En una nueva jugada polémica por parte del gobierno, durante gran parte del día la AFIP trabó el ingreso a las importaciones. Pero luego el organismo presidido por Ricardo Echegaray tuvo que dar marcha atrás por las protestas que despachantes y empresarios realizaron en la sede central de la DGA.

La nueva disposición desconcertó a quienes esperaban la mercadería del extranjero, que en muchos casos ya habían realizado los pagos. Más allá de que luego fue levantada, la medida impidió que durante todo el día pudieran ingresar productos desde afuera del país

Es que quienes intentaban ingresar mercadería proveniente del exterior se encontraban con un cartel que aparecía en el sistema online en el que se pedían nuevos requisitos para poder realizar las operaciones. Las nuevas restricciones se cirnieron desprevenidamente sobre el Sistema de Información Maria.

Los nuevos controles consistieron en pedidos por parte del organismo fiscal de los documentos que garanticen la legalidad de los pagos realizados en importaciones. Sin embargo, en ningún momento los despachantes fueron comunicados sobre estos requerimientos, ni tampoco qué entidad oficial era la encargada de certificar los documentos.

“De repente mostraron un mensaje que decía que había que presentar por CIGEA la documentación bancaria involucrada en la importación” comentó a LPO una fuente del sector. “No aclaraban quién la tenía que certificar, si un banco, un escribano, o el barco importador” explicaron.

Pero además, la AFIP no comunicó en ningún momento cuál iba a ser el criterio para definir si una transacción podía realizarse o no. “Todavía no se sabe cuál es el lineamiento que van a utilizar si continúan con esta disposición” indicaron desde una empresa dedicada al transporte de contenedores a nivel internacional. A eso se le sumó la ausencia de comunicados por parte del organismo oficial. "Llamábamos y no atendían el teléfono" contaron las fuentes.

La medida tomó por sorpresa a todas las empresas de comercio exterior. En la mayor parte de los casos la ausencia de información dejó desconcertados a los operarios encargados de hacer los registros vía web, que carecían de instrucciones para solucionar los novedosos impedimentos orquestados por Echegaray.

“No hay una resolución que lo avale, no tiene ningún argumento legal” señaló un operador cuyos clientes se vieron perjudicados. Y si bien la medida tuvo que darse de baja, desde el sector ya se mentalizaron en que pueda implementarse en los próximos días, pero con mayor claridad acerca de los requisitos que pedirán desde el gobierno.