El macrismo presentó en la Legislatura un proyecto que tiene más de diez años de historia y que, de concretarse, se convertiría en el mayor emprendimiento inmobiliario de la historia reciente de la Ciudad de Buenos Aires, según lo califican sus detractores.

Se trata de la construcción del barrio residencial Solares de Santa María, que significa la urbanización de un predio de 70 hectáreas que está ubicado sobre la Costanera Sur, en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.

La iniciativa, que fracasó el año pasado, ingresó nuevamente a la Legislatura el pasado 18 de agosto como parte de un convenio entre el Ejecutivo porteño y la firma IRSA, que además de ser propietaria de los terrenos en cuestión, es la desarrolladora de centros comerciales como Dot Baires y el Shopping del Abasto.

Fuentes de IRSA anticiparon a La Política Online que la inversión estimada total sería de unos 900 millones de dólares “considerando el desarrollo máximo de superficie a construir” y en infraestructuras viales y de servicios se invertirán aproximadamente 140 millones de dólares.

La intención es propiciar de aquí a 15 ó 20 años un ambiente residencial para sectores de clase media, media-alta y alta, con oficinas, condominios, parques y escuelas. “Como en cualquier comuna”, afirman desde IRSA.

Desde la firma sostienen que la propuesta edilicia contempla dos grandes sectores: un área de alta densidad, con parcelas que permiten la construcción de edificios y áreas destinadas a la construcción de condominios, de mediana densidad.

Cuando el barrio se encuentre en pleno funcionamiento, se prevé una población de más de 15.000 residentes y un ingreso o afluencia de no residentes que acudan por motivos de trabajo o visita de más de 12.000 personas.

Por otra parte, el proyecto contempla la cesión gratuita a la Ciudad de 273.255,63 m2, lo que representa el 40.37 por ciento de la superficie total del predio. Esta es la diferencia más visible con respecto al proyecto que perdió estado parlamentario el año pasado.

“Los terrenos se conservarán dentro del dominio público de la Ciudad para destinarlos al uso público para la apertura de calles y avenidas, canales de agua, parques, plazas, plazoletas, boulevard y paseos peatonales que se vincularán con la trama vial existente, generando nuevas calles, equipamiento e infraestructura urbana que se integrarán completamente a la Ciudad con libre tránsito”, informaron desde la empresa.

Las críticas

El proyecto sigue siendo resistido por sectores de la oposición, que acusan a Macri de promover la construcción de un “barrio para la especulación y el negocio”.

Las críticas más duras provinieron de parte del legislador de Proyecto Sur, Adrián Camps, que señaló que el proyecto “representa el mayor despojo de tierras en perjuicio de la Ciudad”.

El principal cuestionamiento de Camps, más allá de los pormenores del barrio Santa María, es el método de “presión” hacia los legisladores que estipula el convenio. Según el diputado, el proyecto, si bien deberá ser de doble lectura con audiencia pública, “no permite que se le cambie una coma”.

“Para eso vayámonos todos a casa y que nos manden el sueldo por carta”, rezongó Camps, que agregó que el convenio (ver aparte) estipula que si el proyecto no es aprobado antes del 10 de diciembre, quedará sin efecto.

“No somos una plutocracia donde manda el poder del dinero ni una monarquía representada por el Poder Ejecutivo”, indicó Camps y agregó que “parece razonable, que los diputados nos tomemos todo el tiempo necesario y modifiquemos todo lo que tengamos que modificar, y que los ciudadanos se expresen abiertamente en la audiencia pública; todo ello sin ningún tipo de presión".

Vecinos

Una de las trabas que siempre tuvo el proyecto fue la villa Rodrigo Bueno, que está ubicada en Costanera Sur.

“Es un vecino y creemos que va a continuar como vecino”, señalaron a LPO desde IRSA con respecto a la villa.

El legislador hace referencia a una de las cláusulas del convenio, que establece que “en caso de que finalizado el período legislativo ordinario del presente año no se hubiera sancionado la ley, o en caso que el Poder Ejecutivo no hubiera promulgado y publicado dentro de los plazos legales la ley, sancionada por la Legislatura aprobando el presente convenio y sus anexos, lo que incluye la aceptación de la cesión gratuita, el presente convenio quedará sin efecto ni valor legal alguno”.

Sin embargo, en la misma cláusula se estipula que la empresa “podrá prorrogar este plazo por un término adicional de hasta trescientos (300) días corridos, bastando para ello la sola notificación previa y fehaciente enviada al gobierno”.

Esto quiere decir que el proyecto podría mantener su estado parlamentario por casi un año, sea cual sea la postura que tomen los bloques. “Ya van a empezar a salir con las Banelco para generar consenso”, disparó otro legislador que se opone a la norma.