corte Suprema, sin pasar por ningún otro organismo del gobierno. En el máximo tribunal saben que si estos depósitos pasan al Banco Nación deberán olvidarse de esa cifra, ya que el Nación nunca regularizó su deuda con la Justicia y no le paga nisiquiera lo que corresponde por las tasas de la justicia civil que ahora administra.

El impacto económico

Los depósitos judiciales implicaban un crecimiento de 300 a 500 millones de pesos en las arcas del banco porteño, que en total suma 22.800 millones de pesos en depósitos, compuestos en su mayor parte por los del derecho comercial y laboral, y en menor medida el penal.

Las tasas recibidas por la Justicia son siempre menores a un dígito y tienden a oscilar de acuerdo a los vaivenes de la economía local. Aunque en muchos casos el depósito de los fueros se licita y el Ciudad puede no ser el elegido si no es la mejor oferta.

El problema es que esos depósitos no se encuentran físicamente, sino que muchos fueron prestados o se usaron para comprar bonos. Por ejemplo, hay unos $3.000 millones puestos en Títulos Públicos. Por eso si se aprueba la medida requeriría de una ingeniería sumamente delicada durante un año minimo, siempre y cuando sea mediante un calibrado trabajo entre el Banco Ciudad, el Nación y el BCRA.

A primera vista, la medida parece ser un capítulo más en el ataque del kirchnerismo hacia el gobierno de Macri, ahora en una fuerte disputa por el traspaso de los subtes y colectivos. Sin embargo, a partir de las nuevas reglamentaciones del Banco Central aprobadas el año pasado, los gobiernos ya no pueden seguir pidiendo préstamos a sus propios bancos. Tampoco se permite el giro de utilidades, obligando a las entidades a capitalizar sus ganancias.

Puestos de trabajo en riesgo

En ese sentido, desde el Ciudad aseguran que a las finanzas del gobierno porteño no las afecta en lo más mínimo. Y si bien fuentes del banco aseguraron que la entidad “va a sobrevivir”, sostienen que se trata de “un golpe muy duro”, ya que restringirá enormemente sus atractivas líneas de crédito.

“El Banco Ciudad es el único que brinda créditos a largo plazo, de tasa fija a veinte años”, afirman. Además de los hipotecarios, tiene líneas destinadas a personas de bajos recursos, PyMEs y exportadores. Con esta medida, los créditos a 20 años desaparecerían, el banco se haría más chico y se reducirían las suculentas ganancias obtenidas en los últimos años, que fueron de más de 800 millones tanto en 2010 como en el 2011.

Las fuentes explicaron que al conocer el proyecto, automáticamente se frenaron 750 carpetas que estaban en proceso de análisis. Por otro lado, unas 17 personas que habían sido contratadas para un call center fueron suspendidas. Y los 130 empleados destinados a la operación de los fondos en disputa perderían sus puestos de trabajo.

Por eso La Bancaria está en contra del proyecto. Los gremialistas sostienen que siempre que el Banco Nación absorbió a alguna otra entidad se perdieron empleos en el camino. El proyecto también es rechazado por la CTA y los diputados del FAP porque consideran que se trata de un banco público y debe mantenerse como tal, con la política que viene llevando hasta el momento.

Desde el Ciudad indicaron a LPO que el 26% de sus activos están destinados al crédito, un porcentaje que supera ampliamente a cualquier otro banco que opera en el país, que por lo general rondan el 10%.

Las citadas fuentes subrayaron que se encuentran en segundo puesto a nivel nacional, después del Nación, cuya estructura es de una magnitud mucho mayor.

En ese sentido, el Banco Nación mantiene depósitos por 120.000 millones de pesos, por lo que la absorción de los 7.500 millones de los fueros judiciales no aporta demasiado a una situación que ya muestra sobreliquidez. Tampoco hay perspectivas de que el gobierno inicie una política agresiva de créditos masivos.

Sin embargo, repercute con fuerza en el Banco porteño y su política de crédito barato. Por eso lo que se desprende del proyecto es sólo un intento por dañar la imagen del gobierno macrista.

La propuesta de Conti, que se tratará en sesión la semana próxima, contó con la suscripción de sus compañeros bonaerenses de bancada Carlos Kunkel, Jorge Landau, Oscar Albrieu y Luis Cigogna. Lo llamativo fue que faltaron las firmas de Feletti y Heller, dos especialistas muy formados en temas bancarios, el primero por haber sido presidente del Banco Central años atrás por un período considerable, y el segundo por ser el presidente de Credicoop.