La Alameda, la misma ONG que vinculó a Eugenio Zaffaroni con 6 prostíbulos de la Capital Federal, denunció este miércoles que una red de proxenetas "financió la campaña de Mauricio Macri" para su reelección. La denuncia fue publicada sorpresivamente por el diario El Mundo, el segundo más grande de España.

La denuncia penal fue hecha por Lorena Cristina Martins contra su padre, Raúl Luis Martins Coggiola, un supuesto proxeneta que tendría vínculos con el juez federal Norberto Oyarbide -que investiga a Macri en la causa de las escuchas- y que en el pasado fue agente de la Side.

"Macri se reúne con Martins y (su mujer Estela) Percival en el mismo local que éstos tienen en México y en donde se ejerce la trata de personas y promoción de la prostitución", sostiene la denunciante según El Mundo, quien precisó que el político "los contacta con su mano derecha, Raúl Oscar Ríos (ex presidente de la Agencia Gubernamental de Control), y éste cuando renuncia a su cargo les presenta al municipal José Alonso".

Ambos funcionarios municipales, Ríos y Alonso, según Lorena Martins, habrían cobrado supuestamente los aportes de Martins a la campaña electoral de Macri en la sede que "PRO tiene en la comuna 7, en el barrio de Flores". Ríos, como Conde integró la gestión macrista en Boca.

"Según consta en intercambio de mails entre Martins y sus secuaces", según su hija "habría colaborado en la última campaña política" de Macri "que lo llevara a renovar su mandato como Jefe de Gobierno Porteño" para que "los prostíbulos puedan seguir funcionando y consigan sus habilitaciones sin respetar las más mínimas medidas de seguridad".

Esos prostíbulos serían cinco: Top Secret (Artigas 1438), Hot Area (Juan B. Justo 5302) , Anchorena (Anchorena 1119) , Oba-Oba (Av,Rivadavia 3434) y Brut (Vicente Lopez 2257). Y pertenecerían a Gabriel Conde, un supuesto socio de Martins.

Como prueba, en el blog se publicó una foto de Macri y su esposa, Juliana Awada, en la cual "aparecen dentro de un cabaret de Martins en México, más precisamente en Cancún en el prostíbulo Mix".

"El hombre sentado a la derecha del jefe de Gobierno es nada menos que Gabriel Conde, procesado y prófugo de la justicia por regentear a fines de la década del \'90 el prostíbulo "Shampoo" donde explotaban mujeres traficadas de Brasil y República Dominicana", añadió la ONG. Conde es hijo de Luis Conde, quien fundó "Shampoo" y fue vicepresidente de Boca en la gestión del propio Macri. En la foto también aparece Susana Milano, una representante argentina de marcas de perfumes de habitual diálogo con las revistas.

Desde el macrismo aclararon que Macri "por supuesto que conoce a Conde", pero subrayaron que hasta allí la verosimilitud e la denucnia que atribuyeron a una pelea de la hija de Martins con su padre por dinero, como queda claro en la misma demanda en la que la hija explica que decidió querellar a su padre cuando este dejó a su madre y puso a nombres de terceros sus bienas, desapoderándola a ella y a su madre.

Las fuentes macristas también se preguntaron "quien iría a un prostíbulo con su esposa" para contextualizar los supuestos puntos flacos de la querella.

Por otra parte, la ONG afirmó que "llama poderosamente la atención que la causa quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien es íntimo de Raúl Martins en los negocios de proxenetismo y trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires". De hecho, los denunciantes adjuntan una foto en la que se ve al juez en un festejo junto a Martins.

La réplica del macrismo

El gobierno porteño demoró varias horas en salir a dar una respuesta, que llegó oficialmente a la noche, a través de un comunicado que firmó la Agencia Gubernamental de Control.

“A Martins no lo vio en su vida, no sabe ni quién es”, advirtieron antes de esa hora en off en el macrismo y reiteraron que a Gabriel Conde lo conoce a través de su padre, Luis Conde, que fue dirigente de Boca durante el mandato de Macri en la institución de La Ribera.

Finalmente, cerca de las 22, el gobierno porteño emitió el comunicado en el que la Agencia de Control se cuida de subrayar que dificilmente pudo ser parte de un acuerdo para no controlar los prstíbulos atribuídos a Martins.

“La Agencia Gubernamental de control informa que los 5 locales que fueron denunciados recientemente como exentos de inspección por parte del Gobierno de la Ciudad fueron fiscalizados en19 oportunidades en el último año. Un promedio de 4 veces cada local”, subraya el texto.

“Los locales mencionados Top Secret (Artigas 1438), Hot Area (Juan B. Justo 5302) , Anchorena (Anchorena 1119) , Oba-Oba (Av,Rivadavia 3434) y Brut (Vicente Lopez 2257) se encuentran habilitados bajo los rubros de café bar y/o restaurante cantina”, se explica en la misiva.

“En los lugares mencionados se labraron actas por infracciones tales como: ausencia de certificado de fumigación, cables expuestos, faltas de higiene en baños, otras”, señala el comunicado y agrega que “es muy importante que ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires y los vecinos conozcan que el cierre definitivo del local no es competencia del AGC sino de la Justicia”.