Cristina Kirchner decidió que el ciclo de Hugo Moyano al frente de la CGT está terminado. El reemplazo del titular de la central obrera más importante del país es una operación política de primera magnitud que sólo el peronismo está en condiciones de realizar. Lo que no quiere decir que tenga garantizado el éxito.

Porque guste o no, para elegir a su secretario General los sindicalistas votan a través de sus delegados a la CGT. La opinión del gobierno pesa, pero el juego interno de ese caleidoscopio que es el sindicalismo peronista -que se arma y desarma de manera fractal- es en definitiva el que termina de darle forma a los cambios en la cúpula de la central obrera.

Esto significa que acaso sea aventurado dar por resuelta la salida del camionero del edificio de Azopardo. Y si esto no sucede, sería un golpe formidable a la autoridad política de la Presidenta.

Pero ese no es el problema más serio que enfrenta el Gobierno, a la hora de analizar su relación con el sindicalismo. La decisión de provocar una renovación en la CGT es válida y como toda pelea política real, de final incierto. Lo grave en todo caso es que no se entiende cual es el modelo que se busca detrás de ese cambio, ni las razones profundas que lo motivan.

Dicho de otra manera: ¿La idea del kirchnerismo es que salga Moyano para que entre Oscar Martínez, Antonio Caló, Andrés Rodríguez u algún otro representante de una alianza entre los “independientes” y los “gordos”? ¿Puede considerarse ese desplazamiento una “renovación”?

No se entiende cual es el beneficio de enajenar la voluntad del camionero, que a través de su confederación del transporte (CATT) maneja la logística del país, para caer en manos de líderes sindicales que ni siquiera arrastran el glamour –visto desde la óptica kirchnerista- de haber enfrentado al neoliberalismo de los noventa. Salvo que lo que se busque es precisamente eso, una conducción sindical que ya vivió –y sobrevivió- la desagradable faena de respaldar políticas de ajuste.

Si ese fuera el caso, habría una explicación detrás de los movimientos contra Moyano y los reiterados discursos de la Presidenta condenando la “irracionalidad” de los sindicatos que reclaman.

Una Presidenta sin fusibles

Si lo que se busca es una conducción sindical menos combativa para poder instrumentar sin mayores problemas el sinceramiento de algunas variables económicas, esto exige para una fuerza como el kirchnerismo que se plantea de centroizquierda, un giro discursivo muy bien calibrado que justifique el viraje y evite la decepción de los propios seguidores. Y aún más delicado, exige una operatoria política que preserve a la Presidenta de las esquirlas del movimiento.

Y sin embargo, se observa lo opuesto. Una Presidenta que tiene que ponerle el cuerpo a la pelea, frente a la torpeza de funcionarios como Mariano Recalde que manejan la relaciones siempre tensas, siempre volátiles -como son las que median entre gobiernos y gremios-, como un piromaniaco en un pastizal reseco.

Donde se requiere sutileza hay brocha gorda, cuando se exigen paños fríos, se apela al lanzallamas. El resultado es previsible: la Presidenta forzada a jugar todo su capital político para respaldar a un funcionario que debería ser su paragolpes. El mundo del revés, la Presidenta incinera capital político para preservar a sus colaboradores.

¿Cuantos discursos más puede dar Cristina respaldando a Recalde como hizo en el reciclado hangar de Austral, sin que empiece a socavarse su propia autoridad?

Pero bien mirado lo que ocurre es la consecuencia de una manera de entender al poder. Si la decisión sólo radica en el despacho presidencial, si los votos sólo pertenecen a su actual ocupante, es lógico que las peleas y los costos sólo recaigan sobre el cuerpo de la Presidenta.

Lo nuevo es que el contexto es otro. O sea, que todo es nuevo. Cristina deberá administrar en el 2012 una economía en proceso de ajuste, donde la norma serán las malas noticias, no las celebraciones de estos ocho años de expansión. Y en este caso asumir el protagonismo de todas las fotos ya no es saludable.

Una política de ajuste requiere fusibles para preservar la autoridad presidencial, ya no se trata de anunciar récords de superávit y reservas, crecimiento del PBI y descenso del desempleo.

Moyano sí tiene un plan

En los últimos dos años el kirchnerismo fue y vino por el mundo sindical y el balance es por lo menos confuso. Intentó desalojar a Víctor de Gennaro de la CTA y fracasó. Se tuvo que conformar con el premio consuelo de haber partido a esa central, al costo de perder de manera definitiva la simpatía de acaso la única experiencia de renovación real que mostró el sindicalismo en las últimas décadas.

Hoy, De Gennaro es diputado electo de Binner y mantuvo a través de Michelli al menos la mitad de la CTA. No tendrá una gran representación en términos de gremios, pero conserva un lugar ideológico clave para plantarse frente a la nueva etapa. El Gobierno le hizo el favor de facilitarle su tránsito a la franca oposición.

Algo similar está pasando con Moyano que no casualmente deja correr los rumores de una resurrección del MTA. Si vuelven las políticas de ajuste de los 90 es lógico que regrese su contracara sindical. Está claro el negocio político del camionero, que durante largos 8 años acrecentó poder y fortuna con los Kirchner. Lo que no se entiende es porqué el gobierno se lo hace tan fácil. Como hizo con De Gennaro, en vez de abrazarlo, lo empuja.

Por eso, tampoco es casual que Moyano haya retomado los contactos con dos viejos amigos, Luis Barrionuevo y Gerónimo “Momo” Venegas, íntimos enemigos del gobierno, que de persistir en la senda actual, acaso logre el milagro de unir lo impensado.

Los límites del método

El kirchnerismo construyó poder con un método eficaz. Buscó al poder preconstituido y eligió a uno de sus protagonistas para demolerlo, como símbolo ejemplificador. En un reino donde impera la prudencia –o la cobardía-, el efecto fue inmediato: rápida conversión y alineamiento del resto. Así funcionó en la mayoría de los casos entre los empresarios y los políticos.

No parece ser el caso del mundo sindical. Por varias razones. Es evidente que entre los gremialistas existe todavía una solidaridad de clase, que en última instancia suele activarse más allá de diferencias políticas, como se vio en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra.

Pero además, los sindicalistas son inmunes a dos de los látigos preferidos del kirchnerismo: la subordinación económica y la demonización social. Hace rato se han resignado a su pésima imagen pública y cuentan con un circuito financiero propio y la comodidad de no necesitar someter sus liderazgos a votaciones generales, sino a simulacros bien maniatados.

Por supuesto que “la gente” se ubicará del lado de la Presidenta cuando proteste por la “tendinitis” de los trabajadores del subte o los paros encubiertos de Aerolíneas. Pero esto difícilmente evite nuevas medidas de fuerza si los intereses objetivos de los sindicalistas y sus trabajadores son afectados, como es posible que ocurra en la nueva etapa. Con un agravante: la campaña terminó, así que ¿para qué seguir exprimiendo esa naranja?

Siempre quedan las amenazas judiciales y económicas –la estatización de las obras sociales- para domesticar a la bestia. No es una novedad. Esa política la aplicó Menem, con relativo éxito. Pero claro, en aquel entonces campeaba el neoliberalismo y difícil que Cristina quiere repetir esa experiencia.