En los principales despachos de la torre que el tucumano César Pelli construyó para YPF en Puerto Madero circula una incógnita: ¿A dónde apunta la embestida del gobierno? Es que nadie cree en la compañía argentino-española, que el despliegue de iniciativas y cuestionamientos termina en la nada. “Esta escalada en algún lugar va a desembocar”, sintetizan.
Las opciones giraron desde una inicial nacionalización de la petrolera, a la reversión de áreas no exploradas para entregarselas a Pdvsa y otros aliados –el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, insinuó esa posibilidad con tres áreas del Golfo San Jorge- hasta la más reciente idea de una intervención judicial. Esta última iniciativa tiene la ventaja que no obliga al gobierno a realizar un fuerte desembolso como en el caso de una estatización, pero le entrega el control de las decisiones importantes –inversiones, remisión de utilizades- así como el manejo del flujo de fondos de la compañía.
Incluso se habla de un eventual anuncio de Cristina Kirchner el próximo jueves, al inaugurar un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, ante la Asamblea Legislativa. Hipótesis que estima que la sucesión de denuncias que el kirchnerismo está acumulando contra la petrolera, apunta a construir un “Caso YPF” que permita solicitar su intervención judicial.
Sin embargo, fuentes de alto nivel del mercado petrolero consultadas por LPO –que no pertenecen a YPF- explicaro que ese curso de acción enfrenta serios inconvenientes legales. Es que la situación de YPF difiere sensiblemente de los casos de TGN y Metrogas, dos compañías del sector energético que fueron intervenidas por el Gobierno tras declararse en cesación de pagos. Tanto TGN como Metrogas son empresas que prestadoras de servicios públicos: distribución y transporte de gas, respectivamente.
YPF, en cambio, es una compañía privada que se dedica a la explotación y refinación de petróleo y gas. Su actividad se rige por normas distintas que las de Metrogas y TGN. El presidente de una petrolera –que no es YPF- en diálogo con LPO, desarrolló el argumento: “Si existe una desinversión en las áreas de exploración y producción de hidrocarburos, son las provincias, las dueñas de los recursos, quienes deben iniciar un proceso de reversión de los bloques. La figura de una intervención no calza, a priori, para una concesionaria de yacimientos petroleros”, señaló. “Será difícil que la Justicia mantenga en pie la medida si el Gobierno sigue ese camino”, advirtió.
Sumar fuerzas
Como sea, en un marco de extrema tensión política, YPF intenta definir cómo reorganizará su negocio en Neuquén, donde debe colocar ingentes inversiones para desarrollar los recursos de los yacimientos no convencionales descubiertos en el último año y medio, que en su momento fueron anunciados por la propia Presidenta en la sede de YPF en Puerto Madero, en un acto en el que colmó de elogios a la compañía.
Fuentes cercanas al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, adelantaron a LPO que YPF podría asociarse con alguna empresa multinacional de gran porte para financiar y conseguir la tecnología necesaria para poner en producción los enormes reservorios de shale gas entrampados en la formación Vaca Muerta de la Cuenca Neuquina, el principal polo gasífero del país, ya que aporta un 51% del fluido que se consume en el mercado interno.
Por eso, en Neuquén esperan que antes de mitad de año YPF presente un plan de inversión para poner en explotación comercial los campos. La alternativa que baraja la petrolera –según confiaron a la administración neuquina- consiste en lograr asociaciones con petroleras internacionales para lograr el financiamiento y la tecnología necesaria para extraer el gas y el petróleo de Vaca Muerta.
Se trata de un megayacimiento de shale gas con recursos por 764 trillones de pies cúbicos (TCF’s) de gas natural, el tercer mayor depósito del planeta detrás de China y EE.UU.
“Hay cinco o seis multinacionales que están interesadas en asociarse con YPF para operar en Neuquén, provenientes tanto de Norteamérica, como de Europa y Asia”, explicó a LPO un importante funcionario de Neuquén. El funcionario reconoció que “el saco le quedó grande” a YPF para enfrentar en soledad la inversión necesiaria para explotar los campos de shale gas.
“En todos los yacimientos no convencionales de la Cuenca se precisan inversiones por alrededor de US$ 20.000 millones durante los próximos cinco años. YPF controla más de la mitad de los yacimientos”, explicaron allegados a Sapag.
Por eso, se habla de una asociación con una petrolera de gran calibre para repartir el costo de desarrollar los reservorios. Incluso la anglo-holandesa Shell, que a fines de 2011 desembarcó en Neuquén para producir shale oil y shale gas en dos áreas que le compró a Medanito, mantuvo conversaciones con YPF para firmar una UTE en alguno de sus yacimientos, según pudo saber LPO. Pero finalmente, las negociaciones se estancaron porque YPF no quiso ceder la operación –otorga la capacidad para fijar el plan de trabajo en cada concesión- de ningún bloque petrolero.
