La organización no gubernamental La Alameda denunció a través de un comunicado que hay otro departamento alquilado por el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. utilizado como prostíbulo, con lo que ya suman seis los inmuebles del magistrado destinados a esta actividad.

El escándalo llegará la semana próxima al Congreso: la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, reconocida especialista en trata de personas, adelantó a LPO que este lunes reclamará  a la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja que "lo convoque a Zaffaroni y explique esta situación".

"Es el primer paso, luego podríamos pedir el juicio político. Creo que hay elementos para un juicio político", agregó la diputada. En su investigación detectó que "una de las personas que paga las expensas de uno de los prostíbulos tiene como domicilio la casa particular de Zaffaroni de Caballito".

Gil Lozano le apuntó además al procurador de la Nación, Esteban Righi, "porque en diciembre 2009 le presentamos junto a La Alameda una denuncia con direcciones de más de 600 prostíbulos y no hizo nada. Entres ellos, estaban los de Zaffaroni", subrayó.

“Ahora que trascendió el tema, los vecinos están empezando a hablar con nosotros y nos cuentan que fueron amenazados. Dicen que cuando denunciaban la presencia de los prostíbulos en las comisarías les decían que no se metan porque eran de Zaffaroni”, afirmó la diputada.

Y luego de afirmar que dificilmente el juez pudiera estar completamente ajeno al destino de seis de sus inmuebles, agregó un dato inquietante: "uno de los inquilinos que alquiló uno de los inmuebles que funcionan como prostíbulos, según consta en las expensas, tenía como domicilio legal la casa de Zaffaroni en Caballito".

El sexto prostíbulo

La nueva denuncia de La Alameda agrava más la situación del prestigioso jurista. En el comunicado, la ONG detalló que el sexto prostíbulo en un departamento de Zaffaroni está "en pleno barrio de Recoleta, sobre la avenida Santa Fe" y es un "un prostíbulo VIP".

"Según las expensas y los dichos de la propia administradora, Mariana Schammas, este inmueble es propiedad del juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, quien, además, lo declaró como propio en el año 2003 antes de asumir en el máximo tribunal del país", denunció la ONG dedicada a combatir el trabajo esclavo.

"Las tarifas para la explotación de mujeres son altísimas. La cantidad de chicas varía según los pedidos de los clientes/prostituyentes. No reparten volantes. Mediante llamados se hace el contacto con el prostíbulo", agregó.

En declaraciones radiales una vecina confesó que el prostíbulo existe hace cinco años y que las expensas “vienen a nombre del juez Zaffaroni, pero él nunca dio la cara, nunca apareció en las reuniones de consorcio".

"Puedo asegurar que seis son prostíbulos y que cinco no lo son. El resto no lo sé", afirmó ante radio 10 Gustavo Vera, titular de La Alameda, cuando se lo consultó sobre el destino de las 15 propiedades en Capital que declarzó Zaffaroni.

Gil Lozano sostuvo por su parte a LPO que el juez no puede desentenderse de l escándalo afirmado que cedió en terceros la administración de sus inmuebles. "Hay elementos que indican que Zaffaroni no podía no saber de estos prostíbulos. En un caso, cuando un cliente hizo destrozos en uno de los departamentos, apareció la secretaria del estudio de Zaffaroni y los pagó", relató.

“Lo que no acepto es que Zaffaroni se haga el gracioso con este tema y en vez de aclararlo diga cosas como que se ahorró el juicio de desalojo”, concluyó Gil Lozano.

La corporación judicial

El caso, descubierto por el diario Libre, curiosamente aún no escaló a la tapa de los principales diarios. Según explicaron a LPO fuentes de la Justicia: "La corporación judicial está funcionando a pleno y van a hacer todo para que el escándalo no crezca".

De hecho, operador de varios miembros del máximo tribunal estarían apelando a sus contactos en los medios para frenar la difusión del caso. Esto no significa, que internamente en la Corte no haya reproches contra Zaffaroni.

Por caso le cuestionan que no haya asumido una actitud más proactiva e indignada frente al escándalo y al menos denunnciado a quienes confió la administración de los inmuebles.